Cuellos de botella

Hace un par de domingos un informe de “Cuarto poder” puso nuevamente la luz sobre la situación de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público (MP) y la apremiante necesidad de librarla de los cuestionados magistrados que conforman su mayoría.

La noticia en cuestión afecta al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, a quien su colega Pablo Sánchez imputa haber alertado a Los Cuellos Blancos del Puerto de que sus integrantes eran objeto de escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial (PJ) como parte de una investigación del MP y la Policía Nacional del Perú, información a la que paradójicamente Rodríguez Monteza accedió en calidad de máxima autoridad del Control Interno de la institución.

Cabe recordar que el accionar presuntamente irregular de Rodríguez Monteza había sido previamente alertado por la magistrada Rocío Sánchez, responsable junto a la fiscal Sandra Castro de sacar adelante contra viento y marea una investigación que compite en cuanto a trascendencia e impacto político con el Caso Lava Jato: la de Los Cuellos Blancos del Puerto. Una indagación, por cierto, que aunque no está exenta de tropiezos (otra vez, por ejemplo, imputar el delito de organización criminal de manera ligera en algunos casos) ha sido llevada con bastante más mesura y discreción que la de sus pares del equipo especial Lava Jato (EELJ) y que, entre otros, supuso la partida de defunción del Consejo Nacional de la Magistratura y la caída de corruptos funcionarios enquistados en las más altas esferas del PJ.

Volviendo al MP, sin embargo, los resultados inmediatos no han sido tan alentadores, y además de Rodríguez Monteza se mantienen en sus sillas en la Junta de Fiscales Supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Aladino Gálvez. Ambos, por supuesto, también están implicados en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto. Huelga decirlo, pesan sobre ellos severos cuestionamientos que van desde posibles delitos hasta inconductas éticas. Dentro de lo más ‘notable’: sus constantes ataques a los miembros del EELJ (Chávarry llegó a removerlos, reinstaurarlos y renunciar al cargo de fiscal de la Nación ante la presión pública; Gálvez los calificó hace poco como “operadores de Odebrecht”), las interferencias en investigaciones en marcha (el ingreso a oficinas lacradas por parte del personal de Chávarry es bochornoso) y su censurable intromisión en asuntos políticos (un defecto, para ser justos, bastante extendido en la institución).

En este sentido, es positivo que la flamante Junta Nacional de Justicia haya abierto procesos disciplinarios a Chávarry y Gálvez. Evidentemente, estos deben respetar el debido proceso de los investigados, pero ante la contundencia de los casos es de esperar que sean al menos suspendidos mientras duren las indagaciones. La actual correlación de fuerzas en la Junta de Fiscales Supremos es un factor que perturba el funcionamiento de una entidad clave para el sistema de justicia y constituye un cuello de botella para cualquier intento de reforma en la entidad, incluyendo revisar con objetividad y autonomía ciertos excesos del EELJ. Un asunto que a veces se pierde en la coyuntura política, pero que resulta trascendental abordar cuanto antes.

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