El gobierno propone reducir presupuesto para orden y seguridad en el 2026 pese a ola de crímenes y homicidios

Los índices de criminalidad e inseguridad reportados en el país han alcanzado niveles sin precedentes. Solo en agosto se registraron 210 muertes por homicidio, la cifra mensual más alta del año, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

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En los primeros ocho meses del año, los decesos reportados por esta causa ya suman 1.509, un 15% más que lo reportado entre enero y agosto del 2024 y un 40% más que en el mismo lapso del 2023.

Este hecho ha tenido un impacto significativo en la opinión pública. En la primera mitad del 2025, el 52% de peruanos consideró a la delincuencia como el principal problema del país. por encima del 39,4% que opinó lo mismo en el 2024.

La ola de homicidios y la creciente percepción de inseguridad contrastan con las prioridades reflejadas en el proyecto de ley de presupuesto público para el 2026 enviado por el Gobierno al Congreso de la República. Los recursos que el próximo año se asignarán para garantizar el orden público y la seguridad alcanzarán los S/15.821 millones, S/536 millones menos que lo transferido a inicios de este año.

Pese su actual relevancia, esta es una de las 12 funciones del Estado que tendrán menos recursos para el 2026. Otros rubros clave como la salud o la previsión social tendrán aumentos lo de S/2.376 millones y S/1.075 millones el próximo año, un 7% más respecto de los montos recibidos este año.

¿En qué se invertirán los recursos para combatir el crimen? Si bien el Gobierno Central dispondrá del 85% del total (S/13.352 millones), este monto es menor que el administrado en el 2025. Las regiones y municipios recibirán S/2.469 millones, S/119 millones más que el año pasado.

Las categorías presupuestales “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” y “mejora de los servicios del sistema de justicia penal” tendrán solo la mitad de los recursos totales (S/7.871 millones).

¿Es posible revertir la situación y aumentar los recursos para seguridad? En entrevista con ECData, Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador de Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), señaló que los recursos del sector podrían aumentar en el 2026 si se incorpora el saldo no ejecutado del presupuesto de este año en este rubro, o si se le asignan fondos de otras actividades.

“El Congreso podría accionar, pero tendría que destinar recursos que van a otras cosas. No se puede incrementar el gasto como un todo. El presupuesto del Ministerio del Interior no es pequeño, puede dedicarse más recursos a tareas de inteligencia, a la capacidad disuasiva. A la policía no se le está dando todo el equipamiento que requiere. Se tiene que gastar más, pero también gastar mejor”, explicó.

En el 2025, el Mininter administra S/3 de cada S/4 presupuestados para garantizar el orden público y la seguridad. Según el proyecto de presupuesto, para el 2026, S/11.537 millones de los S/13.411 millones que dispondrán serán asignados al pago de planillas y de las pensiones. El gasto en ambos rubros aumentaría en 12% y 20% respecto a su presupuesto inicial del 2025.

Por otro lado, el gasto en la adquisición de bienes y de activos no financieros disminuiría en 15% y 74%.

“El gasto en seguridad es generalmente un gasto corriente, hay que pagar a la policía, equiparla con bienes y servicios. Si el incremento presupuestal es para contratar más personal, entonces bienvenido. Pero si es para subir más [el salario] a la fuerza que tenemos ahora, creo que no sería adecuado”, opinó.

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de CHS Alternativo, el hecho de que la inseguridad sea uno de los principales problemas debería reflejarse también en el presupuesto.

“En lugar de reducir el presupuesto en seguridad, se ha debido plantear un incremento en la compra de bienes y servicios, y de las inversiones dentro del sector. Se podría reducir la inversión en otros rubros como Defensa. La compra de aviones y de material bélico es importante, pero más interesa proteger a la ciudadanía”, sostuvo.

Según el proyecto de presupuesto, en el 2026 el Estado invertiría inicialmente S/83 millones para el combate a la minería ilegal. Si bien representa un 29% de crecimiento respecto a inicios de este año, aún sigue siendo una cantidad insuficiente.

“Es bajísimo porque está circunscrito solo a los operativos de interdicción. No están haciendo nada para todo el resto de la cadena que alimenta dicha actividad ilícita. No están controlando el contrabando de explosivos o la proliferación de procesadoras de mineral, ni las labores de inteligencia, ni el registro de los centros de acopio de minería ilegal, ni los sistemas de seguridad ilícita e irregular en torno a esta actividad con el tráfico de armamento incluido”, opinó Valdés.

El Comercio solicitó al Ministerio del Interior comentarios sobre los datos presentados en este informe. Sin embargo, hasta el momento de la publicación no recibió respuesta.