El año en que todo cambió

El año que marcó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido un punto de inflexión en las políticas de salud pública de Estados Unidos. Las decisiones de la administración –desde la revisión radical de vacunas hasta los recortes de cooperación internacional en salud– están reconfigurando no solo el sistema de salud estadounidense, sino también el ecosistema global de prevención y respuesta ante epidemias.

El nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha sido uno de los cambios más polémicos de este primer año. Figura conocida por su escepticismo respecto a las vacunas y por promover teorías desacreditadas sobre seguridad inmunológica, Kennedy ha liderado una verdadera reforma ideológica de la política de vacunación en su país. En el marco de su revisión de calendario de inmunización infantil, ordenó dejar de hacer obligatorias cuatro vacunas: rotavirus, gripe, enfermedad meningocócica y hepatitis A. Con este cambio, la vacunación infantil se redujo de 18 a 11 enfermedades que hasta hace poco se consideraban esenciales para la salud pública.

Lo anterior ocurre en medio del incremento de casos de sarampión desde el 2024, enfermedad que el país había declarado eliminada en el 2000 gracias a la vacunación sistemática. Las causas de este retroceso son la disminución de la cobertura de la vacuna, el aumento de exenciones a la vacunación (especialmente no médicas), desinformación y desconfianza, e importación de casos desde otros países.

A ello se suman recortes financieros directos a la investigación y desarrollo de vacunas de ARNm, incluidas aquellas contra el COVID, la gripe y otros virus respiratorios. El peligro es que esto no solo detiene programas prometedores, sino que debilita la bioseguridad nacional frente a futuras pandemias.

En un evento reciente, Kennedy dejó claro el pensamiento que rige a la actual administración: “Hay una gran diferencia entre la ciencia establecida y el ‘establishment’ científico. Todos sabemos que confiar en los expertos no es una característica de la ciencia; no es una característica de la democracia, es una característica de la tiranía”.

Complementariamente, hace pocos días la Casa Blanca lanzó el tan esperado Gran Plan de Sanidad (Great Healthcare Plan). Si bien Trump hizo énfasis en la reducción de costos médicos, precios de medicamentos y alivio económico para las familias, el documento es más un marco general de sus prioridades en materia de salud que una legislación. Será el Congreso el encargado de su reglamentación, y quedará por ver cómo esto impacta en la política pública en salud del país del norte.

Otras medidas que están teniendo efectos palpables sobre millones de estadounidenses son la expiración de subsidios claves de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) y cambios en programas de cobertura médica como Medicaid, que aumentan la inseguridad de atención sanitaria para amplios sectores de la población.

Por otro lado, en términos globales, sin duda uno de los frentes más preocupantes es el impacto de los recortes en cooperación internacional en salud. Estados Unidos había sido el mayor financiador mundial de asistencia en salud: aportaba alrededor de un tercio de toda la ayuda al desarrollo sanitario global. Con la entrada de Trump, se ordenó una pausa y revisión radical de la ayuda exterior que afectó programas clave como el Pepfar (la iniciativa contra el VIH que había salvado millones de vidas) y decenas de programas de Usaid en malaria, tuberculosis y salud materna. Es cierto que la suspensión del financiamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a otros programas tiene un impacto enorme. Pero no es menos cierto que los organismos multilaterales, por sus propias estructuras, presentan una burocracia que podría ser considerablemente más productiva.

En suma, en un solo año, el gobierno de Donald Trump ha marcado un punto de inflexión en la salud pública de Estados Unidos y ha reconfigurado un nuevo panorama sanitario mundial poco auspicioso. Son decisiones políticas que amenazan décadas de avances en salud pública, buscan erosionar la confianza en las instituciones científicas y están dejando a millones de personas a merced de nuevas amenazas sanitarias. Los siguientes meses nos darán más luces sobre las consecuencias de estas medidas.