Hace varios años que vivimos en una constante crispación política y social. En este río revuelto, las prioridades se trastocan y el ruido es aprovechado por intereses rentistas. Ello no es ajeno al sector Cultura. Si bien tiene el potencial de convertirse en un sector productivo, gracias a los miles de activos culturales valiosos que tenemos, en la coyuntura actual está ganando la postura que concibe al patrimonio cultural como traba para el desarrollo.
La Ley del Patrimonio Cultural ha sido modificada para permitir la lotización (urbanización) de áreas y zonas protegidas. En tanto, el Ministerio de Cultura propone en el nuevo reglamento un procedimiento de lotización ‘express’ y la eliminación de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), a pesar de que la inversión privada formal ya los tiene interiorizados. Estos cambios han motivado el rechazo público de múltiples instituciones, universidades y exautoridades del sector Cultura.
También está considerando al patrimonio histórico como un patrimonio de segunda clase, inferior al prehispánico. En caso de hallazgo fortuito de los primeros, ya no sería obligatorio paralizar las obras. Para las casonas virreinales, en lugar de proponer medidas de fomento para ponerlas en valor, permitirá quitarles la condición de patrimonio cultural cuando representen un riesgo para sus ocupantes; o sea, la mayoría. En cambio, si en lugar de demoler usted elige desarrollar actividades económicas en dichos inmuebles, deberá suscribir actas de colaboración para asegurar su gestión participativa, lo que será fiscalizado de forma inopinada. No se entiende.
Lo del valor del patrimonio cultural como activo para el desarrollo no es retórica. El Coliseo Romano representa una contribución anual de 1.400 millones de euros a la economía italiana (“The Value of an Iconic Asset”, Deloitte Italy, 2022). Es el monumento más visitado en Italia con 19.000 personas al día. En los últimos años, el sector privado ha invertido 25 millones de euros en su puesta en valor –gracias a incentivos tributarios– habilitando nuevas zonas de visita, rutas y experiencias, permitiendo un mayor flujo de visitas sin perder de vista su fragilidad como monumento.
Machu Picchu es nuestro destino ancla con 4.044 visitantes diarios como máximo y todo apunta a que en unas semanas se incrementará a 5.600. Si bien es un activo muchísimo más frágil que el coliseo, dicho incremento no sería consecuencia de acciones específicas, como la construcción de un centro de visitantes, la habilitación de nuevos senderos y el monitoreo permanente del flujo turístico, tal como lo consideró un informe técnico sobre su capacidad de carga (Comer, 2015).
Hay que recordar que el proyecto del centro de visitantes llegó a nivel de expediente técnico para ser ejecutado mediante obras por impuestos. Sin embargo, en el 2016 se canceló por presión de intereses locales, que lo entendieron como un competidor comercial. Machu Picchu es nuevamente presa de esos intereses miopes, que ahora se oponen a la venta en línea del 100% de las entradas.
Exprimir al turista y al activo, así como perforar el sistema legal de protección son errores igual de monumentales. Nuestras autoridades tienen el deber de corregirlos y cumplir su mandato de proteger el patrimonio cultural y de servir al interés general. El equilibrio entre conservación e inversión es posible, como en Italia.
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