Este viernes, el juez Johnny Gómez Balboa postergó para el domingo la lectura de su resolución al pedido de la fiscalía para que se dicten 36 de meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y José Nenil Medina, alcalde del distrito chotano de Anguía.
El magistrado había escuchado la posición del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder del Ministerio Público, de los abogados de los investigados y de los propios Paredes y Medina, en audiencias realizadas el martes y miércoles de esta semana. Ambas se extendieron, aproximadamente, desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m.
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Al final de la segunda de estas sesiones, el juez Johnny Gómez anunció que iba a emitir su resolución el viernes. Explicó que el jueves tenía audiencias de otros casos, entre ellas una de prisión preventiva que incluía a siete investigados.
Así fue la breve audiencia del viernes:
Además, señaló que el requerimiento de prisión preventiva contra Paredes y Medina era “extenso, un tema complejo, [con] bastante información que ha ingresado” y que debía ser analizada. Por esto, indicó que se justificaba “tener un plazo razonable” para emitir una decisión adecuada y programó su lectura de resolución para ayer a las 6 p.m.
La explicación del juez
Fue así que este viernes, la fiscalía, los abogados y los investigados –que siguen bajo detención preliminar– se conectaron a la audiencia virtual a esa hora para escuchar la resolución. Sin embargo, el magistrado recién ingresó minutos antes de las 8:30 de la noche.
A poco de iniciar la sesión, el juez anunció que la lectura tenía que ser postergada. Según dijo, esta semana su juzgado se vio “sobrecargado respecto a procesos judiciales”. Indicó que este recargo laboral incluyó audiencias para evaluar un pedido para archivar otra investigación, un control de acusación y un reexamen de incautación, además de la mencionada prisión preventiva para siete personas en otro caso.
Según consta en Justicia TV, esa audiencia de prisión preventiva se desarrolló el jueves entre las 11:40 a.m. y las 1:40 p.m..
“Este juzgado se ha sobrecargado [...] el presente caso es complejo”, remarcó el juez antes de disponer la suspensión de su lectura de resolución “de forma excepcional” hasta el domingo a las 4 p.m.
Reacciones
Conocida la decisión, el fiscal del equipo especial Jorge García Juárez, quien sustentó el pedido de prisión preventiva, dijo comprender la recarga del juzgado, pero manifestó al juez su “preocupación” por la demora.
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“Consideramos que ya deberíamos tener una resolución, en tanto ya todos los elementos de convicción habían sido debatidos y puestos a su conocimiento. Sin embargo, también es atendible lo dispuesto por su despacho. Estamos bajo su consideración”, afirmó.
La postergación implica que Medina y Paredes seguirán detenidos hasta el domingo. Pese a esto, el abogado de la investigada, José Dionisio, se mostró conforme con la disposición del juez, ya que se está “tratando de dilucidar” respecto a un “derecho fundamental”.
En declaraciones posteriores a RPP, Dionisio reconoció que la decisión era “poco usual”, pero consideró que Gómez estaba “cumpliendo con su función, es un juez de garantías”. “Es preferible ello [que Paredes siga detenida] y darle la oportunidad que el magistrado pueda argumentar debidamente y adecuadamente la resolución que corresponda”, dijo.
La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial, comentó a El Comercio que “la ley es igual para todos, sin distingo”. “Los jueces deben aplicarla sin dudar, con objetividad e imparcialidad. Hay una solidez en las pruebas ofrecidas para declarar fundado el requerimiento de la fiscalía. Esperaremos atentos la decisión del magistrado”, declaró.
El penalista Eduardo Roy Gates manifestó a El Comercio ” que la dilación del juez “lamentablemente, da lugar a muchas especulaciones”. “Llama mucho la atención que sólo la fiscalía la haya cuestionado, mientras que los abogados de ambos imputados manifestaban su conformidad, sin siquiera intentar solicitar la libertad de sus defendidos hasta que el juez dicte la resolución correspondiente”, explicó.
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“Es cierto que los juzgados tienen mucha carga procesal y que el caso presenta complejidades, pero también es cierto que se debe priorizar la emisión de resoluciones que van a decidir sobre la libertad de las personas”, agregó el abogado.
En tanto, la penalista Romy Chang opinó en Panamericana que la postergación es “inusual” y “cuestionable”. No obstante, consideró que “si el juez tuviera como decisión la libertad de estas personas, ya la hubiera dispuesto. Porque si no, claramente estaría incurriendo en un acto vulneratorio de sus derechos constitucionales [...] Da a pensar que va a conceder al Ministerio Público la prisión preventiva”.
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