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Una de las características principales de la política antidrogas desde el 2016 en adelante ha sido su extremada tolerancia hacia el incremento de las áreas sembradas de hoja de coca en el territorio nacional. Entre el 2015 y el 2020 dicha superficie se incrementó en más de 21 mil hectáreas, lo que representa un incremento de poco más del 53% en dicho período [ver infografía].
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Esta permisividad con respecto al cultivo ilegal ha venido acompañada también por una desaceleración de la erradicación forzada de la hoja de coca que, en el período en comparación, se redujo en más del 82%.
En julio del 2020, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) publicó –a partir de una encuesta nacional encargada al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)– el estudio “Informe sobre la demanda de hoja de coca para fines tradicionales e industriales”.
La conclusión del estudio es evidente: “A partir de los datos analizados (INEI, Enaco), se ha podido establecer que la demanda de hoja de coca con fines lícitos requiere una superficie que se encuentra en un rango de entre 8.762,91 y 9.079,78 hectáreas. Ello podría significar que la producción de un rango de entre 43.020,22 ha y 43.337,1 ha se estaría destinando al mercado ilícito” (página 34 del mencionado informe).
Es decir, no queda duda de que el 82,6% de la superficie con sembríos de hoja de coca en el Perú se orienta básicamente a fines ilícitos (pasta lavada, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína) en tanto la demanda actual para consumo tradicional, así como para uso industrial, es satisfecha solamente por el 17,4% de dicha área.
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El estudio de Devida demuestra que las más de 20.000 ha sembradas desde el 2016 en adelante han contribuido a duplicar el abastecimiento de la cadena de uso ilegal de la hoja de coca. Esta tendencia a la disminución de la erradicación se acentuará aún más en los próximos meses a niveles preocupantes. En un tuit de la cuenta oficial de Devida –publicado el 13 de febrero pasado– se reportaba que Ricardo Soberón, actual presidente ejecutivo de dicha entidad, anunciaba que se buscaba lograr que la erradicación voluntaria de la hoja de coca fuera apenas de 1.000 ha al año, en un contexto en que la erradicación obligatoria está casi detenida.
Otras señales preocupantes de la benevolencia del presidente de la República y del partido de Gobierno en favor de la expansión de la superficie cultivada de hoja de coca fue el nombramiento como ministro del Interior de Luis Barranzuela, un reconocido activista por la no erradicación del cultivo de la hoja de coca en el Vraem el 6 de octubre pasado. Barranzuela duró unas semanas porque fue removido del cargo envuelto en un escándalo público. Desde el lado del Congreso de la República, miembros de la bancada oficialista también han expresado su posición a favor de la no erradicación y hasta uno de sus congresistas, Wilson Quispe Mamani, presentó un proyecto de ley (PL 538/2021-CR) que promueve la legalización del cultivo en 13 cuencas cocaleras.
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Consecuencias
¿Qué ha significado para el país este incremento en la superficie sembrada de hoja de coca? En primer lugar, un incremento de la actividad del narcotráfico que se reflejaría [ver gráfico 2] en el significativo aumento de la droga decomisada por la Policía Nacional del Perú entre el 2015 y el 2020. En segundo lugar, ha tenido un efecto visible y significativo en la deforestación de bosques, principalmente amazónicos en el Perú, especialmente en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Madre de Dios, Junín, Loreto y Puno
En tercer lugar, esta expansión de la hoja de coca ha venido acompañada también por una escalada de violencia en los territorios indígenas. De acuerdo con el portal Ojo Público: “En los últimos cuatro años, en las cuencas cocaleras del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Pichis-Palcazu-Pachitea, Putumayo, Bajo Amazonas e Inambari-Tambopata las hectáreas de hoja de coca ilícita se han ampliado y han incrementado la violencia en los territorios indígenas. En el 2020, seis defensores ambientales fueron asesinados en el Perú, de los cuales cuatro eran indígenas que habían recibido amenazas de presuntos narcotraficantes”.
En cuarto lugar, es conocida también la alianza histórica entre narcotraficantes y grupos subversivos cuyo objeto es crear “áreas liberadas” de la autoridad pública con la finalidad de desarrollar las actividades ilícitas con mayor facilidad. Otros efectos no menos importantes que acompañan la expansión de los cultivos de coca son el aumento de la drogodependencia en la población, los mayores niveles de corrupción en las autoridades, así como el desincentivo de las actividades productivas lícitas.
En el pasado no tan lejano, el Perú ha sido un ejemplo exitoso de promoción de cultivos alternativos como el café, el cacao y la palma aceitera que permitieron una reinserción a la legalidad de un número importante de agricultores que encontraron en dichos cultivos y otros una posibilidad para salir de la pobreza. El otro camino, el de la legalización de la producción de la hoja de coca que se destina a actividades ilícitas, solo comprometerá seriamente el futuro de las nuevas generaciones del país.
Milton von Hesse, director de Videnza Consultores.
