Es un tema que no ha sido visto, ni por asomo, en el debate de los candidatos, pero no por ello deja de ser urgente. La gestión actual del Ministerio de Cultura apura el paso para cerrar proyectos antes de que el Ejecutivo entregue el mando, pero deja pendientes que, según sus directivos, esperarán a que el siguiente gobierno los continúe. ¿Podemos tener confianza en ello?
En los últimos tiempos, la actual gestión del Ministerio de Cultura se enfocó en consolidar su institucionalidad tras los escándalos que antecedieron a la vacancia del presidente Vizcarra. Angela Acevedo y Leslie Urteaga, ambas viceministras de la institución, reconocen que han sido tiempos difíciles. No solo por la coyuntura política, sino la dificultad de mantener la continuidad. Para ello, fue fundamental la Política Nacional de Cultura aprobada en junio del año pasado, documento que aporta líneas orientadoras y herramientas para alinear actividades, objetivos, planes y programas. “Era necesario tener un documento matriz, que nos permita promover los derechos culturales” explica Urteaga, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
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El camino de la interculturalidad
En un país como el Perú, con 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias (según el último censo, seis millones de peruanos y peruanas se identifican como indígenas), la diversidad nos define pero también nos interpela: son justamente ellos los que sufren las más graves desigualdades. “El reto asumido por el Mincul es asumirnos como un Estado intercultural, que no solo reconozca y valores su diversidad, sino que la incorpore”, explica Angela Acevedo, viceministra de Interculturalidad. Y en esa tarea, la funcionaria reconoce que hay temas que se han consolidado, mientras que otros permanecen pendientes.
La funcionaria destaca como uno de los avances más visibles el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en interculturalidad. Esto significa, por ejemplo, tener servidores públicos certificados en lenguas indígenas. Por ello, la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas es uno de los mayores éxitos del viceministerio: su servicio permite que cualquier institución estatal pueda contar con sus servicios. “En los últimos seis meses hemos asistido más de dos mil solicitudes para traducir en 39 lenguas indígenas. Eso es claro: hablar una lengua salva una vida”, señala Acevedo.
Otro logro de su sector es la actualización del mapa etnolingüístico del Perú, un sistema de información que permite saber cuál es la lengua más hablada en determinado distrito o provincia. Las cifras son reveladoras: de los 1864 distritos existentes en el país, después del castellano el quechua es la lengua con mayor predominancia en 1113 de ellos, siguiéndole las lenguas aimara y asháninka. Esta data resultará muy útil para la Comisión permanente formada con el respaldo del Consejo de Ministros para la elaboración, seguimiento, y fiscalización de las políticas en favor de los pueblos indígenas. En ella participan además de ministros, siete organizaciones indígenas nacionales.
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La pandemia y la urgencia
Sin duda, como admite Acevedo, para un viceministerio acostumbrado al trabajo de campo, la pandemia afectó varios frentes. Desde el año pasado, recibió el encargo de atender la estrategia comunicativa sobre las medidas de precaución ante la Covid-19 como el uso de mascarillas, el lavado de manos o el distanciamiento, adaptando el mensaje oficial a la lengua indígena. Ahora se prepara para la campaña de vacunación en las comunidades campesinas y las comunidades nativas, grupo de riesgo que, a diferencia de la población urbana, su vacunación no se aplica por edad sino por espacio territorial. Es este viceministerio el que facilitar el diálogo intercultural en la intervención estatal: “El año pasado se lanzaba el mensaje de ‘Quédate en casa’, pero no funcionaba para la población indígena rural, donde debe trabajarse en el marco de la comunidad. Igualmente, en otras lenguas no existe la idea de vacunar a personas ‘de tercera edad’ o ‘adultos mayores’. Allí se habla de ‘ancianos’, de ‘sabios’. Todo ese proceso de adaptación cultural y lingüística de los diferentes materiales producidos a lo largo de la pandemia lo hemos trabajado en el Mincul y con IRTP, difundiéndolos a través de la televisión y de la Radio Nacional y radios locales”.
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Tenemos museo para julio
La llamada ubica a la viceministra Urteaga en la carretera, de regreso de Lurín, tras revisar las obras civiles ya concluidas del Museo Nacional del Perú (Muna). Para la responsable de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la inauguración de este monumental espacio, preparada para el próximo sábado 24 de julio, marcará el inicio del funcionamiento del edificio, que alcanzará el 100% de su operatividad recién en 2024. Justamente, la exposición que acompañará el abre puertas abundará sobre el proyecto del museo, cuando concluya el traslado de todas sus colecciones siguiendo el guion de una cuidada museografía. Será una muestra sobre lo que significará el museo para los peruanos en el marco del Bicentenario. “Será un espacio de cohesión social”, señala.
