El ex jefe del Gabinete Ministerial Pedro Cateriano consideró que más allá de las protestas sociales en Aquia (Bolognesi, Áncash), que han provocado la suspensión de las operaciones de Antamina, “hay una pésima gestión pública” de los recursos económicos que produce la minería. Agregó que las críticas hechas por el titular de Justicia a la empresa no dejan una sensación positiva.
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— La Defensoría del Pueblo advirtió, a través de un informe publicado en setiembre, sobre el conflicto en la comunidad de Aquia (Bolognesi, Áncash). Antamina ha suspendido sus operaciones. ¿Hubo una falta de acción de parte del gobierno? ¿Debió intervenir antes?
Sin duda alguna. Pero sobre este punto, en términos generales, apreciamos simplemente una ausencia absoluta de una decisión política del gobierno, no solo con el anterior presidente del Consejo de Ministros [Guido Bellido], sino con la actual ministra [Mirtha Vásquez], quien tiene un pasado antiminero, que coincide con la posición política que a lo largo de décadas ha tenido la izquierda en el país, es decir obstruir los proyectos mineros supuestamente en defensa del medio ambiente. Lo concreto es que la izquierda en el Perú obstruye las acciones de la minería legal, pero guarda silencio absoluto, y hasta cómplice, con las acciones de la minería ilegal. En su presentación ante el Congreso, [Vásquez] no tocó el tema de la minería y es que acá hay una carga motivada por los prejuicios ideológicos y políticos de una izquierda que se niega a reconocer que la minería es un motor de desarrollo fundamental para nuestra economía.
[…] A estas alturas dentro de un contexto de crisis económica internacional, estar boicoteando la minería permitiendo el uso de la violencia y de actos ilícitos, simplemente es poner al país al borde del precipicio.
— ¿Por dónde pasa la solución del conflicto en Aquia?
No quisiera centrarme solo en Aquia, sino en términos generales hay una pésima gestión pública de los recursos económicos que produce la minería. Por ejemplo, de los S/15.000 millones de canon en los tres niveles de gobierno, solo se han ejecutado S/8.000 millones. Y a nivel regional, de los S/3.800 millones, solo S/2.300 millones. Y eso que se han dado facilidades para el uso del canon. Acá, hay un problema grave, el Estado tiene recursos económicos, sin embargo, los gobiernos regionales y locales no tienen la capacidad para ejecutar.
Y también hay corrupción. Vemos como gobernadores regionales, como los de Puno y Arequipa, quienes permanentemente atacan el régimen económico, están detenidos por corrupción. [Y antes] estuvieron el señor Santos en Cajamarca, y el señor Cerrón, y ellos han terminado siendo acusados por actos de corrupción. Son varios los factores que influyen: la ineptitud, los prejuicios ideológicos y políticos, y la corrupción. Ese cóctel agrava la situación […] Creo que se debe hacer un cambio radical, la riqueza debe ser compartida, debe existir un verdadero capitalismo popular, donde las personas que viven en la zona de influencia de las minas reciban ese cano de manera directa en cuentas individuales.
— El ministro de Justicia y DD.HH., Aníbal Torres, solicitó que se conozca quiénes son los accionistas de Antamina. “No vaya a ser que haya empresarios que quieren vacar al presidente”, agregó. Luego, se ha rectificado. ¿Cómo se puede interpretar estas expresiones? ¿Son un exceso?
Bueno, las declaraciones iniciales han sido temerarias e impropias de un ministro de Estado que ocupa una cartera tan delicada como la de Justicia. En vista de la gravedad de los hechos, él se ha rectificado, lo cual está bien, pero la sensación que queda no es positiva.
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— El 29 de octubre, en Ayacucho, manifestantes incendiaron las instalaciones de la minera Apumayo y también destruyeron el campamento minero de Breapampa. La primera ministra Vásquez ha referido que estas “distorsiones” no descalifican las demandas de los que protestan…
¿Esto significa ejercer el derecho a la protesta? ¿Protestar implica cometer actos ilícitos, afecta la propiedad privada, atentar contra el empleo de cientos de trabajadores, y bloquear el desarrollo económico del país? ¿Ese es el legítimo derecho a la protesta? Acá aflora el espíritu antiminero de la presidenta del Consejo de Ministros, ella ahora ha cambiado el tono, dice que no es antiminera, pero estas declaraciones son preocupantes, más aún cuando el país ha observado a través de videos y reportajes, el uso demencial de la violencia.
— Según la última encuesta de Ipsos Perú, el 61% considera que el presidente Castillo no genera un clima favorable para la inversión privada. ¿A su juicio, a qué se debe?
Bueno, es que con posturas como las que tuvo el anterior primer ministro [Bellido] y los hechos de violencia que vienen ocurriendo más la forma contradictoria que tiene el presidente Castillo de comunicarse, un día habla de estatizar, otro de nacionalizar, confunde, y esto simplemente lo que hace es crear un ambiente de poca credibilidad frente a los inversionistas nacionales y extranjeros.
¿Qué pensará un inversionista extranjero cuando lee en las agencias internacionales informaciones sobre lo que dice nuestro mediocre presidente? Un profesor tiene como obligación preparar sus clases, ser claro en su explicación, esa es la obligación de un buen pedagogo. Lamentablemente, el presidente no cumple con ese papel, lo que nos está probando es que es un profesor más, del montón, que se niega a prepararse y los resultados son penosos y vergonzosos.
