Ana Estrada expuso sus razones ante el 11° Juzgado Constitucional para solicitar la muerte digna (CSJ Lima)
Ana Estrada expuso sus razones ante el 11° Juzgado Constitucional para solicitar la muerte digna (CSJ Lima)
Gladys Pereyra Colchado

Luego de más de 30 años con una enfermedad degenerativa, incurable y dolorosa, deberá seguir esperando si el Poder Judicial le permite acceder a una muerte digna. Esta tarde, el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, titular del 11° Juzgado Constitucional, concluyó sin un fallo la audiencia por la acción de amparo presentada hace un año por la Defensoría del Pueblo en favor de la psicóloga de 44 años.

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Tras escuchar los alegatos del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, de Ana Estrada y de representantes del Ministerio de Salud (Minsa), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), así como de Essalud, el magistrado informó que aún no emitirá una sentencia dada la “trascendencia del caso” y la alta carga procesal de su despacho. “Todavía puedo esperar alegatos adicionales y se estará sentenciando dentro de un plazo razonable”, dijo.

Un pedido sobre dignidad

“Hoy es un gran día para mí, el más esperado [...] Soy Ana Estrada, tengo 44 años, soy peruana. A los 12 me diagnosticaron polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa, irreversible y progresiva que afecta principalmente los músculos y va debilitando el cuerpo por completo”. Con una preparación previa para hablar a pesar de su traqueostomía, Ana Estrada expuso sus argumentos para solicitar una acción de amparo que le permita acceder a una muerte digna a través de la eutanasia.

En una transmisión virtual, la psicóloga explicó que desde el año 2015, cuando estuvo seis meses en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Rebagliati, su condición de salud ha ido empeorando al punto que hoy requiere asistencia las 24 horas. “La motivación por mi derecho a la muerte digna se inició cuando recaí en 2016 y me volvieron a hospitalizar. Ahí me di cuenta que esto no era vida para mí. Que había perdido todo. Me di cuenta que en mi país está criminalizado si alguien me ayuda a ponerle fin a mi sufrimiento”, explicó.

En la audiencia también intervino el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien explicó que la acción de amparo presentada solicita inaplicar el artículo 112 del Código Penal, que sanciona con hasta tres años de prisión el delito de ‘homicidio piadoso’, que consiste en penalizar “al que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores”. El recurso también pide que se establezca un protocolo que garantice el procedimiento médico de la eutanasia y la conformación de una Junta Médica en Essalud que certifique que la decisión tomada sea libre e informada.

De acuerdo con Gutiérrez, el derecho a la muerte digna está contenido en otros derechos establecidos en la Constitución y que la falta de una norma específica sobre el tema no evita que dicho derecho exista. “Nuestro pedido no es dejarla morir. Nuestro pedido es dejarla decidir hasta qué momento, hasta qué punto y en qué determinadas condiciones su vida, a juicio de ella, no sería digna de ser vivida”, sostuvo.

Tres posiciones en contra

Durante la audiencia, los procuradores del Minsa, Minjusdh y de Essalud, instituciones demandas por la Defensoría, solicitaron que se declare infundado el recurso de amparo al considerar que el tema debería ser debatido en el Congreso de la República y no a través de un proceso constitucional.

“A través de una sentencia constitucional el juez no podría inmiscuirse en asuntos que deberían ser deliberados a través de la representación nacional, que es el Parlamento [...] No consideramos que el camino de la jurisdicción constitucional sea el idóneo para el debate de una institución tan importante como el que se planea en la demanda de amparo”, dijo el procurador del Minjusdh.

Para el Minsa, por su parte, no es posible que una acción de amparo solicite la creación de un protocolo para la aplicación de la eutanasia debido a que actualmente no existen normas al respecto. “Consideramos que este tema de la eutanasia corresponde ser regulado en el Congreso de la República, a través de una norma de carácter general. Entonces sí, cuando haya una regulación de carácter normativa, el Minsa está en obligación de dictar todos los protocolos o procedimientos para que pueda llevarse a cabo”, agregó.

Finalmente, el representante de Essalud señaló que su pedido para que se desestime la acción de amparo se basa en que dicho recurso trastocaría el “principio de legalidad, el principio de corrección funcional y la separación de poderes”. “No existe ley que regule la eutanasia y se necesitan estudios oficiales de carácter técnicos y científicos que no existen. No hay protocolo para la eutanasia. Se trata de un tema técnico, tendrían que analizarse criterios como la correcta definición intolerable del dolor, la determinación de que el padecimiento es irreversible e incurable”, afirmó.

Tiempo razonable

Respecto a la decisión del juez tomarse un tiempo para resolver la demanda de amparo, Percy Castillo, adjunto para los Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría, dijo que esperan que el plazo sea efectivamente razonable debido a que la condición de Ana Estrada empeora con el paso de los días.

“Presentamos una acción de amparo porque Ana necesita atención rápida. Lamentablemente, la pandemia ha impedido que se analice con la rapidez necesaria. La idea es ganar el tiempo que Ana necesita. El tiempo no juega a su favor”, dijo a El Comercio.

Para el representante de la Defensoría, no es válida la posición de las tres instituciones de derivar la discusión sobre el derecho a la muerte digna a el Congreso de la República. En su opinión, existe evidencia de que, a través del reconocimiento de derechos en la jurisprudencia, se han impulsado normas de carácter general. “Muchos derechos se han creado por jurisprudencia y luego vienen con una ley. No es un argumento válido decir que, como no hay ley, entonces el juez no puede fallar. Precisamente, recurrimos al juez porque advertimos que hay un derecho que existe y requiere de una decisión judicial para que se operativice”, enfatizó.

Ana Estrada, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer el apoyo de la Defensoría y de quienes la respaldan en su búsqueda para poder elegir el momento en que desea terminar con su vida, antes de que la enfermedad continúe deteriorando su cuerpo.

“Ha sido un gran día. A pesar de las respuestas negativas del Minjusdh, Essalud y el Minsa, he tenido la oportunidad de ser escuchada y eso ya es una conquista. Repito: ha sido un gran día. No hemos perdido. Hemos empezado.”, dijo.

En la versión actualizada de la nota se incluyeron las declaraciones de Percy Castillo y Ana Estrada.


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