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La impunidad del otorongo, por Fernando Cáceres

“Con o sin reelección, la calidad de los congresistas no va a mejorar si no se acota la inmunidad parlamentaria”.

Fernando Cáceres Freyre Analista de políticas públicas

Benicio Ríos

“Lo más sensato parece ser otorgar inmunidad solo sobre aquello indispensable para cumplir con su labor de representación”. (Foto: Congreso)

En mayo pasado se confirmó –en segunda instancia– la condena de siete años de cárcel efectiva contra el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Benicio Ríos, hoy prófugo de la justicia. Se le ha sentenciado por corrupción (colusión agravada), por la adquisición sobrevalorada de un terreno de 10 hectáreas, mientras fue alcalde de Urubamba entre el 2007 y el 2010.

¿Pero cómo puede estar prófugo el congresista Benicio Ríos si ‘apareció’ la semana pasada –en los pasos perdidos del Congreso– rodeado por policías? Simple. Tras casi 100 días de emitida la sentencia en segunda instancia, cuando este apareció en el Congreso aún faltaba que entre el Poder Judicial y el Congreso se cumplieran ciertos requisitos formales para que pueda levantarse la inmunidad de arresto.

Cuando Ríos se presentó al Congreso en el 2016 por APP, ya había sido sentenciado por peculado doloso en el 2014 (una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida) y que lo hizo perder la elección regional frente al actual gobernador, Edwin Licona. Además, en el 2016 Ríos tenía abierto un proceso por corrupción, por el que terminaron condenándolo en primera instancia en diciembre del 2017, y en segunda en mayo pasado.

Sin embargo, APP privilegió la capacidad de Ríos de arrastrar votos por encima del interés público, y nos expuso a este tipo de autoridades. Una situación vergonzosa de la que no escapan el Frente Amplio y Fuerza Popular, que llevaron en sus listas a candidatos con procesos penales abiertos por hechos previos, y que hoy ya tienen sentencia condenatoria en primera instancia (Lapa y Martorell).

Con o sin reelección, la calidad de los congresistas no va a mejorar si no se acota la inmunidad parlamentaria. La candidatura al Congreso seguirá siendo un salvavidas para delincuentes y los parlamentarios se seguirán aprovechando de las áreas grises de la inmunidad como viene sucediendo en el caso de Yesenia Ponce (Fuerza Popular).

La buena noticia es que varios parlamentarios parecen ya haberlo comprendido. De hecho, la bancada de Nuevo Perú ha planteado incluir dentro del paquete de reformas políticas la posibilidad de limitar o hasta eliminar la inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, no creo que eliminar la inmunidad parlamentaria –como en Turquía– sea lo correcto. En democracias donde no se tiene asegurada la independencia del sistema de justicia, como allá y acá, la inmunidad puede ayudar a proteger la función de representación de los parlamentarios frente a los excesos de un gobierno autoritario. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Turquía ha disuelto 18 partidos políticos entre 1980 y el 2009, la mayoría de ellos prokurdos o religiosos (Human Rights Quarterly, Hopkins, 2009).

Así, lo más sensato parece ser otorgar inmunidad solo sobre aquello indispensable para cumplir con su labor de representación, vale decir, la libertad de expresión y la gestión de intereses públicos, relacionados con su función. Y aprovechar la reforma para aclarar qué se entiende por función, a fin de que congresistas como Yesenia Ponce no puedan escapar del levantamiento de la inmunidad, y estén siguiendo la eterna ruta de la acusación-ante-juicio-y-juicio. Ello, a pesar de que pagar S/10.000 al ex director del Colegio Particular Mariscal Toribio Luzuriaga, para que emita documentos falsos y brinde declaraciones falsas al Congreso, no debería considerarse en modo alguno como parte de una función congresal.

La restricción de la inmunidad, en estos términos, permitiría que (i) el Congreso no se use como salvavidas de delitos, (ii) no quedemos expuestos a partidos inescrupulosos que por conseguir más votos no filtran a sus candidatos, y (iii) impediremos que se usen leguleyadas para ganar impunidad. Solo reglas simples impedirán que ‘otorongo no coma otorongo’.

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