En el reciente informe de Latinobarómetro (mayo-junio del 2026), estudio que, según informa su web, aplica 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, el Perú aparece, de la mano de Venezuela y Bolivia, como uno de los tres países del continente más decepcionados con el Estado. Servicios básicos como el sistema judicial obtienen solo 10% de aprobación; la policía, un exiguo 13%; los hospitales públicos, 16%; y la educación pública, 22%.
Además, somos los más desconfiados en cuanto al manejo de los recursos públicos: 89% no confía en que el dinero de los impuestos sea bien gastado. Esta desconfianza se vincula con otra respuesta: el Perú es el país donde se considera que hay menos avances en la lucha contra la corrupción; esto es, 18%, frente al promedio regional de 34%.
Los graves problemas del Estado Peruano y la obligación de que sea más eficiente y democrático –en el sentido amplio del término, es decir, que brinde mejores condiciones de salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura– no se resuelven achicándolo, quitándole autoridad, reduciendo los gastos sociales ni, especialmente, persistiendo en la idea de que el Estado es solo la última rueda del coche y que la viabilidad del país depende casi exclusivamente de la inversión y los logros macroeconómicos.
Pero algo más: ¿con este Estado se vencerá la criminalidad organizada y se combatirán los negocios ilegales, que han permeado, precisamente, buena parte del mismo Estado? En este terreno, más que promulgar medidas puntuales, urge que el gobierno precise su estrategia de seguridad. La militarización de la estrategia es un equívoco, por más importancia que puedan tener los militares en situaciones excepcionales y transitorias, según el mandato de la Constitución. Teniendo en cuenta que el crimen organizado no busca destruir el Estado, sino capturarlo, la estrategia tendría que incluir como componente central su derrota dentro del propio Estado. Hace falta, por ejemplo, una profunda y profesional reforma policial.
Más que los actuales problemas de la democracia, la crisis del Estado es aquello que, en mayor medida, está debilitando a la sociedad, el sentido de comunidad y la autonomía nacional. Aun con todos sus problemas, el Estado Peruano ha sido –y es– un factor fundamental en la creación de un sentimiento nacional. De ahí la importancia de consolidarlo, legitimarlo y dotarlo de la capacidad de brindar servicios básicos congruentes con el siglo XXI.
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