IPE: Si en el Perú existiera menos corrupción, los peruanos podrían ganar más anualmente

La corrupción es el principal problema del país para más de la mitad de los peruanos, según Ipsos. El uso de cargos públicos para obtener beneficios privados impone costos en el día a día de las familias y los negocios, que disminuyen su confianza en las instituciones del Estado y limitan la capacidad del Perú para desarrollarse. Frente a ello, la transformación digital de las entidades públicas debería ser una prioridad de política para facilitar la transparencia, promover la integridad de los funcionarios y elevar la rendición de cuentas de las instituciones de gobierno.

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Rezagados

En el 2021, el Perú retrocedió 11 posiciones y pasó a ubicarse en el puesto 105 de 180 países en el Ránking de Percepciones de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Este indicador evalúa el grado de corrupción del sector público a partir de criterios como sobornos, desviaciones de fondos públicos, uso de cargos estatales para beneficio privado, nombramientos indebidos en el servicio civil y la capacidad de los organismos de control para contener la inconducta funcional. El bajo desempeño del Perú en estas dimensiones lo ubican muy por debajo de Uruguay (puesto 18) y Chile (puesto 27) en dicho ránking.

Revertir este rezago traería importantes ganancias de bienestar para la población. De acuerdo con cálculos de Roberto Chang, investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), si el Perú lograse escalar al puntaje que tiene Chile en el ránking, el ingreso por habitante de cada peruano sería hasta 27% superior de lo que se registra en la actualidad. Ello equivale a un aumento de alrededor de US$1.800 por año.

Costos

La corrupción trae repercusiones en diferentes ámbitos. Por un lado, crea un clima de negocios poco favorable ya que las empresas deben enfrentar mayores costos ante la solicitud de pagos indebidos para el cumplimiento de trámites en entidades públicas, como la aprobación de licencias, permisos o contratos. Según encuestas del Banco Mundial para el 2017, estos efectos serían mayores para el caso peruano: el 23% de las empresas en el Perú reporta el pago de algún soborno para obtener contratos gubernamentales, cifra superior al 14% en promedio registrado en países de América Latina y el Caribe.

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La normalización de pagos adicionales para acelerar trámites con el Gobierno implica trabas en la contratación pública de empresas y la ejecución de proyectos, lo cual se refleja en la paralización de obras por irregularidades contractuales. Más allá de los recursos que dejan de ejecutarse, esto conlleva grandes pérdidas sociales en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, según Antonella Bancalari, investigadora asociada del Instituto de Estudios Fiscales, por cada proyecto de saneamiento que no se concluye, la tasa de mortalidad de menores de cinco años aumenta en 6% por la mayor exposición a enfermedades y accidentes ante las obras inconclusas.

Asimismo, la corrupción puede elevar el costo de acceso de los hogares a servicios básicos. De acuerdo con Transparencia Internacional, el Perú es el tercer país de la región con mayor porcentaje de usuarios de servicios públicos que pagan coimas (30%). Esto es, uno de cada tres peruanos. La cifra está muy por encima de países vecinos como Chile y Argentina (13% en ambos casos). En particular, los costos asociados a la corrupción afectan en mayor medida a la población más pobre. Gustavo Yamada y Ricardo Montero, investigadores de la Universidad del Pacífico, encontraron que los hogares más pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de coimas para acceder a servicios del Estado, quienes además enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.

Gobierno digital

La evidencia internacional muestra que los países con menores niveles de percepción de corrupción tienen una mayor disponibilidad de datos abiertos provenientes de entidades públicas. Ello les brinda una mejor capacidad para adoptar de herramientas que faciliten el monitoreo en tiempo real de los funcionarios en procesos relevantes como compras públicas, entrega de licencias, licitaciones de obras, entre otros.

El desempeño peruano en estas variables contrasta con el de países de la región como Uruguay y Chile, y también de la OCDE, como Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda.

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Si bien la pandemia ha generado una mayor disponibilidad de datos abiertos en el Perú, su aprovechamiento para incrementar la transparencia de las entidades públicas aún no es el óptimo. Al respecto, la Contraloría General de la República cuenta con acceso a bases de datos que incluyen información de proveedores del Estado, compras públicas, proyectos de inversión, registro tributario de empresas, entre otros.

Una mayor interoperabilidad y análisis concurrente de estos sistemas puede facilitar la implementación de algoritmos y herramientas de aprendizaje automático que detecten de forma temprana potenciales casos de corrupción e inconducta funcional en los diferentes niveles de gobierno.