En el Perú de hoy hablamos (y sufrimos) mucho sobre política, pero le prestamos poca atención a la gestión pública, a pesar de que esta es indispensable para traducir las promesas electorales en servicios, políticas públicas y respuestas oportunas a las necesidades ciudadanas.
La calidad de la discusión pública sobre asuntos de gobierno y gestión se ha venido deteriorando. Por ejemplo, el debate programático fue el gran ausente en la polarizada campaña electoral del 2021, en la que lo técnico fue posicionado como un asunto de menor importancia, que podía definirse más adelante. Grave error: el no haber demandado oportunamente mayor seriedad y rigor en la presentación de propuestas y prioridades de gobierno también sumó a la incertidumbre y debilitamiento institucional.
Si bien Pedro Castillo heredó un aparato público con limitaciones, estas se profundizaron por sus propias decisiones de gobierno: el nombramiento de funcionarios con denuncias y prontuario, la incompetencia operativa (por ejemplo, en la tantas veces frustrada compra de úrea) y la alta rotación en el Gabinete (con más de 70 ministros durante su gobierno). En contraste, donde sí hubo notoria consistencia fue en el retroceso de reformas claves como transporte y educación, con el entusiasta respaldo del Congreso.
En los siete meses de gobierno de Dina Boluarte, la situación de la gestión pública continúa siendo preocupante. Si bien ha disminuido la rotación ministerial y se han fortalecido algunos liderazgos sectoriales, el Gobierno ha continuado nombrando a funcionarios sin el perfil adecuado (desde denunciados a personajes confrontacionales), lo que ha sido muy dañino en sectores que brindan servicios esenciales para la ciudadanía, como salud y educación.
Con más de tres horas de duración, el discurso de la presidenta Dina Boluarte fue profuso en ofrecimientos, mas no en precisiones. Si bien los discursos presidenciales de 28 de julio suelen ser largos recuentos de cifras, acciones e intenciones, la actual coyuntura marcada por la alta desaprobación del Gobierno, recesión económica, movilización ciudadana y emergencia climática demandaba un aterrizaje de prioridades con sentido de urgencia, no una lluvia de promesas al 2026.
Para avanzar, el Gobierno requiere sincerar sus objetivos y capacidades. A fines de mayo, el Ministerio de Economía presentó el plan de reactivación económica Con Punche Perú, el que puede contribuir a ordenar acciones en los tres niveles de gobierno. Por otro lado, es urgente priorizar medidas para apoyar a las economías regionales y a las familias vulnerables frente a los choques generados por el fenómeno de El Niño, para lo que es indispensable un trabajo coordinado entre los sectores sociales y sectores económicos del Gabinete, superando la fragmentación de intervenciones y protagonismos sectoriales.
El mayor riesgo que enfrenta el Perú en materia de gestión pública es que el aparato estatal continúe debilitándose entre la inercia, la pérdida de talento y la falta de norte. Lejos de ser una preocupación tecnocrática árida y distante, el debilitamiento de la gestión pública también incide en la legitimidad de la democracia y tiene implicancias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos afectados por servicios públicos ausentes o de baja calidad.
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