
Daddy Yankee colocó nuevamente su nombre en el centro del ámbito legal al presentar una nueva demanda federal que involucra directamente a Raphy Pina, su exesposa Mireddys González y el licenciado Edwin Prado, junto con varias entidades asociadas a ellos.
La acción legal, radicada por Los Cangris, Inc. y por el propio artista en el Tribunal Federal, también incluye al asistente musical Andrés Coll, además de otras compañías señaladas por su presunta participación en un esquema prolongado.
Es a partir de este punto cuando el documento judicial revela el presunto delito central: se alega la existencia de una organización estructurada cuyo objetivo habría sido apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y otros artistas, en violación del RICO Act federal y de la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico.
Según el expediente, al cual tuvo acceso People en Español, este supuesto entramado habría modificado archivos oficiales y provocado pérdidas millonarias.

El documento detalla que, desde alrededor de 2015, Pina y su círculo habrían manipulado split sheets, contratos y formularios de copyright para posicionar a Pina como coautor de canciones reconocidas. Esta presunta alteración habría reducido los ingresos legítimos del artista e impactado los registros de múltiples producciones. También se describe el uso de intimidación, coerción e incluso violencia para evitar que los afectados reclamaran.
Los demandantes solicitan compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que un esquema similar vuelva a repetirse. Argumentan que los daños no solo fueron financieros, sino también culturales, afectando la integridad del reguetón y su legado.
En el caso de Andrés A. Coll-Fernández, se señala que sirvió como figura clave al validar y distribuir declaraciones de publicación consideradas fraudulentas. Estas acciones habrían ayudado a encubrir el presunto esquema y a generar beneficios económicos para los involucrados.
Sobre Mireddys González, la demanda afirma que actuó como administradora dentro de la operación, preparando asignaciones que aumentaban de manera irregular las participaciones de Pina-Nieves y reducían las del artista. También se alega que transmitió documentos a través del comercio interestatal y que excluyó a Daddy Yankee de comunicaciones esenciales para mantener oculta la apropiación.

Respecto al licenciado Edwin J. Prado-Galarza, el recurso indica que firmó y circuló documentos que contenían afirmaciones fraudulentas, incluyendo el Acuerdo de composición del título principal y el Memorándum de Comprensión de la canción “Buena Vida (Remake)”.
En conjunto, la querella plantea un esquema complejo que, de probarse, habría distorsionado procesos creativos, financieros y legales dentro de la industria musical. Ahora será el Tribunal Federal quien determine el rumbo de un caso que sigue sacudiendo los cimientos del reguetón.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí












