Madre de Dios: minería ilegal en la frontera de Perú y Bolivia acorrala a territorios indígenas y a la Reserva Nacional Tambopata

Es la época del año en Madre de Dios en que las taricayas ponen sus huevos sobre playas de arena blanca dejadas por el río, las lagartijas salen a asolearse y algunas aves aprovechan para pescar. La frontera entre Perú y Bolivia la divide apenas el río Heath, los árboles se alzan imponentes en este rincón del mundo donde está ubicada la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, pero en el que también se esconde una amenaza latente: la minería ilegal que carcome la quebrada Palma real.

La quebrada recorre parte de la Reserva Nacional Tambopata y llega hasta el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Está ubicada a apenas dos horas de la frontera con Bolivia y es el hogar de peces como el paco o la carachama y de aves que llegan a pescar. La fuente de agua es de uso comunitario para la comunidad indígena ese eja Palma Real, además de ser la vía de ingreso para los 87 concesionarios de castaña que hacen uso del bosque dentro de la reserva.  La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios ha intervenido unas diez veces esta zona entre el 2021 y el 2022.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la minería ilegal avanza. Allí, donde se encuentra oro, el conflicto se agrava.

Algunas fuentes que piden la protección de sus nombres, por motivos de seguridad, señalaron que no solo se mantienen las actividades de minería ilegal en la quebrada Palma Real grande, sino que los mineros están reclutando a pobladores indígenas ese eja.

En esta zona de frontera de la Amazonía peruana, la minería ilegal se ha apoderado del territorio y siembra el miedo a su paso con amenazas de muerte. Un equipo de Mongabay Latam llegó a estas comunidades para conocer de cerca la preocupante situación.

Una frontera sin Estado

Un puesto policial en la comunidad de Puerto Pardo es el encargado de registrar a quienes llegan hasta la frontera de Perú y Bolivia. Dos policías peruanos son los que llevan un cuaderno donde anotan cada una de las embarcaciones que surcan el río Madre de Dios. La nuestra es una de ellas. No hacen muchas preguntas, a veces tampoco piden el documento de identidad, puede bastar con que una persona deje la lista de pasajeros que se dirigen a Bolivia. El motorista que maneja la embarcación en la que vamos ha cruzado varias veces la frontera sin tener que registrarse. Señala que es muy sencillo cruzar al país vecino y que más bien, los que están más alerta son los policías bolivianos. Si ocurriera un conflicto, la poca conectividad que hay en la zona, tampoco permitiría informar a tiempo a Puerto Maldonado.

Las condiciones son propicias para que la minería ilegal se expanda y que el oro que se extrae en Perú cruce la frontera. De acuerdo al coronel PNP Luis Enrique Guillén, se “tienen referencias que en esta zona entre Perú y Bolivia se viene comercializando oro de procedencia de la minería ilegal”. No solo eso, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria (SUNAT)  ha identificado además este territorio fronterizo como ruta de transporte de insumos químicos a lo largo de la carretera interoceánica desde Desaguadero hasta Mazuco-Puerto Maldonado-Madre de Dios.

La minería en Madre de Dios se ha convertido en un problema inmanejable para el Estado peruano. En agosto de este año, el último enfrentamiento entre mineros ilegales y la policía en La Pampa, un sector de la región prácticamente tomado por las mafias mineras, tuvo como resultado la muerte de una persona y 14 heridos. Un informe del Proyecto Prevenir de USAID dio a conocer que alrededor de 46 mil personas se dedican a la minería artesanal entre ilegal e informal en la región, y que existen por lo menos 3500 artefactos dedicados a la extracción de oro. Esta actividad ha generado, entre 2019 y marzo del 2022, la deforestación de 3688 hectáreas de bosque en Madre de Dios, como lo informó la ONG Conservación Amazónica (ACCA). Lo peor es que las mafias buscan ampliar sus territorios cercando a comunidades indígenas y áreas naturales, como la Reserva Nacional Tambopata y empieza a extenderse hacia el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Las comunidades ubicadas en la frontera son testigos en primera línea de la ineficacia y desinterés del Estado por acabar con una actividad que las arrincona. “En Sonene aún no ha llegado la minería y no creo que se permita, porque sabemos que contamina. Dos jóvenes fueron hace dos años, pero creo no es el trabajo para la gente de Sonene, aparte hay interdicciones, la policía siempre está acechando y es peligroso, hay temor”, afirma Ignacio Viaeja, expresidente de la comunidad indígena de Sonene, ubicada apenas a algunos metros del límite con Bolivia. Los pobladores de Sonene ven con preocupación el incremento de la minería ilegal en otra comunidad ese eja de frontera, Palma Real.

