La caída de Boluarte

A inicios de año, comentábamos en esta columna que abril era un mes clave porque era el mes hasta el cual la presidenta tenía como plazo para convocar a las elecciones generales del 2026. Una vez convocadas, dejaba de tener sentido el escenario de un recorte de mandato de las autoridades elegidas en el 2021, con lo que los congresistas se aseguraban llegar hasta julio del 2026. Decía que esto dejaba latente el escenario de la vacancia presidencial: ¿por qué el Congreso se resistiría a no tomar el poder de manera directa, y dejar de usar a Boluarte como títere? La vacancia era un escenario verosímil, dada la desidia de la presidenta para enfrentar los problemas del país, que no satisfacía las demandas y expectativas ni de la derecha ni de la izquierda; sostener a un gobierno así, en un escenario electoral, iba a ser crecientemente costoso. Con todo, mientras fuera Boluarte la que asumiera el desgaste de la gestión gubernamental, y compartiera sus beneficios, los congresistas podrían concentrarse en sus campañas electorales.

La manifiesta desidia de Boluarte para lidiar con un mínimo de credibilidad con los problemas de seguridad ciudadana hizo inviable su continuidad. Apenas la semana pasada comentábamos aquí, en el contexto de las protestas de transportistas y de jóvenes, que en esta ocasión la salida no podía ser la censura al ministro del Interior, como en marzo pasado, después del asesinato del cantante Paul Flores. El problema era la propia presidenta. Después del atentado contra la popular orquesta Agua Marina, realizado en pleno concierto dentro de una instalación militar, el Congreso, donde reside verdaderamente el poder en el Perú actual, tenía que reaccionar. La derecha más radical, encarnada en López Aliaga, ya había iniciado un claro distanciamiento con la presidenta y también con otros partidos de derecha, de modo que Renovación Popular tomó la iniciativa y presentó el pedido de vacancia. Para las bancadas “oficialistas” (APP, Fuerza Popular y otras) el costo de seguir blindando a Boluarte, en el marco de un proceso electoral en marcha, era inasumible. Al final, su vacancia ‘express’ fue apoyada de manera unánime por el Congreso; este procedimiento muestra que hemos pasado de un régimen presidencial a uno parlamentario chicha. Basta el rechazo a la incompetencia política del Ejecutivo por parte de una mayoría parlamentaria coyuntural para vacar a un presidente. Urge revisar este asunto después del 2026 y cortar esta vorágine de inestabilidad de siete presidentes en siete años.

Decidida la caída de Boluarte, se abrió cierto debate sobre la sucesión. Aquí los apetitos y cálculos de todos los grupos hicieron inviable cualquier opción distinta a la de José Jerí. Recordemos que Jerí ganó la presidencia del Congreso con 79 votos, pese a los cuestionamientos en su contra, en una lista integrada por Fernando Rospigliosi (FP), Waldemar Cerrón (PL) e Ilich López (AP). Así como otras opciones no pudieron prosperar en julio, tampoco ahora. ¿Logrará estabilizarse o caerá? ¿Nos recordará a Manuel Merino, con una caída súbita, a Dina Boluarte, con un deterioro progresivo, o aprovechará la oportunidad para intentar crear capital político propio encabezando iniciativas contra el crimen? La conformación de su Consejo de Ministros es clave para definir su futuro; será una señal que atizará las protestas y el descontento o abrirá el espacio para el beneficio de la duda.