

El Centro Internacional de Arbitraje de AmCham y el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú) manifestaron su preocupación por la posibilidad que se inicien acciones penales contra los integrantes de los tribunales arbitrales. Esto en el contexto de la disputa entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima por el tema de los peajes.
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“Manifestamos nuestra preocupación por la posibilidad que se inicien acciones penales contra los miembros de los tribunales arbitrales en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en un pronunciamiento.
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“Una medida de esa naturaleza es atentatoria contra uno de los fundamentos del Estado de derecho: que ninguna autoridad puede interferir en las decisiones jurisdiccionales conforme a la Constitución y a la ley”, agregaron.
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Ambas instancias también remarcaron que, conforme a las normas del debido proceso, “las partes de un arbitraje deben cumplir con las decisiones y fallos adoptados por los tribunales arbitrales o, en su defecto, pueden impugnarlos a través de los mecanismos establecidos por ley”.
“Invocamos a las partes de todo arbitraje a ejercer la defensa e sus intereses dentro del marco que establece la ley y las reglas a las que se encuentran sometidas, así como a cumplir las decisiones adoptadas por los tribunales arbitrales”, enfatizaron.
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Actualmente, existe un proceso arbitral entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima por la decisión de esta última de declarar la caducidad del contrato de concesión de los peajes.
El Tribunal Arbitral Internacional ordenó a la MML, mediante una medida cautelar, suspender dicha acción hasta que se emita el laudo final sobre el fondo de la controversia.
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Pese a ello, la gestión de Rafael López Aliaga aprobó la terminación del contrato de concesión suscrito con Rutas de Lima. Además, la Procuraduría de la Municipalidad de Lima recusó a todo el tribunal del arbitraje con Rutas de Lima y presentó denuncia penal contra sus integrantes.
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