El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece durante una reunión con diputados y senadores del Partido de los Trabajadores, el 18 de febrero de 2020. (Sergio LIMA / AFP).
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece durante una reunión con diputados y senadores del Partido de los Trabajadores, el 18 de febrero de 2020. (Sergio LIMA / AFP).
Agencia EFE
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La Fiscalía General de Brasil reconoció este martes la prescripción de uno de los casos por los que el expresidente pasó 580 días en la cárcel y pidió a la Justicia archivarlo definitivamente.

De acuerdo con el organismo, por la edad de Lula (76 años) y por una decisión de la Corte Suprema que anuló la primera condena en este caso y ordenó reiniciar el proceso, entre otras razones, sería inviable rehacer el juicio, pues por ser un acusado mayor de 70 años los plazos para la prescripción se reducen a la mitad.

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“Analizando las sentencias, Luiz Inácio Lula da Silva tuvo su condena revisada por el STJ (Tribunal Superior de Justicia), haciéndola definitiva por el delito de blanqueo de capitales en 3 años y 4 meses de prisión y por el delito de corrupción pasiva en 5 años, 6 meses y 20 días”, indicó la Fiscalía.

Sin embargo, aclaró que para este caso se aplica el plazo de prescripción “previsto en el artículo 109, incisos II y III, del Código Penal, reducido a la mitad, por lo que queda prescrita la posible punición estatal”.

De ese modo, “no existe un presupuesto procesal para el ofrecimiento o ratificación de la denuncia sobre los hechos imputados” a Lula, agregó el Ministerio Público Federal en un parecer de 17 páginas sobre la decisión de la Corte Suprema de que el proceso sea reiniciado en tribunales de Brasilia.

Se trata de un caso relacionado con un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, que supuestamente Lula habría recibido a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

El edificio donde está el tríplex que habría recibido Lula de OAS.
El edificio donde está el tríplex que habría recibido Lula de OAS.

Por ese caso, el exlíder sindical llegó a pasar un año y siete meses tras las rejas condenado por corrupción y lavado de dinero, que fue una de las tres sentencias de cárcel dictadas en primera instancia que la Corte Suprema anuló y ordenó que fueran juzgadas nuevamente por la justicia federal, por conflictos de competencias.

Según el Supremo, Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, quien no tenía “competencia jurídica” para analizar esos casos, por lo que ahora quedaron a manos de la Justicia federal de Brasilia, que debería que decidir sobre el curso de cada uno de las causas.

La decisión afectó tres procesos: el del apartamento de Guarujá, el de una casa de campo en la localidad paulistana de Atibaia y una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el exmandatario.

En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, que fueron 17 años en el caso referido a la casa de campo, en tanto que en el asunto referido al instituto aún no hay sentencia firme.

Por esas condenas, Lula llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado el 9 de noviembre de 2019 una vez que la Corte Suprema alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona solo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

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