La vida es difícil en este rincón de la región amazónica de Madre de Dios. La precariedad se evidencia en la falta de luz y agua potable. Tanto Sonene como Palma Real dependen de un pozo de donde se extrae agua que no es apta para consumo humano. En Sonene, la escuela primaria que tenían empezó a caerse por la humedad y los padres tuvieron que desarmar tabla por tabla porque temían que colapsara sobre las cabezas de sus hijos.

Son pocos los ese eja que logran estudios secundarios y superiores. “No hay muchas opciones en general, (…) por eso algunos [jóvenes] tienen que ir a trabajar a zonas mineras”, asegura un poblador de Sonene.

Al problema de infraestructura educativa se suma la necesidad de abastecimiento de medicamentos y lo difícil que les resulta comprar víveres a pesar de estar solo a unas tres horas de Puerto Maldonado. No hay condiciones para atender enfermedades como el Covid-19 o dolencias menores, “siempre es igual, hemos pedido apoyo a todas las entidades estatales y estamos cansados de la misma situación”, comenta el presidente de la comunidad Palma Real, Ricardo Yojaje.

El profesor Jaime Saavedra, encargado junto a otros dos docentes de enseñar a 60 alumnos en Palma Real, asegura que los niños han tenido continuos malestares estomacales y diarreas. La falta de agua ha llevado a que los padres de familia en asamblea decidan no enviar más a sus hijos al colegio, porque no hay condiciones. El profesor Saavedra asegura que son pocos los que culminan la secundaria y las opciones de empleo son escasas, a esto se suma que han detectado una reducción de los animales en el monte que son fuente de alimentación para los indígenas.

Tradicionalmente, los ese eja se dedican a la caza de animales de monte como sajino, sachavaca, venado; la pesca de paco, doncella, carachama; la recolección de castaña y el cultivo de alimentos básicos como la yuca o el aguaje.  Las mujeres practican la artesanía. Solo que esto está empezando a cambiar.

Los problemas en Palma Real

Mientras la comunidad de Sonene ha logrado mantener la minería ilegal fuera de los límites de su territorio, en Palma Real la situación amenaza con desbordarse. A simple vista, cuando se recorre el territorio de esta comunidad, parece que la vida cotidiana transcurriera tranquila. Los pobladores indígenas están reunidos en una asamblea hablando de  la falta de agua, salud y educación en su local comunal. El parlante está encendido a todo volumen y los niños juegan fútbol. Pero la llegada de extraños deja entrever cierta tensión, porque en esa aparente normalidad se esconden conflictos y temor por la presencia de mineros ilegales. Según la información recogida de distintas fuentes de la zona, todo empezó en el 2018, cuando comenzó la explotación de oro en la quebrada Palma Real Grande.

Carlos, comunero de Palma Real, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, explica que las personas que realizan minería en la quebrada Palma real grande provienen de Puerto Maldonado, de otras comunidades y de zonas andinas. “La minería ilegal la hacen en la quebrada Palma Real Grande, los que no son de acá, vienen de Puerto Maldonado. Este año están entrando con fuerza y es algo conflictivo para nosotros. Los comuneros han sufrido amenazas, por eso, nosotros estamos temerosos por lo que está pasando. Pero nos estamos organizando”, dice.

Esta versión coincide con las declaraciones del Coronel Luis Enrique Guillén Polo, director de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, quien indicó que detrás de esta actividad ilegal hay sobre todo población de Puerto Maldonado y personas que han llegado de otras regiones, aunque también señaló que han detectado la presencia de algunos pobladores indígenas. Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), explica que los mineros suelen contratar mano de obra indígena. “Tenemos información de que hay mineros en esta quebrada (Palma Real Grande), que serían mineros que han ido desde La Pampa —el foco de mayor minería en Madre de Dios— y que están llegando a la zona con sus maquinarias para sacar oro. Podría ser que ellos están usando mano de obra de la comunidad como siempre sucede en varias partes de esta región, donde se aprovechan de las necesidades”.

En el 2020, en medio de la pandemia, como sucedió en muchos territorios amazónicos, los mineros ilegales avanzaron y se fortalecieron ante la ausencia del Estado. El avance vino acompañado de amenazas. “¿Qué pasa si matan a algún familiar?”, comenta otra fuente. Y este miedo tiene sustento. “Solo en el 2017 la región tuvo una tasa anual de homicidios de 46.6 muertes por cada 100 mil habitantes, mucho mayor que el promedio nacional de 7.8 muertes”, según el reporte Minería ilegal en áreas naturales protegidas publicado ese mismo año por USAID.

