Exprimer ministro de Martín Vizcarra irá a juicio por corrupción: los detalles de la acusación contra César Villanueva

El Poder Judicial ordenó que César Villanueva, el primer presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, enfrente un juicio ante la Corte Suprema. Allí, el ex congresista y exgobernador de San Martín enfrentará una posible condena de 4 años y 8 meses de prisión por patrocinio ilegal y por tráfico de influencias, un delito de corrupción.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, emitió el auto de enjuiciamiento contra César Villanueva y otros cuatro acusados. Ese documento es el que ordena formalmente el juicio oral contra todos ellos.

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César Villanueva y sus coprocesados fueron acusados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal Alcides Chinchay. El expediente y el auto de enjuiciamiento fueron enviados a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para que esta programe una fecha para el inicio del juicio.

Los acusados del caso

Los hechos por los que el Ministerio Público acusa a César Villanueva se remontan a mediados del 2019. Por entonces, ya no era primer ministro, pero sí era congresista. Además, su nombre había comenzado a sonar dentro del caso Odebrecht tras la revelación de presuntos pagos relacionado a su gestión como presidente regional de San Martín (2007-2013).

En ese contexto -según la acusación- el empresario José María Santisteban Zurita, amigo de César Villanueva, se comunicó el 3 de agosto del 2019 con Alberto Orlando Rossel Alvarado, un fiscal superior penal de Lima Norte, y le hizo “conocer la inquietud de César Villanueva Arévalo por la investigación que tenía en ciernes”.

La fiscalía sostiene que el 18 de ese mes, Santisteban llama a Rossel para decirle que “el amigo”, en referencia a César Villanueva, estaba “en busca de alguien que lo asesorara legalmente” respecto a la investigación contra él que se veía venir. El empresario había “mencionado su nombre como propuesta; generando el interés de César Villanueva Arévalo”. Los tres se reunirían el 23 de agosto en un casino de Miraflores para “concretar dicha oferta”.

Un fiscal no puede ejercer la defensa de una persona particular. Eso constituye el delito de patrocinio iegal. Por ello, según el Ministerio Público, Rossel propuso que su servicios “se darían a través de su hijo Alberto Orlando Rossel Obando” y acordaron mantener comunicación a través de Santisteban Surita.

La fiscalía añade que César Villanueva le hizo saber a Rossel que aceptaba su oferta y que volvieron a reunirse en un casino miraflorino, donde el fiscal le presentó a su hijo. Los señalamientos sobre las comunicaciones entre los acusados se basan en conversaciones telefónicas interceptadas y que figuran en el auto de enjuiciamiento. Por esos días, ante una llamada de El Comercio, Rossel se hizo pasar por su hermano para declarar como abogado de Villanueva.

El otro delito de la acusación el de tráfico de influencias. Allí se alega que uno de los motivos por los que César Villaneuva accedió a tener un fiscal como abogado fue que esta pueda intercerder a su favor ante el equipo especial Lava Jato, a cargo de su investigación por el caso Odebrecht.

Según la acusacipon, Rossel “ostentaba” tener influencias en Alexander Taboada, el fiscal adjunto del despacho del fiscal Germán Juárez que tenía a cargo el caso. A cambio, sostiene el Ministerio Público, Rossel iba a recibir futuros beneficios como ser considerado como candidato para el Tribunal Constitucional.

La fiscalía señala que desde el 30 de septiembre de ese año, Rossel solicitó a su asistente que se comunique con el fiscal adjunto Ronald Chafloque para que este comunique con Taboada, debido a que ambos habían trabajado juntos previamente.

Chafloque logró comunicarse telefónicamente con Taboada en los primeros días de octubre del 2019. Finalmente, el 11 de ese mes, acuerdan una reunión en una cafetería cercana a la sede el equipo especial Lava Jato, a la que también iría Rossel.

En esa reunión, “Alberto Orlando Rossel Alvarado le comenta a Alexander Taboada Guardián, en presencia de Ronald Nicolás Chafloque Chávez que ‘venía a pedirle un favor para un amigo, quiero que apertures (sic) lo más pronto las diligencias, porque yo estoy asesorando a César Villanueva, porque el hombre tiene intenciones políticas y esto tiene que esclarecerse...’”.

