Pedro Castillo detenido: las posibles penas por rebelión y su complicada situación | ANÁLISIS

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Eran la 1:42 p.m. Solo habían pasado dos horas desde el anuncio del golpe de Estado, pero para entonces la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya se habían manifestado en contra de todo quiebre del orden constitucional.

A la 1:49 p.m., el Congreso cerraba su votación y aprobaba la destitución del mandatario con 101 votos. Minutos después, el Ministerio Público informó que la Junta de Fiscales Supremos había dispuesto tomar “acciones legales frente al quebrantamiento del orden constitucional”.

“Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución [...] El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo que tiene el mandato de persecución del delito, adoptará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional”, afirmó Patricia Benavides, fiscal de la Nación, en un video. La acompañaban los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

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Castillo fue trasladado a la Prefectura de Lima, ubicada en la avenida España, cerca del lugar de su detención. Alrededor de las 2:15 p.m., al lugar también llegó la fiscal de la Nación, acompañada por Marco Huamán, coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público y su brazo derecho en las investigaciones que involucran directamente al expresidente.

También se apersonaron la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder; Francisco Brizuela, jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público; y el coronel Harvey Colchado, jefe del equipo especial de la PNP.

Antes de la detención del exmandatario, según fuentes de El Comercio, oficiales del equipo especial se habían ubicado en los exteriores de las embajadas de México y Cuba, ante la posibilidad de que Castillo llegase a una de ellas.

El expresidente fue llevado a la oficina del jefe de la Región Policial de Lima. Allí estuvo acompañado por Aníbal Torres, reconvertido ahora en su defensor legal. Fuentes de este Diario comentaron que Castillo intentó darle la mano a Benavides. Ella no le recibió el saludo.

El expresidente y la fiscal no cruzaron muchas palabras, agregaron las fuentes. Él solo le pidió que resguardaran a su hija menor. Imágenes a las que accedió El Comercio muestran a Benavides sentada frente a Castillo y Torres, mientras Huamán le lee un acta.

Castillo sigue detenido en flagrancia, condición en la que –según detallaron abogados penalistas– puede permanecer por 48 horas. Por la noche y en medio de un amplio despliegue policial, Castillo fue trasladado al complejo policial de Los Cibeles, en el Rímac, y luego a la Diroes a bordo de un helicóptero.

El Ministerio Público detalló luego que la detención de Castillo fue por la presunta comisión del delito de rebelión y que la fiscal Benavides dirigió la diligencia del arresto de Castillo.

“Como parte de la diligencia, se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual”, dijeron en un comunicado. Por la noche, se informó que Benavides ya había iniciado una investigación preliminar a Castillo por rebelión “en su condición de presidente”.

Este ilícito, un tipo de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, se aplica al que “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional”. Se sanciona con pena privativa de la libertad de entre 10 y 20 años.

Alternativamente, la investigación es por la presunta comisión del delito de conspiración. Allí se sanciona a quien “toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín” con una pena no mayor de “la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”. Es decir, si la pena máxima por rebelión es de 20 años, la pena máxima por conspiración para rebelión es de 10 años.

En tanto, la Procuraduría General del Estado comunicó que su titular, Daniel Soria, había presentado una denuncia contra “el ciudadano Pedro Castillo”. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que la situación legal de Castillo es complicada.

Por un lado, estimaron que lo más probable es que la fiscalía solicite una detención preliminar contra Castillo, con la que podría seguir arrestado por diez días. Incluso no descartaron que se le pida una prisión preventiva, ya que la rebelión no es un delito de función sino uno común.

Por otro lado, indicaron que ahora que ya no es presidente, la denuncia constitucional que presentó Benavides contra Castillo en octubre puede avanzar liberada de la protección de la Constitución.

A este panorama se suman las renuncias de dos de sus abogados: el penalista Benji Espinoza y el constitucionalista José Palomino Manchego. Ambos citaron el quiebre el orden constitucional anunciado por su ahora exdefendido como los motivos de sus renuncias. Al cierre de esta nota, no se conoce la postura de su otro abogado, Eduardo Pachas, quien tampoco se apersonó a defenderlo tras su detención.

El abogado penalista Andy Carrión remarcó que la apertura de una investigación al expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión implica unna imputación por suprimir o modificar el régimen constitucional. “Eso no obstaculiza que puedan hacerle investigación por algún otro delito. La fiscalía suele abrir por un delito, pero en la progresión de la investigación puede incorporar otros”, dijo.

Por ejemplo, si identifica a un grupo que colaboró de manera directa o indirecta con el presidente para subvertir este orden constitucional y rebelarse. “Allí podría haber organización criminal”, indicó.

Además, indicó que ante la denuncia del procurador general, la fiscalía deberá evaluar si corresponde ampliar la investigación. Estimó que lo más probable es que esto ocurra, pero resta ver por cuáles. “Creo que está bien tipificado el delito de rebelión, pero también podría haber conspiración”, comentó.

En tanto, el penalista Carlos Caro estimó que “lo que acá hay es la presunta comisión del delito de sedición”. “A diferencia de otros delitos, como el de rebelión, no exige el uso de las armas”, comentó.

“Es en cierto modo lo que ha hecho Castillo: anunció el cierre del Congreso, la intervención del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Eso para nada calza con las causales previstas en la Constitución y, en cualquier caso, no tienen ningún poder sobre los otros poderes del Estado”.

No obstante, remarcó que “esto seguramente no lo ha planeado él solo, sino que hay otras personas que participaron”. “Tendría que ser un tema que debe investigar la fiscalía. Cuando hay pluralidad de personas, estas pueden estar incursas en el delito de conspiración, aunque no hayan participado directamente”.

Caro estimó que la fiscalía pedirá la detención preliminar o la prisión preventiva. “Castillo ya no goza de inmunidad, lo único que le queda es el fuero especial. Y en todo caso, en el antejuicio se requiere que sea un delito de función, y este no es un delito de función”, indicó.

Para Percy García Cavero, también abogado penalista, “el tipo penal de rebelión exige un levantamiento en armas. Yo no veo un alzamiento en armas, salvo que falten datos”.

Sin embargo, indicó que “en estos delitos hay una figura de conspiración que tiene que ver con una etapa preparatoria, en que preparas una rebelión o una sedición, pero que por alguna razón no se materializa”.

“Podría, en esa línea, irse por la conspiración de una rebelión como delito contra el orden constitucional. Pero habría que acreditar que, por ejemplo, Castillo realizó una coordinación con grupos que pudiesen estar en posesión de armas”, dijo.

El abogado consideró que, en este escenario, el Congreso debería acelerar el trámite de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Castillo por delitos de corrupción y organización criminal.

“El presidente ya no tiene la inviolabilidad que tenía por el artículo 117 de la Constitución, pero sí tiene el antejuicio. Por eso, el Congreso debe dar paso a la denuncia constitucional, que permitirá la formalización de la investigación preparatoria por parte de la Fiscalía de la Nación. Y a partir de eso, puede pedir prisión preventiva”, dijo.