Incomodar al poder

Culpar a la prensa se ha vuelto un recurso recurrente en la política peruana: cuando los errores se acumulan y las explicaciones escasean, resulta más cómodo atacar al mensajero que responder por los hechos. Lo ensayan autoridades y candidatos de todo signo; también lo capitalizan grupos de interés que prefieren operar con menos escrutinio. En campaña, ese reflejo se intensifica. Se acusa a los medios de exagerar, de desestabilizar o de servir a intereses. A veces ocurre: hay coberturas sesgadas, agendas –explícitas o implícitas– y fallas de verificación. Pero el salto es otro: convertir problemas concretos en una descalificación general del periodismo. Ahí la crítica deja de ser exigencia de rigor y se vuelve coartada para eludir la rendición de cuentas.

Persiste, además, la caricatura de una prensa todopoderosa, capaz de decidir el rumbo del país. Esa fantasía choca con un dato elemental: el periodismo trabaja, con frecuencia, bajo amenaza. En su informe anual correspondiente al 2025, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró 458 ataques contra periodistas y medios, incluidos cuatro asesinatos. No son cifras marginales; son señales de deterioro democrático.

Nada de esto exige idealizar al periodismo. Un sistema informativo libre no es infalible; es aquel que puede investigar, equivocarse y corregirse sin miedo. La prensa peruana ha cometido errores graves: los diarios chicha en los noventa y, más recientemente, filtraciones interesadas que vuelven difusa la frontera entre justicia y espectáculo. A ese cuadro se suma otro problema, menos discutido, pero igual de corrosivo: un “periodismo” servil, apologético o abiertamente destructivo, que no fiscaliza ni informa, sino que se alinea con grupos de interés. Su daño es doble: empobrece el debate público y erosiona la confianza en la información. Esto no invalida la opinión ni el editorial plenamente libre; el punto es distinto. La crítica aquí se dirige a la información cuando se degrada en propaganda, ajuste de cuentas o complacencia, y deja de ofrecer hechos verificables para que el ciudadano se forme un juicio.

Con todo, varios momentos decisivos de defensa democrática están ligados al trabajo periodístico. Los ‘vladivideos’ no habrían tenido el mismo impacto sin una prensa dispuesta a difundirlos, contextualizarlos y sostener la presión pública. Esa cobertura no creó la corrupción: la volvió visible. En democracia, eso no es desestabilización, sino control ciudadano.

Por eso, el descrédito sistemático de la prensa no es un exabrupto: prepara el terreno para la censura. La presión suele llegar disfrazada de “procedimiento”: retiro selectivo de publicidad oficial, querellas intimidatorias, inspecciones punitivas o campañas de amedrentamiento. No se busca discutir una investigación, sino encarecerla y desalentarla. En paralelo, ese relato favorece a redes que prefieren operar sin escrutinio: si el periodismo indaga colusiones, contratos opacos o regulaciones capturadas –decisiones públicas diseñadas o aplicadas para beneficiar a particulares, no al interés general–, reducir el debate a “excesos mediáticos” desplaza responsabilidades y rebaja el estándar de rendición de cuentas.

El ataque suele adoptar tres rostros: el discurso populista, que presenta a la prensa como una élite enemiga del “pueblo”; el reproche tecnocrático, que acusa a los medios de irresponsables o incapaces de comprender decisiones “complejas”; y el autoritarismo blando –control sin censura abierta–, que normaliza el hostigamiento, la presión económica y el descrédito. Y hoy encuentra un contexto propicio: un espacio público disperso. Las redes sociales –con su velocidad, lógica de viralidad y fragmentación– multiplican voces, pero también diluyen referentes comunes. En ese ruido, la desinformación prospera cuando el periodismo profesional se debilita, y el vacío lo ocupa el poder menos escrutado.

Exigir una prensa rigurosa no debilita la democracia: la protege. Pedir silencio o alineamiento, en cambio, la empobrece. Si de verdad se quiere elevar el estándar, hay caminos institucionales claros: transparentar y objetivar la asignación de publicidad estatal para que no funcione como premio o castigo, y fortalecer mecanismos eficaces de rectificación y de acceso a la información pública que corrijan errores sin convertir la crítica en intimidación. El deterioro rara vez empieza con prohibiciones abiertas: suele comenzar el día en que preguntar se vuelve sospechoso.