La buena fortuna de los Sotelo

La actual ministra de Cultura y congresista, Betssy Chávez, se encuentra en problemas por situaciones generadas por ella misma, pero prefiere tratar de responsabilizar del trance a la prensa y a la fiscalía.

Como mencionamos días atrás en esta página, un reportaje periodístico reveló el domingo pasado que algunos parientes del señor Abel Sotelo, una persona muy cercana a la ministra (algunas versiones sostienen que se trataría incluso de su pareja), consiguieron colocación en el Estado en puestos relacionados de alguna manera con ella. Concretamente, Antonio Sotelo Calderón, padre del amigo de la también extitular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fue designado representante de ese sector ante el Consejo Nacional del Senati el 12 de enero de este año. En esa fecha, cabe anotar, ella todavía era responsable de la cartera en cuestión. Sotelo Calderón fue luego contratado por Cofopri, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en Tacna (región de la que precisamente proviene la señora Chávez).

Por otra parte, Marco Antonio Sotelo, hermano de la persona vinculada a la ministra, fue incorporado como asistente en su despacho congresal en octubre del año pasado. Y, según se ha sabido después, Flor de María Sotelo, otra integrante de la familia, trabajó como auxiliar en ese mismo lugar hasta inicios de esta semana. Curiosamente, la orden de servicio que lo autorizó fue dejada sin efecto el lunes al mediodía, solo horas después de la divulgación de la mencionada denuncia periodística en la noche del domingo. El contrato de esta última fue hallado ese mismo día durante el allanamiento que realizó el Ministerio Público al despacho de la congresista, y lleva su firma.

Tal allanamiento se dio como parte de la investigación preliminar iniciada por la fiscalía ante los indicios de la eventual comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Como se ve, la acusación es grave, pero la titular de Cultura ha optado por no dar explicaciones y defenderse, más bien, a través del ataque. A los medios que han difundido el caso en el que está involucrada los ha llamado “sicarios de la información”; y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “señora Blanca Nélida Colán 2.0″ (en alusión a quien ejerció ese cargo durante el fujimorato y terminó presa) y “golpista”.

Lo que la prensa y la responsable del Ministerio Público han hecho, sin embargo, es simplemente cumplir con su deber. En el primer caso, informar de un hecho relevante que involucra a una encumbrada funcionaria pública. Y en el segundo, investigar lo que tiene múltiples trazas de haber sido un comportamiento ilegal, posiblemente delictivo. Como el abogado penalista Andy Carrión ha señalado ante una consulta de este Diario, la investigación preliminar “está totalmente justificada”, pues la Corte Suprema ha establecido que basta con una sospecha inicial simple para llevarla adelante. Según ha explicado él, además, una autoridad puede traficar influencias para personas que no sean parientes suyas, pero con las que tenga un segundo grado de afinidad; una figura que se daría de comprobarse que Chávez favoreció la contratación de tres familiares directos de alguien tan cercano a ella.

Mientras la oposición considera la posibilidad de interpelar a la ministra (que ya fue censurada cuando ocupaba la cartera de Trabajo), el Gobierno no dice nada. Una circunstancia penosa, pero que en realidad no sorprende. ¿No es esa acaso la actitud que ha tenido ante los otros tres miembros del Gabinete que enfrentan en estos momentos pesquisas de la fiscalía? En Palacio parecen pensar que si los casos de Aníbal Torres (Presidencia del Consejo de Ministros), Félix Chero (Justicia) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) no merecen aclaraciones oficiales, menos habría de merecerlas este nuevo episodio. Esto último, a pesar de que es evidente que la buena fortuna de los Sotelo, cuyos integrantes han obtenido puestos en el Estado, no fue obra del azar.