— De otro lado, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, habría organizado una fiesta por el Día de la Canción Criolla en su domicilio la noche del domingo. Él ha referido que se trató de una “reunión de trabajo”. ¿Esta es la gota que derramó el vaso? ¿Es necesario que deje el Gabinete Ministerial?
Tanto el presidente Castillo como la primera ministra han hecho oídos sordos a los reclamos de distintos sectores de la población [para retirar a Barranzuela], incluido el Parlamento. El presidente ha desafiado políticamente al Congreso al decir que el pueblo lo puede disolver. Estos hechos suman, todos aquellos actos que a lo largo de estos 100 días demuestran absoluta impericia e irresponsabilidad en la gestión pública del Estado peruano…
— La primera ministra le ha solicitado a Barranzuela aclarar la denuncia en su contra “en el más breve plazo”. Refiere que si es verdad que organizó una fiesta, estaría vulnerando normas dictadas por el propio Ejecutivo…
Yo creo que estas son tácticas que usa el gobierno, no creo en la palabra del gobierno. Recuerde usted que cuando en el anterior Gabinete se le pidió públicamente la renuncia al ministro de Trabajo, este señaló que había puesto su cargo a disposición del presidente y no pasó nada. ¿Qué ha ocurrido con el actual ministro del Interior? No solo el presidente Castillo lo ha respaldado públicamente, sino la propia presidenta del Consejo de Ministros al acudir con él a solicitar el voto de confianza, a sabiendas que la mayoría del país crítica su designación.
El problema también es el lento Parlamento que tenemos en el ejercicio de sus labores fiscalizadoras. Ha actuado con lentitud que linda con la complicidad frente a Barranzuela y también frente al escándalo del ministro de Educación, quien se está tirando abajo la reforma educativa, que tanto le ha costado al país.
— Esta semana, se han dado una serie de hechos: Castillo planteó trabajar con el Parlamento un proyecto de ley para “estatizar o nacionalizar” el Gas de Camisea, las protestas en Ayacucho y Áncash y ahora la “fiesta” de Barranzuela. ¿Bajo este contexto, el Parlamento debe dar el voto de investidura?
El Parlamento tiene también que hacer una evaluación de la acción gobernativa, porque claramente lo que se quiere desde el anterior primer ministro es provocar. Y las declaraciones del presidente Castillo no son normales, porque desafía y amenaza al Congreso con disolverlo, y eso no es normal más aún cuando no tiene una mayoría parlamentaria propia. Lo que no puede hacer el Congreso es que frente a estos hechos graves de parte de los ministros del Interior y de Educación es guardar silencio. Yo creo que si por razones, como dicen algunos, de no [querer] disparar la bala de plata, luego [del voto de confianza] deberían censurar a Barranzuela y Gallardo y negarle la solicitud de facultades legislativa a Francke.
Pongámonos en el escenario, de que la presidenta del Consejo de Ministros haga cuestión de confianza, luego de la negativa del pedido de facultades [para la reforma tributaria]. Es decir, lo que es claro es que estamos rumbo a una colisión entre el gobierno y el Parlamento. Estamos en un carril que conduce al país a la confrontación, eso agravará nuestra situación política y económica. La estabilidad económica del país se está complicando por la acción del gobierno.
— El Parlamento limitó el uso de la cuestión de confianza a través de una norma de desarrollo constitucional. ¿Esta ley está dentro del marco constitucional?
No es constitucional, y por esto toco el tema. Ante esa eventual situación, el caso irá nuevamente ante el Tribunal Constitucional y vamos a continuar en esta situación de confrontación ya no solo política, sino también jurídica.
— La primera ministra ha propuesto al Congreso un “pacto por la gobernabilidad”. ¿Es viable en medio de un clima de alta tensión entre ambos poderes?
Uno plantea pactos, pero también tiene que hacer los gestos, si la primera ministro solamente pretende imponerle una agenda al Parlamento, y acata sin dudas ni murmuraciones las decisiones del presidente Castillo manteniendo a dos ministros cuestionado, de qué gesto político o exhortación hablamos.
— La facción cerronista de Perú Libre continúa con sus críticas al actual Gabinete. ¿Qué significaría una ruptura de la bancada oficialista a solo tres meses de la administración Castillo?
Acá lo que usa el presidente Castillo es la escopeta de dos cañones. De otra forma, no nos explicamos cómo se mantiene al ministro del Interior o cómo, y están registrados, los intentos para nombrar como embajador primero en Panamá y luego en Venezuela a un hombre de la absoluta confianza de Cerró [Richard Rojas]. Entonces, mientras siga actuando de esta forma el presidente Castillo ciertamente no hay un rompimiento. Yo no veo ese rompimiento. Veremos si ello ocurre en la votación [sobre la confianza], pero hasta ahora yo no apreció un rompimiento definitivo.
— Este jueves, el presidente Castillo cumple 100 días en el poder. ¿Cuál es su balance?
En término generales, [este tiempo ha sido] una manifiesta ineptitud e irresponsabilidad en la administración del Estado. Además, creo que [Castillo] aún no toma consciencia cabal de la responsabilidad que tiene como presidente de la República. También me llama la atención los acuerdos firmados con Bolivia respecto al gas. ¿Qué estudio de mercado se ha realizado?
— ¿Y sobre el Congreso?
En el caso del Congreso, el balance tampoco es positivo y eso se refleja en las encuestas. El Congreso, en muchos casos, por miedo de los señores congresistas a perder su curul ha actuado con temor político. Y en casos que han debido ser debatidos públicamente en el Congreso, por su gravedad, no han sido lo suficientemente rápidos y eficaces para zanjar los problemas.
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