Promoviendo la informalidad, por Guillermo Cabieses

Nuestras autoridades suelen denunciar la informalidad como nuestro principal problema, pero a veces parecen promoverla. Con el recientemente aprobado D.S. 030-2020-EF el Estado obliga a las entidades del sector financiero a revelar ante la autoridad fiscal los saldos y movimientos de las cuentas de sus clientes que superen, en el agregado, S/ 10.000.

Esta norma no es otra cosa que la aplicación estricta de un mandato religioso que la eclesiástica OCDE impone sobre los países que quieran pertenecer a ella. Para este club de burócratas, todas las actuaciones de los privados pueden ser escudriñadas e, incluso, muchas deben ser previamente aprobadas por el Estado. La reciente ley de control de concentraciones empresariales es otro ejemplo de la aplicación de estos consejos controlistas.

Este camino se inició con el ITF, que confiere a la autoridad fiscal información respecto de los movimientos financieros que hacemos los pocos formales que operamos a través de sistema financiero. Ahora, se obliga a las entidades financieras revelar los saldos de sus clientes.

La Constitución consagra el secreto bancario (art. 2, inc. 5). Este impide que la información financiera de las personas pueda ser revelada, a menos que un juez, el fiscal de la Nación o una comisión congresal así lo ordene. Esa protección que otorga la Constitución no puede ser vulnerada por dispositivo legal alguno.

La inconstitucionalidad de la norma es razón suficiente para descartarla de plano. Sin embargo, hay que denunciar también el contrasentido económico. Es un despropósito que en un país con una informalidad sistémica se haga más compleja la vida de los pocos formales. Se los empuja a la informalidad.

¿Tiene sentido, acaso, tener miles de fiscalizadores hocicando en las decisiones personales que cotidianamente hacemos sin documentar? Prestarle S/10.000 a una hermana o un primo para que pague gastos médicos podría terminar siendo objeto de fiscalización porque no se tributó sobre el interés presunto. Los regalos que se haga podrían requerir de una escritura pública de donación para evitar que sean considerados un desbalance patrimonial. Los padres harán bien en pagar directamente los gastos de sus hijos universitarios, a fin de evitar que estos enfrenten una fiscalización en la que deban sustentar el origen del saldo de S/10.000 que tenían en su cuenta hace cuatro años.

¿Es que ahora por ser formal tendremos que documentar cada cosa que hacemos? ¿Tiene sentido incentivar que las personas se alejen del sistema financiero y opten por manejarse en cash, evitando de paso el ITF?

Es absurdo elevar el costo de la legalidad y denunciar, al mismo tiempo, la informalidad como el principal problema del país.