El Congreso de la República dio su aprobación al Proyecto de Ley 5532, una normativa que establece límites al uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en el ámbito escolar. La ley, respaldada en sesión plenaria, aplica a todos los niveles de educación básica —primaria y secundaria— y será de cumplimiento obligatorio tanto para colegios públicos como privados. La medida busca promover un ambiente más propicio para el aprendizaje, minimizando distracciones y fortaleciendo la concentración en las aulas.
Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, defendió la aprobación de la ley destacando que existen fundamentos científicos que respaldan la restricción del uso de celulares en entornos escolares.
Montalvo destacó que existen estudios científicos que respaldan la limitación del uso de celulares en las aulas, señalando que esta medida puede disminuir en un 18 % los casos de acoso escolar y favorecer un mejor desempeño académico.
Durante su intervención, Montalvo también subrayó la gravedad del problema que representa el uso inadecuado de dispositivos electrónicos en el entorno escolar. Según indicó, actualmente se han registrado más de 73,000 casos de acoso sexual a menores a través de plataformas virtuales, así como más de 2,000 denuncias relacionadas con ciberacoso o ciberbullying.
¿Qué dijo el Ministerio de Educación sobre dicha ley aprobada?
El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró este viernes que el Poder Ejecutivo no tiene objeciones frente a la nueva ley aprobada por el Congreso. Él indicó que su cartera analizará detalladamente la norma y adelantó que en los próximos días comenzará la redacción del reglamento que permitirá su aplicación gradual en todo el país.
“Esta ley que regula el uso de celulares seguramente va a ser revisada por el Minedu. Vamos a trabajar en su reglamentación en los próximos días”, comentó en TV Perú.
Cuáles son las funciones del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación es el ente responsable de diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia educativa. Su labor abarca desde la elaboración de planes de estudio y la formación docente, hasta la supervisión de la calidad educativa y la gestión de recursos e infraestructura escolar. También promueve la inclusión, la equidad y la mejora continua del sistema, garantizando el acceso a una educación integral y de calidad para todos los ciudadanos, en coordinación con otros niveles de gobierno e instituciones.