¿Qué hacer con Petro-Perú?

El 2026 ha empezado con una discusión muy acalorada sobre el destino de Petro-Perú. El gobierno ha emitido un decreto de urgencia que dispone que la petrolera estatal sea reorganizada en bloques patrimoniales, cual preludio de una venta por partes. La sola mención del término ‘privatización’ ha vuelto a polarizar como antaño.

El anhelo de tener una petrolera ‘de bandera’ es un sentido común muy fuerte en América Latina que, sin embargo, se defiende con argumentos poco convincentes. Aparece la idea de que hay “sectores estratégicos”, como el petrolero en este caso, pero rara vez se explica qué exactamente significa eso.

Nadie va a disputar que la energía es crucial para el desarrollo de un país. Pero, por un lado, no es lo mismo decir energía que decir petróleo (porque los combustibles fósiles podrían ser reemplazados por otras fuentes más ‘estratégicas’), y, por otro, que algo sea importante no significa que la mejor forma de gestionarlo sea entregárselo a una empresa estatal. Aquí hay que diferenciar dos cosas. La responsabilidad de un Estado de garantizar su seguridad energética es ineludible, pero el cómo hacerlo es algo sobre lo cual podemos discutir, con nuestras intuiciones ideológicas pero, sobre todo, con la evidencia en mano.

No seré yo el que diga que una buena política pública en seguridad energética debe excluir de plano la presencia de empresas estatales, pero sí me tocará estar entre quienes argumenten en contra de eso si hablamos de mercados donde no se cumple el principio constitucional de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, como pasa en la mayoría de negocios en los que está Petro-Perú.

Hay, por supuesto, quienes piensan que un nuevo intento puede ser el que haga la diferencia. Parece haber, sin embargo, tanta candidez en quienes sugieren tal cosa que no se exige al mismo tiempo, dado el largo historial de interferencia política en Petro-Perú, cuando menos someterla a controles mucho más estrictos. Es como si su condición de ‘estratégica’ hiciera que sus gestores, nombrados por el gobierno de turno, estuvieran, por defecto, más allá del bien y el mal.

Pero lo cierto es que Petro-Perú no está prácticamente quebrada por falta de oportunidades, sino porque las ha dilapidado todas, gastándose de paso S/17.000 millones del Tesoro Público entre el 2022 y el 2025, según cálculos de Carlos Parodi.

Bien puede uno sostener que esto es moralmente cuestionable o exigir cuando menos que se nos explique cuál es el beneficio concreto para el país de haberse despilfarrado esa millonada en una empresa que ni con eso ha sido capaz de ponerse a flote.

Cuando se lleva esta polémica al plano político, debe uno reconocer que los dos lados de la ecuación no están en iguales condiciones para presionar en favor de sus intereses. La posibilidad de que se aprueben recortes de personal en Petro-Perú comprensiblemente movilizará a sus trabajadores sindicalizados, cuyos dirigentes ya están muy cerca de la política. Pero, quienes no están igualmente organizados son, por ejemplo, los niños con anemia, los escolares cuyos colegios se caen a pedazos o quienes acuden a una posta médica y no encuentran ni medicamentos ni personal especializado.

Esta no es (solo) una cuestión ideológica. Hay un dilema moral enorme cuando se elige entregar miles de millones de soles –más– a una empresa estatal cuando ya vemos cuál es el costo de oportunidad de esos fondos y sin mirar con ojo crítico qué consiguió con el anterior rescate.

En el caso peruano, tener una petrolera estatal deficitaria y permanentemente vulnerable a interferencia política no es, en mi opinión, ‘estratégico’. Es, sencillamente, seguir cavando en el mismo hueco para recompensar a quien no lo merece, a expensas de miles o millones de peruanos a cuyos problemas se priva de recursos para mantener con respirador artificial a una empresa agonizante.