La minería en cuerpos de agua es un delito. El fiscal de la FEMA Carlos Chirre asegura que quienes la practican pueden ser sancionados con “pena privativa de libertad no menor de cinco años y no mayor a ocho. Además tiene una sanción por reparación civil que es alrededor de 100 mil soles (más de 25 mil dólares) y se agrava cuando se realiza dentro de un área protegida como es el caso de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene”. El reporte de USAID señala que desde el 2010 se ha ido detectando presencia de mineros en zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas de Madre de Dios y que estos se han dispersado a otras zonas, también como consecuencia de las interdicciones realizadas como parte de la operación Mercurio el 2019.

El coronel PNP Luis Enrique Guillén declaró a Mongabay Latam que el 13 de agosto fue la última vez que hicieron una interdicción en la quebrada Palma Real Grande. En ese momento pudieron detectar que se “estarían realizando actividades de minería ilegal utilizando balsas tracas, balsas gringos y dragas en el río Tambopata, mediante el uso motores y maquinarias, tales como motores diésel, caballetes, bombas de succión, tolvas, motores peque peque, trajes de buceo y otros, para la extracción de oro para luego ser comercializado en los diferentes mercados ilegales nacionales e internacionales”, afirmó.

Julio Cusurichi, presidente de FENAMAD, insiste en que los operativos para erradicar la minería deben incluir a las organizaciones indígenas. Considera que a la par se deben buscar alternativas laborales. “Sabemos que cuando han intervenido La Pampa, los mineros se han ido a las comunidades buscando otros espacios donde extraer oro. Nosotros apoyamos las interdicciones, pero estas deben darse en coordinación con las organizaciones indígenas, con los castañeros y los agricultores, para que las comunidades podamos ayudar. La interdicción debe venir acompañada de otras alternativas para las comunidades y para los jóvenes”, puntualiza.

Luisa Ríos, coordinadora de la Oficina de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien señala que después de la Operación Mercurio se generaron otros focos de minería en zonas cercanas a la frontera con Bolivia, coincide con Cusurichi en que “es importante que las organizaciones indígenas sean consideradas en la planificación de los operativos para erradicar la minería ilegal. Debemos considerar además que, en el contexto actual de Madre de Dios, muchas personas indígenas y no indígenas se inhiben de denunciar por temor a ser amenazadas o asesinadas por mineros ilegales”.

Pero no solo las comunidades indígenas viven atemorizadas. Vilma Peláez, quien tiene una concesión de castaña dentro de la reserva Tambopata, colindante con la quebrada Palma Real, cuenta que ha visto de cerca el avance violento de la minería ilegal. “Nos están contaminando el río porque usan mercurio para obtener el oro, ya no podemos hacer uso de esa agua ni de los peces, lo peor es que cuando uno llega a la concesión, encuentra los botes, ya no tienen respeto de nada”, dice. Asegura que en múltiples ocasiones ha reportado al Sernanp la existencia de minidragas y campamentos mineros en la zona de ingreso a su concesión, y que teme que con el avance de estos grupos ilegales no pueda ingresar más a recolectar castaña.

La minería ilegal no solo genera problemas en las comunidades, sino que amenaza la vida de los guardaparques en la Reserva Nacional Tambopata. El fiscal Chirre asegura que los guardaparques que viven cerca a la quebrada Palma Real Grande corren peligro. En una ocasión, después que se informó sobre la presencia de minería, sufrieron un asalto, les quitaron todas sus cosas, fue como una especie de represalia contra ellos por informar sobre la extracción de oro, contó a Mongabay Latam.

“Fue Sernanp [Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado] quien pidió apoyo por la aparición de minería en la quebrada. Cuando vamos al lugar nos desplazamos desde Puerto Maldonado al puesto de control del Sernanp, desde allí se ingresa con botes con menor tamaño: peque peque [embarcación artesanal que surca la Amazonía], solo así podemos entrar hasta esta zona, porque es difícil el acceso, dadas las complicadas características geográficas”, dice el fiscal Chirre.

El equipo de Mongabay  pudo solo llegar hasta la unión de la quebrada Palma Real Grande con el Río Marañón. En la comunidad al consultar por su acceso, los pobladores indígenas comentaron que era complicado —implicaba viajar 4 horas— y sobre todo muy peligroso por la continua presencia de los mineros en la zona, tanto así, que la Fiscalía siempre ha ingresado con La Marina o la Policía. Tan bien conocen los mineros la zona, que el Fiscal señala que no han capturado a nadie, durante las 10 interdicciones realizadas, porque desaparecen entre la espesa vegetación o huyen al darse cuenta del ingreso de las autoridades dejando atrás sus campamentos y embarcaciones.

* Imagen principal: La frontera entre Perú y Bolivia, en Madre de Dios, es una zona donde presuntamente se estaría comercializando oro de origen ilegal. Foto: Vico Mendez.

El artículo original fue publicado por Gloria Alvitres en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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