En este maravilloso país, el humor del 28 de julio del 2025 no puede ser sino bastante pesimista. Lo dicen las encuestas y el ánimo en la calle: los políticos están haciendo que las expectativas se agoten. Por eso, es crucial apuntalar experiencias positivas concretas que han implicado décadas de innegables e importantes esfuerzos.
En “La esperanza es verde 2025”, libro sobre la historia de las áreas protegidas en el Perú, Pedro Solano hace un repaso desde la creación del Parque Nacional de Cutervo, Cajamarca (1961), hasta el establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (2024), frente a las costas de Tumbes y Piura. Para dejar en claro la trascendencia de este esfuerzo sostenido, Solano anota una reflexión cuyo vínculo con la identidad peruana más en boga le otorga un peso singular: “Sin esa naturaleza protegida no hubiéramos tenido una industria turística con alto crecimiento o la actual gastronomía que nos llena tanto de orgullo”. No obstante, queda claro que el valor de la protección va más allá de lo económico o simbólico: “Sin esa naturaleza protegida, los desastres naturales y humanos nos hubieran hecho un daño muchísimo mayor”.
Sin embargo, este avance enfrenta constantes amenazas, en especial en zonas con recursos naturales relacionados con la minería. Así se advierte, por ejemplo, al conocer un oficio dirigido al Congreso por los parlamentarios Elías Varas, Ruth Luque, Karol Paredes y Silvana Robles, junto con organizaciones sociales. En el documento alertan que el predictamen de la ley de pequeña minería y la minería artesanal (MAPE) “abre las puertas al descontrol y al avance de operaciones mineras sin fiscalización ambiental, generando un escenario propicio para la expansión de la minería destructiva del ambiente” (2/6/2025). Cabe anotar que el predictamen no fue aprobado, pero continúa en la agenda parlamentaria.
En paralelo, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, reclama herramientas para su labor, pues, aunque parezca inaudito, carecen de presupuesto para operar y de normas que les permitan actuar (La Encerrona, 24/7/25).
Mientras tanto, en el ámbito ideológico, el esfuerzo pendiente del Estado contra los delitos ambientales enfrenta una paradoja con la promoción del “anarcocapitalismo”, que propone debilitar el Estado hasta casi diluirlo. El detalle es que esto podría alentar que los mineros ilegales e informales se sientan los primeros campeones de la lucha contra la regulación estatal.
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