Pedro Castillo y el pedido de confianza: cuando los mensajes del Gobierno generan más incertidumbre | ANÁLISIS

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El gas de Camisea, la relación con el Parlamento, la continuidad de cuestionados ministros y la carrera pública magisterial son los temas que el mismo Ejecutivo ha vuelto a poner esta semana al debate, aunque con ambigüedades. ¿Qué hay detrás de esos mensajes?

Para el experto en opinión pública de la Universidad de Piura (Udep), Fernando Huamán, los últimos mensajes desde el Ejecutivo no necesariamente responden a la improvisación, sino a una estrategia de discurso ambiguo con “mensajes que tengan contentos a todos”, lo que denota un gobierno sin personalidad.

“La estrategia lleva a un escenario en el que siempre habrá dudas, dudas de que se haya moderado y de que siga en una postura radical, el equilibrio de la duda. Pero los actores políticos que están criticando al gobierno no tienen legitimidad suficiente para convencer al grueso de la población”, sostuvo Huamán en diálogo con El Comercio. De ese modo, acotó, la discusión pública se centra en la identidad del gobierno poniendo en segundo plano sus deficiencias e incluso temas técnicos.

En vez de una estrategia, el politólogo Gonzalo Banda dijo percibir en el presidente Pedro Castillo un reflejo del rol de candidato del que todavía no ha salido y que si bien le ha dado buenos resultados en el pasado, no necesariamente le puede funcionar en la actualidad.

“¿Qué está intentando hacer con eso? Seguramente legitimarse dentro de ese caudal popular que lo llevó a la presidencia de la República, tratando de sacarle lustre a lo simbólico de la elección, de por lo menos con mensajes poner los temas en la opinión pública. Pero una cosa es lo que dice y otra lo que puede hacer, porque claramente no puede hacer lo que ha dicho, no tiene los votos en el Congreso”, agregó Banda a este Diario.

¿Cuánto pueden impactar dichos mensajes en la búsqueda de la confianza? En opinión de Huamán, ello también queda en la incertidumbre. “Desde el punto de vista teórico, en un escenario de inestabilidad donde no hay una personalidad clara del mandatario, no hay confianza. Sin embargo, hemos visto en anteriores oportunidades que los bloques políticos no responden a una sola directriz”, advirtió.

A juicio de Banda, “los mensajes contradictorios no van a ayudar”. “Castillo no es del todo consciente que con su palabra de presidente pone en juego muchas cosas delicadas y que no puede mandarse a decir la primera cosa que se pasa por la cabeza con un discurso que sigue anclado en una campaña política y no tanto en gobierno”, concluyó.

Contradicciones sobre el gas

En su discurso ante el pleno el último lunes, la primera ministra Vásquez aseguró que el gobierno “es consciente de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y generar empleo”. Concretamente sobre el gas de Camisea, ratificó “el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación”.

Solo horas después, durante un evento más parecido a un mitin político en Bagua Grande, Amazonas, el presidente Castillo tuvo un discurso contradictorio al de la primera ministra. “Hay mucho para hacer en este país. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas. Y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos”.

Tal contradicción recibió cuestionamientos desde distintas bancadas del Parlamento, quedando aún más en duda el voto de confianza. Incluso desde Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Somos Perú, organizaciones políticas que respaldaron al equipo ministerial de Guido Bellido en agosto, consideraron que existe un “doble discurso” y dijeron esperar que Vásquez brinde señales claras el 4 de noviembre.

La noche del martes, a través de un mensaje en Twitter, Castillo manifestó que respetaba la libertad de empresa y que apostaba por la masificación del gas, pero no se retractó ni aclaró del todo sus palabras previas. Tanto así que, un día después, el ministro de Economía, Pedro Francke, respondió a dicho tuit a manera de ‘traductor’: “Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso”.

La situación no pasó desapercibida también para María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, quien en declaraciones a TV Perú este jueves calificó lo ocurrido como “mensajes contradictorios” del gobierno. “Este tipo de mensajes contradictorios no ayuda a la estabilidad económica y a atraer inversión privada que es lo que tanto necesitamos. O están un poco confundidos o les falta un poco dialogar o comunicarse entre ellos, yo exhortaría al Ejecutivo a que dieran solo un mensaje”, indicó.

Francke, sin embargo, consideró que el tema ha sido aclarado. “Creo que el tuit del presidente respecto al respeto a la libre empresa fue bastante claro. Efectivamente, nuestro objetivo muy claro es la masificación del gas y para eso tenemos que utilizar este recurso que pertenece a la nación para que todos los peruanos tengamos un gas barato en nuestros hogares”, refirió en conferencia de prensa la mañana de este jueves.

