Protección social integral y universal: una promesa pendiente, por Igor Garafulic

A menos de diez años para cumplir con la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), queda claro que necesitamos redefinir acciones prioritarias, articular esfuerzos y avanzar más rápido para lograrlos. Pocos países han hecho los cambios estructurales requeridos para cumplir con los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional y si bien el Perú ha tenido importantes avances, aún resta un largo camino por recorrer.

El Perú acaba de suscribir un nuevo marco de cooperación con las Naciones Unidas para el período 2022-2026 cuyo objetivo principal es precisamente impulsar el trabajo coordinado entre la ONU, el Gobierno y la sociedad para apoyar al país a alcanzar la Agenda 2030 y las prioridades nacionales de desarrollo sostenible.

El más reciente Análisis de País elaborado por Naciones Unidas nos ha permitido identificar que, además del innegable impacto que ha tenido el COVID-19 en los avances de los ODS en el Perú, el país ya venía enfrentando una serie de desafíos estructurales e institucionales a los que debemos responder de forma colectiva e inmediata para avanzar al ritmo esperado.

Entre estos desafíos, destaca la ausencia de un sistema de protección social integral y universal, como está contemplado en el ODS 1, y que hubiese dado una respuesta efectiva a los efectos de la pandemia y otras crisis en favor de los más vulnerables. Como se hizo evidente con la llegada del coronavirus, el Perú aún no cuenta con un piso de protección social que garantice acceso al menos a una atención de salud esencial y a una seguridad mínima del ingreso para el acceso efectivo a bienes y servicios básicos a nivel nacional, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.

Así, en la actualidad, menos de tres de cada diez trabajadores aportan a la seguridad social y, por lo tanto, no están cubiertos en caso de muerte, vejez, invalidez o enfermedad, y solo el 25,3% lo hace al sistema de pensiones. La situación es más desfavorable para las mujeres, cuya participación es tan solo del 21,4%. En el caso de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la relación es aún más baja. Esto último debido a que el sistema no cubre a todos los trabajadores registrados, sino solo a aquellos que laboran en las actividades consideradas de alto riesgo. La realidad de las personas adultas mayores no escapa de la desprotección pues, a finales del 2019, el 41,3% no contaba con ningún tipo de ingreso o pensión.

Además, una gran parte de la población continúa sin disponer de mecanismos de protección integral que permitan enfrentar la pérdida de ingresos derivada de la falta de empleo, ni tiene acceso a programas y servicios para mejorar su empleabilidad y, con ello, su reinserción al mercado de trabajo.

En nuestro nuevo Marco de Cooperación 2022-2026, elaborado de manera participativa e inclusiva, hemos puesto un gran énfasis en garantizar el bienestar de las personas. Para ello, se está organizando el trabajo de 22 agencias, fondos y programas de la ONU en el Perú para lograr que, al 2026, las personas aumenten su acceso al trabajo decente y a un sistema integral de protección social que asegure el acceso universal a la salud (incluyendo, por supuesto, a la salud sexual y reproductiva), nutrición, seguridad alimentaria, vivienda digna, seguridad básica de ingreso y sistema de cuidados con un enfoque de género y derechos humanos.

Estamos convencidos de que este nuevo plan de acción reforzará el trabajo que viene realizando Naciones Unidas en el país desde hace décadas, y contribuirá a que el Perú avance a paso firme y acelerado hacia el 2030, garantizando que nadie se quede atrás.