Sunir, una reforma necesaria

Cuando el Estado pierde el control de una cárcel o de un centro juvenil, la consecuencia no queda solo entre rejas. Se siente en la calle: en más extorsión, más violencia, más miedo. Por eso, hablar de sistema penitenciario y de reinserción juvenil no es solo un debate técnico ni de planillas; es una discusión de seguridad ciudadana, de autoridad democrática y también de derechos humanos.

Durante años hemos tolerado una contradicción peligrosa: exigir seguridad sostenible mientras permitimos que los espacios de encierro funcionen con una gobernanza frágil, fragmentada y, demasiadas veces, capturada por la corrupción. Las cárceles y los centros de internamiento juvenil han dejado de ser lugares cerrados. En no pocos casos se han convertido en plataformas desde las cuales se coordinan delitos, se ordenan extorsiones, se administra una economía ilegal y se consolidan redes criminales. Ese es el verdadero alcance del problema: lo que ocurre intramuros impacta, de manera directa, sobre la vida de millones de peruanos.

El diagnóstico está sobre la mesa desde hace tiempo: hacinamiento crítico, déficit de infraestructura y salud, violencia recurrente y corrupción persistente. La Defensoría del Pueblo lo ha advertido. El Tribunal Constitucional ha reconocido incluso un “estado de cosas inconstitucional” por la vulneración estructural de la dignidad de las personas privadas de libertad. Pero limitar la discusión a carencias visibles sería insuficiente. La raíz es más profunda: un modelo de gobernanza que no responde a la complejidad de la criminalidad contemporánea.

Hoy, el Estado administra por separado el sistema penitenciario (a cargo del INPE) y el sistema de reinserción social juvenil (a cargo del Pronacej). Esa división ha tenido costos concretos: planificación inconexa, responsabilidades difusas y una interrupción de políticas cuando una trayectoria delictiva cruza de un sistema al otro. Sin trazabilidad ni continuidad, el Estado pierde capacidad para gestionar riesgos, diferenciar tratamientos y reducir la reincidencia de modo sostenido.

Frente a esta realidad, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) debe entenderse como lo que es: una reforma estructural de gobernanza, no una reorganización administrativa menor. La Sunir propone una autoridad rectora única, técnica y especializada, con capacidad para recuperar la conducción estratégica del sistema, cerrar vacíos de control, ordenar funciones hoy dispersas y, sobre todo, reinstalar la autoridad legítima del Estado donde más se necesita.

La reforma se sostiene en cinco ejes claros. Primero, gobernanza integrada, con una mirada coherente del encierro adulto y juvenil, respetando sus diferencias. Segundo, profesionalización e integridad del personal, porque sin servidores públicos seleccionados, formados y supervisados con rigor, cualquier política queda en papel. Tercero, modernización administrativa y tecnológica, para reducir discrecionalidad, mejorar trazabilidad y elevar estándares de control. Cuarto, intervención diferenciada para la resocialización y el acompañamiento posegreso, porque la reinserción no empieza al salir: se construye desde el primer día, con educación, trabajo, salud mental, tratamiento de adicciones y soporte familiar y comunitario. Quinto, seguridad basada en prevención, inteligencia institucional y gestión de riesgos, para desarticular economías ilegales y cortar cadenas de mando criminal.

Este enfoque no opone derechos humanos y seguridad. Los conecta. La dignidad de la persona no es un obstáculo; es una condición de eficacia. Un sistema que degrada, hacina y abandona produce más violencia y más reincidencia. Un sistema que controla, ordena y resocializa reduce el delito. Por eso, la Sunir se alinea con estándares internacionales como las reglas Mandela, las reglas de Bangkok y las reglas de Beijing: no por formalidad, sino por resultados.

El desafío será la implementación: exige decisión política, presupuesto responsable y una gestión que no tolere la corrupción, venga de donde venga. Pero el rumbo es claro y no admite postergaciones. Recuperar el control de nuestras cárceles y centros juveniles, y convertir la reinserción en una política real, es indispensable para que el Estado vuelva a cumplir su función esencial: proteger a la ciudadanía y sostener una convivencia pacífica, dentro de la ley.