Otro de los logros recientes de su viceministerio está vinculado a las políticas del libro y la lectura. “Que se haya institucionalizado la Ley del Libro y su reglamento próximamente nos permitirá cada año disponer de un presupuesto para crear espacios de lectura y trabajar desde el Sistema Nacional de Bibliotecas. Los más de 15 millones de soles destinados a fines de año nos permitió comprar y distribuir 170 mil libros, algo que hace muchos años el Perú no invertía de manera masiva”, explica Urteaga.
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Los temas pendientes
Pero a pesar de las buenas intenciones, hay temas proyectados por el Mincul que deberán resolverse recién en un próximo gobierno. Para Ángela Acevedo, la deuda más grande ha sido el no haber llegado a aprobar una Política Nacional para los Pueblos Indígenas. “Es un tema clave que deberá trabajar una siguiente gestión, pues el Estado mantiene una deuda histórica con ellos. Me da mucha pena no haberlo podido cerrar, porque debe pasar antes por un proceso de consulta previa y eso demora. Dejaremos el borrador del documento para que se continúe. Se trata de algo prioritario, un instrumento de gestión que han demandado las organizaciones y comunidades, donde se identifican claramente los lineamientos, los objetivos y los servicios que el Estado debe prestar, pero que también se evidencie el presupuesto otorgado. No podemos entrar al Bicentenario sin una política clara de pueblos indígenas”, precisa. Acevedo espera también que el próximo congreso retome el postergado debate de la Ley contra la discriminación étnico racial.
Por su parte, Leslie Urteaga reconoce que aún falta un buen trecho para lograr el empoderamiento de las oficinas desconcentradas de Cultura en el país, y espera que la gestión siguiente fortalezca este objetivo al vincularse más estrechamente con los gobiernos locales y regionales. “Nuestro sector no se agota en las bibliotecas o la gestión de autorizaciones. La gestión es mucho más vasta, incluye patrimonio cultural inmueble, museos y problemáticas sociales latentes, como podemos verlo en las recientes invasiones en sitios arqueológicos. El vínculo con los gobiernos locales y el reconocimiento de estos de su propio patrimonio y cómo se gestiona es algo que hemos avanzado y esperamos que pueda continuar”, afirma.
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También queda como pendiente la Ley del Artista. Para julio próximo, antes del final de la gestión, el Mincul entregará un proyecto de Ley consensuado que derogue la actual Ley 28131 tras 17 años operativa, y la reemplace con un marco legal más moderno, que incluya seguridad social y servicios de salud.
También quedará en manos de un futuro gobierno el proyecto de Centros Históricos inserto en el Pacto por la Cultura que el Mincul trabaja con la Unesco. Este plan, con el aporte económico del BID y el apoyo del sector privado, intervendrá en los próximos años dos centros históricos en riesgo: el tradicional distrito del Rímac y la histórica ciudad de Huamanga. “Si todo va bien, estaremos comenzando en junio los trabajos de organización administrativa junto con las municipalidades, el BID y el Mincul para decidir cómo se va a intervenir las fachadas y los espacios públicos”, explica la viceministra.
También quedarán para ser inaugurados en los próximos años proyectos emblemáticos como el Centro de Interpretación de Machu Picchu, o el nuevo edificio del Archivo General de la Nación. Problemas administrativos y la misma pandemia impidieron que se cumplieran los plazos inicialmente previstos. En el primer caso, Urteaga confía en sacar el proyecto a concurso público en julio próximo.
¿Podemos creer que un nuevo gobierno respete la Política Nacional de Cultura? Para Acevedo, se trata de un mandato legal que quizás una nueva autoridad pueda no conocer, pero siempre habrá un funcionario o los propios beneficiarios que lo reclamen. “El marco normativo te ayuda a institucionalizar”, afirma. Coincidiendo con la colega, Urteaga cree que será el mismo trabajo y el diálogo con los gobiernos locales, los gremios, las juntas vecinales y los colectivos organizados del país los que garanticen que lo avanzado en la participación conjunta en las políticas públicas no se pierda. Ojalá.
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