Editorial: Las crisis se pagan

Luego de un año de espera, y en medio de la peor crisis económica del siglo, la visión oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la situación que atraviesa el país finalmente llegó.

A través de la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la entidad proyectó una contracción del 12% del PBI este año, seguida de un rebote del 10% en el siguiente período. Con la suspensión de las reglas fiscales, el MEF estima que el déficit del sector público –la diferencia entre los ingresos por tributos y los gastos– pasaría de -1,6% del PBI en el 2019 a -10,7% en el 2020 y, posteriormente, a -6,2% en el 2021. Para financiar esta enorme brecha de recursos se recurrirá en parte a la deuda pública, que crecerá del 26,8% del PBI en el 2019 al 38% en el 2021.

Como es lógico, este veloz deterioro de la posición macroeconómica del país encendió varias alarmas y rumores. Fue por ello positivo que la titular del MEF, María Antonieta Alva, mencionara que su ministerio no tiene previsto un incremento de impuestos para el 2021. “Creemos que la senda de consolidación fiscal va a requerir medidas tributarias desde el 2022 en adelante”, acotó durante la presentación del MMM. La economía de las familias y de las empresas necesita toda la liquidez posible en este momento; un incremento impositivo iría exactamente en el sentido opuesto.

Eso no quita, por supuesto, que sea necesario tener los cálculos en orden y un plan viable de reducción del déficit para el mediano plazo. Aquí empiezan los problemas. De acuerdo con el Consejo Fiscal, una comisión autónoma de seguimiento de las finanzas públicas, lo estipulado en el MMM “marca la transición de una etapa de fortaleza fiscal hacia una de vulnerabilidad”. Además, de acuerdo con el Consejo, el MMM mantendría un sesgo optimista sobre los ingresos fiscales que le permite proyectar el gasto para el período 2022-2024 a los niveles “más altos desde fines de los años setenta, lo cual no es consistente con la necesidad de reconstruir las cuentas fiscales del país y retomar la senda de sostenibilidad fiscal”.

Más allá de una estimación realista –y más conservadora– sobre el escenario fiscal que enfrentará el Perú de los próximos años, el Ejecutivo podría encarar el problema por tres frentes principales. El primero es, obviamente, el incremento de los ingresos tributarios. Aquí el abanico es amplio y puede pasar, por ejemplo, por la expansión de la base tributaria (la masificación de la boleta electrónica es una buena oportunidad para ello), la revisión de los regímenes especiales para empresas de menor tamaño y que hoy se prestan a prácticas de evasión y elusión, mayor celeridad en las deudas tributarias atoradas en procesos administrativos y judiciales que toman varios años, o la evaluación de ciertas exoneraciones fiscales. Algunas de estas modificaciones no pueden implementarse de forma inmediata –porque la economía aún está en cuidados intensivos y porque se necesita predictibilidad fiscal–, pero eso no quita que se puedan poner sobre la mesa.

En segundo lugar, la reducción de gastos innecesarios en el Estado debe también ser un componente central de la estrategia de responsabilidad fiscal. Aquí los ahorros pueden ser significativos y con un buen mensaje político. ¿Se requieren, por ejemplo, 18 ministerios? ¿O podrían fusionarse algunos? ¿Qué eficiencias se pueden encontrar en el gasto burocrático de 1.874 distritos? Una reforma del Estado –aunque sea muy parcial– puede rendir grandes resultados y ahorros.

Finalmente, el tercer eje, y por lejos el más relevante, es la prioridad del crecimiento económico. Los ingresos fiscales crecerán solo en la medida en que los motores productivos del país entren en acción –manufactura, construcción, minería, agricultura, pesca, etc.–. No hay, pues, mejor política fiscal que el crecimiento económico. Que el Perú vuelva a tener la fortaleza financiera previa al COVID-19 depende de tener ese principio elemental al tope de la agenda.