Al cierre del 2023, las tensiones sociales se mantuvieron en niveles preocupantes, evidenciando una compleja red de situaciones que afectan al ciudadano de a pie. Los datos presentados por la Defensoría del Pueblo ofrecen una radiografía del país reflejado en los 215 conflictos que, si bien han tenido una ligera reducción en comparación con el 2023, mantienen un alto nivel de persistencia respecto a los observados antes del inicio del gobierno de Pedro Castillo.
Seis departamentos, entre ellos Loreto, Cusco, Apurímac, Áncash, Piura y Puno, emergen como epicentros de la mitad de estos, apreciándose un aumento en aquellos relacionados con asuntos del Gobierno Nacional y Regional. Desde el lado de la inversión privada, generación de empleo y mayor recursos para las regiones, preocupa que 57% de los proyectos mineros que el gobierno quiere priorizar, se concentran en cinco departamentos que acumulan el 24% de los casos de conflictividad.
Desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) planteamos en el último CADE la necesidad de vincular los compromisos de solución asumidos por el Estado con los sistemas de presupuesto e inversiones, creando una unidad que dé seguimiento a su cumplimiento. Esto, porque se evidencia que muchos de los conflictos que persisten en el tiempo se originan en promesas incumplidas por parte del Estado, las que quedan “flotando” sin que nadie realmente se haga responsable y más aún, sin recursos para atenderlos.
Si bien lo anterior es importante para avanzar en la mitigación de la problemática, hay elementos estructurales que cada vez se hacen más graves, como son los vínculos que existen de esta situación de conflictos con el fuerte crecimiento de las economías ilegales. La economía ilegal, que incluye minería informal, tala de árboles y narcotráfico, representa cerca de 5 puntos del PIB (*). Este fenómeno configura un ecosistema peligroso que incluso va desarrollando fuerte conexiones con nuestras instituciones formales.
Actividades ilegales como las que se observan alrededor de la minería informal, que operan con total impunidad y con apoyo de algunos legisladores -de manera consciente o no- que ahora buscan extender el plazo de la supuesta formalización a través del REINFO, sólo terminarán generando el espacio para que la ilegalidad campee a sus anchas, logrando una mayor consolidación y conexión con la poblaciones cercanas alejando más las presencia del Estado.
Lo anterior contrasta con toda la tramitología engorrosa que enfrenta la minería formal que ve limitada el avance de sus proyectos de inversión y que incluso se ven a merced de los actos criminales de la minería ilegal como lo sucedido en Pataz. En resumen, estamos ante la presencia de un Estado bipolar que trata con “cariño” a las actividades ilegales y con mano dura a la economía formal trayendo como consecuencia un escenario que va en contra de las políticas que deberían estar alentando nuestra alicaída productividad.
Nota: (*) “Las Economías Criminales y su Impacto en el Perú”. Autores. Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera. 2022.
