Ateniéndonos estrictamente a los hechos, podríamos decir que la inmunidad que rodea a la presidenta Dina Boluarte es poca cosa al lado del embrujo personal de protección que parece acompañarla desde que fue llamada a integrar la fórmula presidencial de Pedro Castillo en las elecciones del 2021.
En una decisión sin precedentes, el JNE permitió que el partido Perú Libre compitiera por dirigir los destinos del país abiertamente en contra del sistema democrático y constitucional y que además lo hiciera con una fórmula de gobierno incompleta de solo una vicepresidencia en lugar de dos.
Así como Vladimir Cerrón quedó fuera de la candidatura a la segunda vicepresidencia por enfrentar una sentencia judicial, Boluarte podía haber corrido la misma suerte en su candidatura a la primera vicepresidencia, pues no había renunciado en el plazo debido a una importante función pública en el Reniec.
Salvada de este ‘impasse’ también por el JNE, Boluarte vio despejado en el acto su ingreso a la competencia electoral, en la que el hoy casi olvidado antivoto de Keiko Fujimori jugó un papel importante al convertir a Castillo en presidente y a ella en su eventual sustituta no únicamente en la administración del despacho presidencial, sino en el caso de que tuviera que reemplazarlo definitivamente, como en efecto sucedió en diciembre del 2022.
De esa fecha a la actualidad, el embrujo de Boluarte ha sobresalido a todas sus adversidades. Nada ha podido moverla de su sitio: ni las asonadas de violencia que siguieron al golpe de Estado fallido de Castillo ni los incesantes pedidos de vacancia y adelanto de elecciones ni los escándalos por los relojes de lujo o por las cirugías plásticas ni su permanente silencio frente a la prensa ni las investigaciones fiscales y demandas de acusación constitucional ni las desaprobaciones a su gestión en mínimos históricos ni las revelaciones de los entornos políticos oscuros en Palacio de Gobierno, y, por último, ni su alza salarial personal del 100%, que le asegura lo que será la más alta pensión vitalicia concedida por el Estado.
Cuánto puede contribuir en ello que tengamos una institución presidencial ficticia, sin protocolos ni controles de rigor; un primer ministro que en realidad no es primer ministro; un Gabinete Ministerial con personalidades valiosas que escasamente discuten y debaten públicamente; un Congreso que ve en la sobrevivencia de la presidencia su sobrevivencia propia y que no ve otra salida, contra viento y marea, que cogobernar; una fiscalía que no puede acusarla pero sí desgastarla investigándola al extremo; y una Constitución que vela por su inmunidad presidencial no solo de aquí al 28 de julio del 2026 sino hasta por cinco años más, hasta el 2031.
El embrujo de Boluarte forma parte de esta realidad que supera a la ficción, sea en la forma de dioses, apus, ángeles, demonios, espíritus y magias que la reconocen frágil pero sostenible.
El tipo de embrujo que ella comparte con el sistema político es de muchas puertas y ventanas de escape a la realidad, informalidad e impunidad.
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