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Cientos de personas protestaron este jueves en la plaza del pueblo costero de donde salió la embarcación cargada de migrantes venezolanos que naufragó en ruta a Trinidad y Tobago, dejando un saldo oficial de 28 muertos.
Güiria (Sucre, noreste de Venezuela), a unos 100 km de Puerto España, se ha convertido en una popular ruta de salida para quienes, huyendo de la crisis, quieren entrar ilegalmente a Trinidad.
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Pero la travesía es muy peligrosa y cientos de personas han desaparecido, aunque nunca en los otros naufragios reportados han aparecido los cuerpos.
Todos las personas a bordo del bote que salió el 6 de diciembre y naufragó eran de este pueblo, que se pasea entre la tristeza en cada funeral y la indignación por lo que aseguran fue una respuesta pobre en el rescate y en el control de operaciones de tráfico de personas.
“¡Justicia, justicia!”, gritaban unos 800 manifestantes que marcharon desde la plaza del pueblo, donde está la iglesia, por las calles con pancartas, silbatos y banderas venezolanas.
Las autoridades venezolanas, que abrieron una investigación, dispusieron desde hace dos días de un helicóptero para apoyar la búsqueda de víctimas de este naufragio, cuyas condiciones no están muy claras.
Solo se sabe que los primeros cuerpos aparecieron a 13 km de la costa venezolana el pasado viernes y fueron hallados por un patrullero guardacostas.
No obstante, Tadira Mata, profesora de educación física, aseguró que la respuesta oficial llegó muy tarde.
“Desde el momento en qué pasó esto aquí no hubo quien ayudara, quienes salían a buscarlos eran los pescadores con su poquita gasolina”, dijo a la AFP esta mujer que asegura perdió a 10 exalumnos en el naufragio.
Cuadrillas de pescadores siguen saliendo todos los días de madrugada para buscar. A veces pasan todo el día y hasta la noche.
La corrupción es terrible
La marcha llegó hasta el comando de la Guardia Nacional, que es responsable del tránsito de las embarcaciones.
“La corrupción es terrible en la Guardia Nacional, solo les interesa el dinero que le lucra la entrada y salida de los botes”, criticó por su parte Carla, de 40 años, habitante del pueblo y presente en la protesta.
“No le importa la responsabilidad, ni que salga un zarpe, ni que haya nada legal para tener constancia de quién va, quién viene, qué cantidad de gente está saliendo porque entendemos que la gente se quiera ir, pero dale la oportunidad que se puedan ir legal”.
El Ministerio Público anunció el mismo jueves que pidió la captura de siete militares de la Guardia Nacional por extorsión, como resultado de una investigación vinculada con lo ocurrido.
Las autoridades ya detuvieron a dos personas por el caso: el dueño de la embarcación y el propietario de la hacienda de la cual partió. Serán imputados, explicó el fiscal Tarek William Saab, por “tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir”.
Según Saab, cada uno de los migrantes a bordo del bote pagó 150 dólares a lo que definió como una “mafia” de tráfico humano, sobre la que su despacho emitió cuatro nuevas órdenes de captura.
Pidiéndole a Dios
Más temprano, en uno de los tres cementerios del pueblo, Hipólito Urbano, de 22 años, recibía sepultura.
“Este es el número 29”, contaba uno de los encargados de coordinar los entierros de las víctimas del naufragio, que explicó que el cuerpo fue hallado después de que se diera el balance oficial.
Al joven lo sepultaron en una fosa común de bloques con cemento que se construyó “en un día”, dijo a la AFP un funcionario de la alcaldía.
Al menos 18 de los cuerpos reposan en este lugar, mientras que los demás se han enterrado en tumbas particulares.
“Esta situación nos golpea a todos por igual en el pueblo porque todos tenemos algún vínculo familiar, todos nos conocemos, somos como un árbol”, expresó César Noriega, quien junto a otros dos voluntarios facilitó su camión y su generador eléctrico para trasladar cadáveres y brindar iluminación en los entierros nocturnos.
“Tengo un primo que estamos esperando por él, se llama José Carlos San Vicente, estamos pidiéndole a Dios todos los días que aparezca”.
La ONU estima que más de cinco millones de venezolanos dejaron su país desde 2015 forzados por la crisis y que unos 25.000 eligieron a Trinidad y Tobago como destino.
La isla, de 1,3 millones de habitantes, señala que facilitó el registro a 16.000 venezolanos.
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