Yerro, según la RAE, es la “falta o delito cometido, por ignorancia o malicia, contra los preceptos y reglas de un arte, y absolutamente, contra las leyes divinas y humanas”.
A la presidenta Dina Boluarte, la definición le cae como Rolex a la muñeca. Ha ido tanto contra las leyes divinas y humanas, por ignorancia o malicia, que ha terminado con una aprobación del 2%.
Y, encima, ese 2% está en riesgo. Si algo lograba sobrevivir al naufragio que es su gobierno en casi todos los temas y empezaba a enrumbarse de nuevo, era la economía. Pues decidió intempestivamente sacar a la mala al capitán del barco que lo piloteaba y poner a quien, en ese ámbito, no ha remado ni en una chalana.
Hay varias versiones del por qué sacó a José Salardi y lo reemplazó por Raúl Pérez-Reyes. Todas preocupantes, pero dada su conducta previa, no habría que descartar aquella que sostiene que una filtración de alguien del MEF sobre sus intenciones de aumentarse el sueldo a S/35.568 haya estado entre las que más influyeron.
El solo hecho de haber aceptado ese cargo habla mal del ministro Pérez-Reyes. Bien poco serio de su parte irse en vísperas de la tantas veces postergada inauguración del nuevo aeropuerto, cuya adecuada accesibilidad estuvo bajo su responsabilidad y de cuyo resultado quedan todavía grandes dudas.
¿Quién le propuso los otros cambios? Como en todas las ocasiones anteriores, no fue el ahora expresidente del Consejo de Ministros Adrianzén, como la Constitución manda.
El nuevo ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, cuya trayectoria parece tener sus “problemitas”, viene de las canteras del hermano Nicanor; y es claro, como el agua, que el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones es un operador político de César Acuña.
Que el nuevo presidente del Consejo de Ministros sería de entrecasa estaba cantado. También que sería Eduardo Arana, dado que Morgan Quero, su rival, tiene una peligrosa propensión a lanzar ofensas imperdonables a grupos humanos en desventaja.
¿Qué sentido tenía nombrar a un ministro del Interior y sacarlo 40 días después? Pues parece que lo pusieron hasta que Santiváñez descanse de su esforzada labor; y, que ahora ya repuesto (en el doble sentido de la palabra), esté al lado de la presidenta, garantizándole que el Mininter le siga siendo útil. Que nadie se engañe, el retirado general de la PNP Juan Alcántara Medrano no tiene bajo el brazo ningún novedoso plan de seguridad y estará, más bien, atento a hacer lo que el censurado le indique.
Hay un detalle adicional por señalar en cuanto al enorme poder que tiene César Acuña en el Ejecutivo y el Congreso.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de APP, tiene fuertes y conocidos vínculos con la minería ilegal. Sobre el recién nombrado militante de APP César Sandoval Pozo, El Comercio nos recuerda que, durante su paso por el Minem como jefe del gabinete de asesores, “sostuvo encuentros con el abogado Kílder García Calderón, representante legal de los hermanos Teonila y Víctor Sánchez Iparraguirre, investigados por delitos vinculados a la minería ilegal”.
Agréguesele lo que no ha hecho el gobernador regional y fundador de APP. La portada del diario “Correo” de La Libertad del lunes vino con el titular “Letra muerta” y detallaba: “César Acuña no fiscaliza los volquetes cargados de minerales que salen desde Pataz pese a que existe una ordenanza que le permite hacer los controles. Al día unos 100 camiones salen desde esa provincia, la mayoría de procedencia ilegal”.
En resumen, no son precisamente autoridades que estén especialmente preocupadas en combatir la minería ilegal, cuando estamos casi en vísperas de que se deba tomar la decisión de ampliar o no el Reinfo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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