Cierre del Congreso

La relación con el Congreso de la República también fue abordada por el presidente Castillo. Por ejemplo, el lunes en Bagua Grande luego de señalar que la primera ministra se encontraba en el Legislativo pidiéndole el voto de confianza y “que piense en el pueblo antes de otra cosa”.

“Compañeros, ese grito de cerrar el Congreso, creo importante que hay que tener cierta mesura. Vamos a seguir respetando la institucionalidad de los poderes del Estado. Hoy en día tenemos un congreso que recién también se instala, y somos respetuosos de las instituciones y de esta Constitución hasta que el mismo pueblo lo decida”, expresó desde un estrado.

Pero solo dos días después, en una breve declaración desde Tacna, el presidente Castillo pareció haber dejado atrás la mesura. Consultado por los pedidos de cierre del Congreso vociferados por simpatizantes tras el velorio del fallecido congresista Fernando Herrera, expresó a bordo de una camioneta, según un video difundido por Willax: “Es una facultad del mismo pueblo”.

Durante la campaña electoral, Pedro Castillo ya se había expresado sobre dicha posibilidad al referirse a su iniciativa para que se instale una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución. “Si el Congreso dice que no, habrá que hacer lo que dice el pueblo [...]. Si no está de acuerdo, tenemos que asumir las facultades presidenciales”, señaló en abril a RPP y más adelante acotó: “Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo”.

La presidenta del Congreso también se pronunció al respecto y pidió mayor responsabilidad en los mensajes. “Nosotros no atacamos al Ejecutivo, pero desde que hemos asumido recibimos ataques del Ejecutivo y mensajes de cierre del Congreso. Nosotros de ninguna manera vamos a permitir que cierren el Congreso. Nosotros somos democráticos, defendemos nuestro fuero. Es lamentable que haya gente que siga ese discurso”, subrayó.

La huelga magisterial y la meritocracia

El último miércoles, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, ratificó una postura expresada en el año 2007 al presentar —como decano del Colegio de Profesores del Perú— una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29062, que modificó a la otrora Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial. Por entonces, aseveró que la educación no era un servicio público esencial y puso por delante de ella al derecho a la huelga de docentes, como dio cuenta El Comercio hace unos días.

Pese a que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de Gallardo en el 2008 y señaló que “la educación posee un carácter binario, pues no solo constituye un derecho fundamental, sino también un servicio público”, el hoy ministro insistió en su postura.

Consultado en conferencia de prensa por si sigue pensando del mismo modo, respondió: “El derecho esencial es un derecho que agrede la vida. Por ejemplo, una huelga que corta el servicio de agua es una cuestión que afecta nuestra salud, que afecta a la vida. Una huelga del magisterio no tiene ese carácter, es extremadamente exagerado el considerarla al mismo nivel de huelgas que pudieran afectar la vida de las personas, es extremadamente exagerado. No es posible ponerla al mismo nivel, no es justo ponerla como derecho esencial una huelga de magisterio que agreda la vida de las personas, no es objetivo”.

Como dirigente gremial, Gallardo también tuvo posturas en contra de las pruebas para docentes y la meritocracia. El miércoles también ratificó su cuestionamiento al sistema de evaluación de docentes.

“Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados y el aprobar esa casuística de las pruebas y su práctica en el aula ya los ha calificado. Esa es su evaluación de desempeño en la práctica del aula, su conducta, su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían de estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, la incertidumbre de su van a tener trabajo este año. Vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año para quienes han pasado decenas de evaluaciones, ya sean nombrados”, sostuvo.

La continuidad de ministros cuestionados

El 13 de octubre, la primera ministra Mirtha Vásquez fue consultada por la cuestionada designación de Luis Barranzuela como ministro del Interior. En conferencia de prensa, declaró que ante las críticas a ese y otros ministros “estamos pidiendo los descargos y en base a eso se hará una evaluación sobre el tema”.

Dos semanas después y, pese a la cuestionada idoneidad y capacidad de Barranzuela, la ministra sigue en evaluación. “Hay pedidos de que se puede evaluar algunos ministros. Le he manifestado a las diferentes bancadas, con mucha transparencia, que ese proceso está en marcha, pero no podemos asegurar que esa evaluación termine antes de que se produzca el voto de confianza”, dijo a RPP el miércoles pasado. Si bien señaló estar “revisando” los casos, consideró que los pedidos de renovación en el Gabinete no deben ser condicionante para el voto de confianza.

Lo cierto es que desde distintas bancadas se han mantenido los cuestionamiento contra Barranzuela y Gallardo, y los pedidos para su remoción. El titular del Interior tiene pendiente responder ante la Comisión de Defensa del Parlamento un pliego de preguntas referidas a su idoneidad para el cargo y su hoja de vida como expolicía.

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