Las comunicaciones de emergencia realizadas al 911 desde centros privados de detención migratoria en California podrían enfrentar nuevas reglas de acceso público. Una iniciativa aprobada por los legisladores estatales, que ahora espera la decisión del gobernador Gavin Newsom, busca modificar la manera en que se maneja información relacionada con incidentes ocurridos dentro de estas instalaciones. Se trata de la SB 423, Detention Facility Transparency Act. ¿Qué cambios contempla el proyecto, por qué fue presentado y cuál es su situación actual? En esta nota te contamos los detalles.
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La SB 423 fue impulsada por la senadora estatal Lena A. González, demócrata de Long Beach. La propuesta surgió después de una investigación periodística de CalMatters sobre denuncias de agresión sexual en el centro de detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego, y las dificultades para obtener registros de llamadas al 911 relacionadas con esos casos.
La iniciativa obligaría a agencias locales, como departamentos de policía, bomberos y centros de despacho, a responder solicitudes de registros vinculados con llamadas de emergencia desde centros privados de detención (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
¿QUÉ ESTABLECE LA SB 423 SOBRE LAS LLAMADAS AL 911 DESDE CENTROS MIGRATORIOS?
La SB 423 busca que los centros privados de detención migratoria no puedan mantener en reserva, de forma general, las llamadas de emergencia realizadas desde sus instalaciones. “Cuando los periodistas intentaron obtener registros sobre incidentes denunciados en estas instalaciones a través de la Ley de Registros Públicos, se enfrentaron a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas del orden, que alegaron exenciones vagas para los registros de investigación, a pesar de que no había ninguna investigación en curso”, dijo González antes de la votación del Senado estatal el 31 de agosto, se lee en el comunicado de su oficina.
La medida modificaría la Ley de Registros Públicos de California para obligar a las agencias locales, cuando exista una solicitud pública, a divulgar:
- Grabaciones de llamadas al 911 originadas en centros privados de detención.
- Registros escritos y documentos vinculados a esas llamadas.
- Información relacionada con otras solicitudes de servicios de emergencia realizadas desde esas instalaciones.
La obligación se dirige a las agencias públicas que reciben o poseen los registros —por ejemplo, departamentos locales de policía, bomberos o centros de despacho de emergencias—, no directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni al centro de detención privado.
Límites y protecciones
El proyecto no obligaría a divulgar todo sin restricciones. Permite que una agencia retenga información si su difusión interfiere de manera sustancial con una investigación activa. Además, exige eliminar o proteger nombres e información sensible de víctimas y otras personas afectadas antes de entregar los documentos.
El objetivo es equilibrar la transparencia sobre episodios como emergencias médicas, denuncias de violencia o problemas de seguridad, con la privacidad de las personas detenidas y la integridad de investigaciones en curso, publicó Calmatters.
“El proyecto de ley SB 423 haría obligatoria la divulgación de información sobre las llamadas procedentes de centros de detención privados, a menos que ello interfiera sustancialmente con una investigación en curso que esté llevando a cabo la agencia que recibe la solicitud”, manifestó.
¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE LEY?
| Etapa | Situación |
|---|---|
| Autoría | SB 423 fue presentada por la senadora Lena González, demócrata de Long Beach. |
| Aprobación legislativa | Fue aprobada por la Asamblea el 31 de agosto, con votación de 58 a 16, y por el Senado el 1 de septiembre, con 30 votos a favor y 10 en contra. |
| Estado actual | Está pendiente de la decisión del gobernador Newsom. |
| Fecha límite | Newsom tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para firmarla o vetarla. |
Por lo tanto:
- Si Newsom la firma, se convertiría en ley y ampliaría el acceso público a registros de emergencias provenientes de centros privados de detención migratoria en California.
- Si la veta, no entraría en vigor, salvo que la Legislatura intente anular el veto con las mayorías requeridas.
- Si no emite un veto antes de la fecha límite, la iniciativa se convertirá en ley de manera automática.
OJO: en caso de ser aprobada, la normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2027.
Newsom deberá definir si California amplía el acceso público a llamadas y reportes de emergencia vinculados con centros privados de detención migratoria (Foto: AFP)
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