‘Vacunagate’: las implicancias regulatorias del escándalo de las vacunas , ¿hay luz al final del túnel? | OPINIÓN

Esta pequeña introducción es para poner en contexto lo que acaba de suceder con la aplicación monopólica de vacunas sin registro sanitario o autorización excepcional a altas autoridades peruanas. Al momento de escribir estas líneas se conoce que en este supuesto hay al menos cuatro autoridades (expresidente, excanciller y dos exviceministros), y en las próximas horas / días, nos enteraremos quiénes más han sido los beneficiarios de estas vacunas “de cortesía”.

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Ciertamente puede haber medidas sanitarias que sean cuestionadas políticamente (por ejemplo, que el Estado siga funcionando con sus altas autoridades debidamente vacunadas), pero lo que no se puede aceptar es la falta de transparencia de estas políticas.

Adicionalmente, en este caso se debió cumplir con ciertas normas de regulación sanitaria creadas precisamente para mitigar los riesgos derivados de cualquier problema con esas vacunas “corteses”, lo que nos lleva a las siguientes preguntas.

¿Quién va a asumir la responsabilidad en caso alguno de estos funcionarios sufra un efecto secundario imprevisto como consecuencia de las vacunas “de cortesía” aplicadas? ¿El contrato con la empresa que ha suministrado las vacunas contiene alguna cláusula sobre esta responsabilidad? ¿Está prevista en la normativa sanitaria la figura de las “vacunas de cortesía”? ¿Cuál sería la sanción por el uso de un producto farmacéutico sin registro sanitario o autorización excepcional? ¿A quién habría que sancionar? ¿Se pone en riesgo el suministro de los siguientes lotes de vacunas?

Al inicio de la pandemia uno de los bienes más requeridos eran las pruebas para detectar el COVID-19. Ya se sabe que las denominadas “pruebas rápidas” no son el mejor mecanismo para la detección temprana del virus, pero en ese momento eran la única alternativa con la que contaban, por ejemplo, las empresas de servicios esenciales (alimentos, bebidas, medicinas, entre otras) para seguir funcionando.

La normativa sanitaria pre pandemia soló permitía que estos productos sean importados a través de establecimientos farmacéuticos (droguerías).

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En un buen ejemplo de flexibilización regulatoria, el Ministerio de Salud permitió que cualquier empresa pueda importar y adquirir pruebas rápidas directamente, sin tener que pasar por el filtro regulatorio, es decir, a través de una droguería. Sin embargo, no se permitió que esta misma flexibilización aplique a la importación y adquisición directa de pruebas moleculares, mucho más efectivas para la prevención y contención de la pandemia. A pesar de ello, hoy se puede conseguir en el Perú pruebas rápidas y moleculares a precios razonables, comparando con países vecinos.

Quizá este ejemplo del Vacunagate muestre a las autoridades que concentrar la importación y distribución de vacunas únicamente a través del Estado (en un escenario de pandemia jamás visto en la historia del Perú) trae consecuencias como la que estamos viendo.

Si bien legalmente ya está autorizada la importación de vacunas por parte de establecimientos farmacéuticos, quedan algunos eslabones pendientes para garantizar una vacunación masiva y segura.

Estamos aún a tiempo de establecer reglas complementarias para –por ejemplo–, autorizar la importación directa de vacunas por parte de empresas del sector privado y permitir, con absoluta transparencia, que aquellos que así lo requieran puedan vacunarse sin ampararse en sus altas investiduras estatales.

Y ciertamente las empresas que así lo hagan deberían, a través de sus mecanismos de responsabilidad social, contribuir a una vacunación masiva que nos saque de esta pesadilla.

Quizá sea la única manera de poder darle nuevamente un beso y abrazo a nuestros padres.

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