Esperando a Bukele

El 17 de noviembre del 2023, un grupo de vecinos del barrio de Castilla, en el Callao, participó en una sesión en la que contarían cómo era vivir en un territorio peligroso. El puerto es un espacio tradicional de delincuencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2020 fue la provincia con más muertes violentas asociadas a hechos delictivos. Entre enero y noviembre del 2022, hubo 5.382 robos a personas, 88 fallecidos por ajustes de cuentas y 348 atentados. Al año siguiente, el gobierno regional pidió que la jurisdicción fuera declarada en emergencia, por los “niveles alarmantes” de criminalidad. No le hicieron caso. Para entonces, la inseguridad ya se había convertido en el primer problema nacional. El Callao no parecía el peor lugar.

Los vecinos narraron animadamente sus experiencias. En cierto modo estaban vinculados al Monumental Callao, un proyecto urbanístico-cultural que administra la Casa Fugaz, con ofertas artísticas, turísticas y gastronómicas. Algunos hacían música, otros prestaban servicios de vigilancia o limpieza, otros eran artesanos, otros hacían deporte en una academia. Llegaron amigos del barrio. La mayoría fue víctima o presenció algún robo o asalto, o era pariente o amigo de personas que delinquían. Estas podían haber muerto asesinadas o aun estar presas. Los testimonios fluyeron vívidos e impactantes. Al final trascendió algo sorprendente: un ánimo esperanzado y un fervor unánime por el Callao.

La reunión fue una iniciativa de Diálogos por el Perú, que encabeza Carmen McEvoy e integra un grupo de asociaciones civiles. La sesión estaba dirigida por el director de teatro Alejandro Guzmán. Los presentes hablaron de sus problemas, sus anhelos, sus defectos y sus temores. La mitad temía ser asaltada, la otra mitad no. Ninguno quería vivir fuera del Callao. Les gustaba su gente, su comida y su ambiente. Cuando Guzmán les preguntó cómo enfrentarían la delincuencia –saberlo era un objetivo de la actividad– la mayoría mencionó a la educación, la música o el deporte. Debía reforzarse a la policía, dijeron. Hubo consenso en que la seguridad no debía ser militarizada.

¿Por qué un grupo así va a contracorriente de un sentimiento que parece ganar terreno en la población: el de la mano dura? Los organizadores concluyeron que era por la influencia cultural de la Casa Fugaz. Esto podría discutirse, pero los resultados de la consulta eran inequívocos. El equipo convocante fue después a Trujillo, donde crecía una ola delictiva sin precedentes. Aparecía un muerto por día. La última víctima había sido un comerciante, a quien falsos policías sacaron a rastras de su tienda, conforme pudo verse en la filmación que hizo una cámara de seguridad. El hombre apareció días después, desorejado y sin dos dedos de la mano.

El local de la segunda convocatoria, el 27 de noviembre, fue un salón de espectáculos en desuso frente al pampón que hace las veces de plaza principal de Alto Trujillo, uno de los distritos más afectados por la violencia en La Libertad. Tiene 100.000 habitantes que viven bajo extorsión y amenazas. No es que sean empresarios: son gente pobre que tiene que pagar cupos para poder trabajar. La comisaría del lugar, con 20 policías y una camioneta eventualmente malograda, no disuade a la delincuencia. Los pobladores, desesperados, se han constituido en brigadas para patrullar y reaccionar ante los incidentes. En la reunión, donde participaron una treintena de ellos, la mayoría eran mujeres. Llevaban una chaqueta distintiva y un látigo llamado binza, hecho con vejigas trenzadas de toro. Sus dirigentes son vecinos que decidieron poner la cara después de haber sido muchas veces amenazados. La forma de organización la denominan ronda urbana, que no tiene amparo legal.

Una vecina contó la violación de una muchacha a la que tuvieron que auxiliar sin apoyo alguno de la policía. Otra, las peripecias del año que lleva buscando a su madre, secuestrada cuando iba a pagar un préstamo. El incumplimiento de cuotas por créditos ilícitos puede ser castigado con la activación de explosivos en la vivienda del deudor. Debe pagar quien tiene cualquier negocio, por pequeño que sea, como una tiendita o un puesto de verduras en el mercado. Una señora contó que le cobraban porque su casa tenía más de un piso, a razón de 50 centavos diarios por cada uno. Las extorsiones pueden hacerse por mensajes telefónicos, por intermediarios desconocidos o incluso a través de un familiar, al que los delincuentes amenazan para obtener información y convierten luego en mensajero. Yernos, primos, hermanos pueden ceder para salvar su pellejo. La desconfianza hacia la policía es general. Los pobladores prefieren cuidarse a sí mismos, aunque reclaman apoyo de las autoridades. A diferencia de los del Callao, plantean soluciones drásticas: militarización de la seguridad, expulsión de los extranjeros ilegales, fortalecimiento de las rondas urbanas. Dijeron, sin ambages, que están esperando a un Nayib Bukele.

A continuación, Diálogos por el Perú organizó en Lima una sesión de expertos sobre seguridad ciudadana. Las dos experiencias anteriores les fueron reseñadas. Debatieron sobre las causas de la situación actual y sobre las medidas para enfrentarla. Condujo la reunión Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, que dirige Mosaico, un laboratorio social que apoya a los organizadores. Todavía no hay conclusiones definitivas porque el ejercicio con los expertos aún no concluyó, pero sí ideas principales. Por ejemplo, sobre las causas. La primera en importancia era la poca capacidad o voluntad de las autoridades responsables. Segunda, la desigualdad social (con pobreza y desempleo). Tercera, la corrupción. Otros factores como drogas, falta de prevención, sistema de justicia, economía ilegal y otros desempeñarían un papel secundario. El problema fundamental, entonces, consistiría en la falta de liderazgo.

El grupo, de 22 personas, estaba compuesto en su mayoría por ex ministros del Interior, exviceministros y oficiales en el retiro de las Fuerzas Armadas. Había algunos políticos y académicos que estudiaron la problemática. Sus puntos de vista eran diversos y en ocasiones contrapuestos. La medida más recomendada fue preventiva: el fortalecimiento de la regulación de acceso a los servicios bancarios y de la videovigilancia en los espacios públicos. La segunda fue inversión en recursos humanos y tecnológicos a un nivel acorde con la magnitud del problema. También sugirieron una serie de reformas de índole institucional en la Policía Nacional del Perú y el sistema de justicia. Esta parte de los diálogos continuará desarrollándose en un tercer momento, pero lo más llamativo de la experiencia fue la confesión espontánea de los participantes de que nunca habían sido convocados a un espacio de discusión con sus pares.

Como están las cosas, este detalle es tanto o más importante que las recomendaciones. Pues ante los problemas más acuciantes –el de inseguridad y corrupción, los prioritarios– es difícil reunir a personas con ideas disímiles y un pasado de enfrentamientos personales. No solo se ha polarizado la política sino el debate, y existen vetos para admitir en una mesa a otro al que se considera inferior moralmente o aliado de una cofradía caviar o de una supuesta mafia del Congreso. En el sector Interior, las enemistades son frecuentes, y hubo abstenciones por ese motivo. Por eso la sesión fue un avance en sí misma. La contrastación de posturas es indispensable para hacer fuerza en torno de soluciones que requieren un mínimo consenso, cuando este es viable. O para dibujar las diferencias insalvables, ante las que deberá optar la gente. Es posible que las próximas elecciones se decidan en función de la candidatura más convincente para combatir la delincuencia. Ya vimos que el sector popular más golpeado espera un Bukele. Pero tanto quienes lo desean como los contrarios no mostraron aún sus mejores argumentos.