Editorial: La permanencia de Héctor Valer en la PCM es una afrenta al país

“En el año 2020, más de la mitad de las mujeres manifestó haber sufrido alguna vez de violencia familiar por parte de sus parejas, esposos o convivientes”. La cita anterior, que proviene del informe “Perú: feminicidio y violencia contra la mujer 2015-2020″, publicado por el INEI en diciembre pasado, revela una estadística que debería avergonzarnos a todos los peruanos.

Es cierto que, en los últimos años, y a pesar de lo difícil que significa luchar contra las mentalidades anquilosadas, la campaña por concientizar sobre este flagelo ha logrado que cada vez más personas reconozcan que la violencia de género en general, y la doméstica en particular, no es un “asunto privado” que deba permanecer bajo la alfombra. Es un asunto que escapa de la esfera individual e interpela a la sociedad en su conjunto, máxime cuando quien la protagoniza termina siendo uno de sus representantes.

El flamante presidente del Consejo de Ministros, el también congresista Héctor Valer, fue denunciado en octubre del 2016 por violencia familiar contra su esposa y su hija. Cuatro meses después, producto de esta denuncia, una jueza dictó medidas de protección a favor de la cónyuge y le prohibió al ministro Valer realizar “cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso en agravio” de ella. Que en dicha ocasión la magistrada no haya dispuesto la misma medida a favor de la hija del actual jefe del Gabinete de Ministros –argumentando que no existía “instrumental alguna que permita determinar si efectivamente […] se encuentra afectada físicamente con los hechos de violencia que se denuncian”– parece decir más de las falencias de nuestro sistema de justicia que de la inocencia del apercibido.

Asimismo, una de sus vecinas que fue consultada ayer por ATV, contó que el ministro Valer “continuamente” maltrataba a su hija y a su esposa. “Las agredía, [escuchábamos] golpes, bulla… se traían abajo el departamento”, relató. Y precisó, además, que esto ocurría “varias veces”. Como es evidente, con una imputación como esta, Héctor Valer no puede permanecer ni un minuto más a la cabeza del Consejo de Ministros, ni ocupar cargo alguno en este. Y, para ser honestos, nunca debió siquiera llegar a una lista parlamentaria, como se lo permitió tan negligentemente Renovación Popular.

En el resto del equipo ministerial, sin embargo, no se ha escuchado un solo murmullo de reproche hacia el primer ministro por este tema, ni siquiera de parte de la titular de la Mujer, la también legisladora Katy Ugarte, que debería ya haber tomado cartas en el asunto, incluso con su renuncia. Como cualquiera se habrá dado cuenta, estar encargado de la cartera de la Mujer en un Gabinete liderado por un maltratador de mujeres es un oxímoron. Pero si este silencio de por sí ya resultaba reprensible, lo que hemos visto anoche de parte de un integrante del Gabinete ya alcanza una vileza de aúpa.

Consultado al respecto por la prensa, el ministro de Defensa José Gavidia señaló: “los temas personales, realmente son temas personales”… y luego, de manera enrevesada, añadió: “yo tengo un tema muy personal, probablemente ustedes [refiriéndose a los medios presentes en la sala], eh.. tienen algunas… interrogaciones”. Por “temas personales”, el ministro Gavidia se refería, simple y crudamente, a episodios de violencia familiar. Y al decir que él también los tenía, nos estaba revelando, también simple y crudamente, que él cargaba con la misma mochila.

No pasó mucho tiempo para que otro canal, esta vez Latina, difundiera que Gavidia registra también una denuncia por parte de su esposa por presuntamente haberla hostigado. Según el documento, que data de setiembre pasado, el hoy ministro la reclamaba diciéndole que “seguro estaba con otra persona” y la seguía “para todos lados en todo lo que [ella] denuncia ante la policía”.

Como mencionamos desde esta página en su momento respecto de los graves cuestionamientos que cargaba el ahora exministro del Interior, Luis Barranzuela, si la prensa pudo obtener esta información en cuestión de horas, es más que evidente que el Gobierno, y en particular el presidente Pedro Castillo, pudo haber hecho lo propio. Un error deja de serlo cuando se comete de manera frecuente; entonces, se convierte en dolo. Y contra ello no hay atenuante que valga.

El problema no es solo que al menos dos miembros del Gabinete piensen que la violencia de género es un tema menor o uno de índole personal. El problema es que muy probablemente al presidente que los nombró, y que llegó a afirmar en campaña que los feminicidios “son producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”, esta situación no le incordie en lo más mínimo. Y ese es un inconveniente que no se corrige solo con una renovación de cuadros.