La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno del presidente Nicolas Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales.
Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
LEE TAMBIÉN: Cómo el fallido alzamiento del Grupo Wagner podría afectar la guerra de Rusia en Ucrania
La CPI, con sede en La Haya, indicó en comunicado que los jueces de la jurisdicción consideraron que aunque “Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”.
Agregó que llegó a su conclusión “sobre la base de las observaciones y el material recibidos”. Por lo tanto los jueces decidieron autorizar al procurador Karim Khan “reanudar la investigación” sobre la situación en Venezuela.
“En cuanto a los factores que la Sala consideró determinantes para su conclusión, encontró que Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, indica el comunicado.
“Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior”, señaló.
SEPA MÁS: Insultos, demandas y concesiones: así fue la negociación entre Prigozhin y Lukashenko
También indicó que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”.
Según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el procurador de la CPI se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio.
La justicia venezolana inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante la movilización de 2017, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.
En noviembre de 2021, el procurador de la CPI anunció, al lado del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, que pasaba de una investigación preliminar abierta en 2018 a una investigación formal.
“Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, puntualiza el comunicado.
La Sala estuvo integrada por los jueces Péter Kovács como presidente, además de Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