Luego de que Taboada le confirmó que tenía el caso a cargo, continúa la acusación, Rossel le insistió en que “se inicie formalmente la investigación, lo antes posible, en consideración que el investigado además de ser su promoción, se encontraba mal de salud, prometiéndole que luego sí todo salía bien lo llevaría a la casa de César Villanueva junto a Ronald Nicolás Chafloque Chávez, ‘porque él era un hombre muy agradecido’”.

El equipo especial abrió investigación preliminar a César Villanueva el 22 de noviembre del 2019. El proyecto de la disposición fiscal fue elaborado por el fiscal Taboada y fue notificado a Villaneuva el 26 de ese mes. Ese mismo día, Villanueva, Rossel y Santisteban se reunieron en una cebichería de Los Olivos, donde fueron intervenidos y detenidos por la policía. Tenía una orden de detención preliminar por los hechos relatados.

Taboada fue separado del equipo especial, que continuó con sus investigaciones. En diciembre, formalizarían la investigación y pedirían prisión preventiva para César Villanueva, medida que fue otorgada por el Poder Judicial, aunque después salió de prisión duranta la pandemia.

Según fuentes de El Comercio, esa investigación a César Villanueva ya culminó y el equipo especial Lava Jato está próximo a emitir su propia acusación contra el exministro.

Por todos estos hechos, la fiscalía acusa a César Villanueva de ser instigador del delito de patrocinio ilegal. Esto por presuntamente solicitar la intervención del fiscal superior Alberto Rossel par “sea él quien patrocine sus intereses personales ante autoridades públicas y medios de comunicación en general, pese a tener conocimiento de su condición de magistrado en actividad”.

También se le acusa de ser instigador del delito de tráfico de influencias por solicitar a Rossel que “interceda a su favor” ante el fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato que iba a ver su caso. Para ello, depositó a la cuenta de su hijo US$ 3,000 y “le formulaba promesas de beneficiarlo en un futuro”: apoyar su postulación al TC y gestionar la contratación de su hermano en un cargo público.

Alberto Rossel Alvarado también es acusado como autor de ambos delitos; mientras que Jose María Santisteban es acusado de ser cómplice secundario de ambos ilícitos. Finalmente, el fiscal Ronald Chafloque es acusado de ser cómplice primario de tráfico de influencias y Alberto Rossel Obando, el hijo, de ser cómplice primario del patrocinio ilegal.

Para todos ellos se piden penas que van desde 1 año con ocho meses hasta ocho años, además de inhabilitaciones y pagos de multas [VER RECUADRO]. En tanto, la Procuraduría Anticorrupción solicita el pago de una reparación civil de S/ 100 mil por cada delito.

La acusación de la fiscalía fue formulada por la fiscal Bersabeth Revilla en la primera mitad del 2021. Luego, el caso estuvo en una larga etapa de control de acusación, en el que se rechazaron los distintos recursos presentados por los acusados para archivar el caso. Finalmentea, el juez Checkley emitió el auto de enjuiciamiento el último 5 de marzo.

En el documento, el juez también declaró que la acción penal contra César Villanueva por el delito de patrocinio ilegal prescribió en noviembre del 2022. No obstante, dejó abierta la posibilidad que la sala “realice el debate respecto de la responsabilidad civil, si fuera el caso”. Por ello, declaró procedente que el exministro vaya a jucio por ambos ilícitos.

Luis Naldos, abogado de César Villanueva, dijo a El Comercio que el exministro rechaza los cargos en su contra ”desde el inicio del proceso”. Además, destacó la prescripción determinada sobre el delito de patrocinio ilegal. “Aún no hay fecha para el juicio oral. Estamos en plena preparación de la defensa”, afirmó.

Jaimie Bustamante, quien fue abogado del exministro durante el control de acusación, dijo al El Comercio que confía “en que el señor Cesar Villanueva podrá salir libre de responsabilidades en base al trabajo que hemos realizado y al que le corresponde a la actual defensa técnica”.

Para el juicio se citarán a 16 testigos propuesto por el Ministerio Público, entre los que destacan el fiscal Germán Juárez y el fiscal Alexander Taboada. Además, se citará a tres peritos y se evaluará 121 documentos presentados como pruebas.