
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció que unas 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes en California serán revocadas. Y aunque en apariencia suena a un simple trámite burocrático, detrás de esta decisión hay una historia de tensiones políticas, errores administrativos y, sobre todo, personas que ahora no saben qué pasará con su futuro.
Lo cierto es que este anuncio ha sacudido a la comunidad migrante en California, un estado que históricamente ha sido más flexible y empático con quienes buscan trabajar legalmente en el país. Pero el mensaje desde Washington fue claro: las llamadas non-domiciled CDLs (licencias comerciales para extranjeros sin residencia permanente) no cumplen con los nuevos requisitos federales, y en 60 días quedarán sin efecto.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Todo comenzó meses atrás, cuando el Departamento de Transporte puso la lupa sobre los camioneros inmigrantes que manejaban con licencias emitidas en California. El detonante fue un trágico accidente en Florida en el que murió una familia. El conductor, Harjinder Singh, originario de India, tenía una licencia comercial californiana que cumplía —según el propio Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)— con todos los requisitos de ley. Aun así, el caso sirvió como argumento para que el secretario de Transporte, Sean Duffy, ordenara revisar los permisos otorgados a extranjeros.
¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES FEDERALES?
El DOT argumenta que California otorgó licencias que excedían el tiempo de vigencia de los permisos de trabajo federales. En palabras más simples: algunas licencias estaban activas incluso después de que el permiso laboral del conductor había vencido. Para Duffy, eso fue una violación directa a la ley. “Mi equipo continuará forzando a California a demostrar que ha retirado a cada inmigrante ilegal del volante de camiones y autobuses escolares”, declaró el secretario.
Además, desde mayo, el Departamento de Transporte impuso una nueva regla que exige que todos los conductores comerciales hablen inglés con suficiente fluidez para comunicarse, leer señales de tránsito y responder preguntas oficiales. La norma, que revive una ley federal que no se aplicaba desde 2014, se convirtió en un nuevo filtro para miles de inmigrantes que trabajan en el transporte.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE CALIFORNIA
El gobernador Gavin Newsom no se quedó callado. A través de su portavoz, Brandon Richards, criticó duramente a Duffy en redes sociales. “Una vez más, Sean ‘Road Rules’ Duffy no comparte la verdad, sino que difunde falsedades fácilmente refutables”, escribió. Según la oficina del gobernador, las licencias que serán revocadas pertenecen a personas con presencia legal y autorización federal para trabajar, es decir, no se trata de inmigrantes indocumentados, como ha querido hacer creer el gobierno federal.
Newsom aseguró que el problema se debe a una inconsistencia técnica entre la ley estatal y los nuevos lineamientos federales, que no existían cuando se emitieron las licencias. Por eso, calificó la decisión de “excesiva” y “políticamente motivada”.

LOS AFECTADOS
Muchos de los 17,000 conductores afectados son inmigrantes que llegaron a Estados Unidos buscando estabilidad y encontraron en el transporte una oportunidad de sustento. Algunos provienen de países como India, México, Filipinas y Guatemala. La mayoría obtuvo su licencia después de pasar las verificaciones del Sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que confirma el estatus migratorio de los solicitantes antes de emitir una licencia con Real ID.
Hoy, esos mismos conductores enfrentan la posibilidad de perder su empleo en cuestión de semanas, justo cuando el país enfrenta una escasez nacional de choferes de carga, según la American Trucking Associations (ATA).
¿QUÉ PASARÁ AHORA?
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) no ha ofrecido comentarios detallados sobre cómo implementará la medida. Mientras tanto, los conductores afectados han recibido notificaciones de que sus licencias expirarán en 60 días. Algunos sindicatos y organizaciones de defensa de inmigrantes ya analizan presentar demandas para frenar la revocación.
Son 17,000 familias que dependen de un trabajo que, por años, se ha considerado esencial. En plena temporada de fin de año, miles de camioneros podrían quedarse sin empleo por un cambio de reglas que ni siquiera existía cuando obtuvieron su licencia.

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