El legado de Boluarte

Una de las principales preocupaciones cuando concluyeron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 era qué pasaría con toda la infraestructura que se había levantado con motivo del evento. Lo ocurrido en ciudades como Atenas o Río de Janeiro –cuyas instalaciones olímpicas se convirtieron poco tiempo después en monumentos al despilfarro– eran una buena lección de lo que pasa cuando no se toman las medidas adecuadas. Por ello, justamente, se creó el Proyecto Especial Legado, para que aquella millonaria inversión no se tirara al agua, manteniendo las sedes deportivas no solo en óptimas condiciones, sino también operativas.

Más de cinco años después, el consenso entre los especialistas es que Legado ha sido un acierto y es una de las pocas entidades estatales que funcionan bien. Su gestión no solo ha permitido que la capital peruana albergue competiciones de peso (solo el año pasado se celebraron en sus instalaciones los mundiales de vóley Sub 17, de atletismo Sub 20, de natación artística junior y de judo), sino que también se gane el derecho de ser sede de los Juegos Panamericanos y Panamericanos del 2027.

Esta semana, sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte decidió eliminar el Proyecto Legado y transferir todas sus funciones al Instituto Peruano del Deporte (IPD), que no solo ha demostrado que es incapaz de cuidar la infraestructura que tiene a su cargo –basta darse una vuelta por las regiones para constatar esto–, sino que se encuentra en una aguda crisis reputacional tras las denuncias de que ha sido utilizado para pagar favores políticos mediante nombramientos y luego de que se denunciara que algunos de sus funcionarios estarían aprovechando el alquiler del Estadio Nacional para obtener ganancias ilícitas.

La explicación brindada por el ministro de Educación, Morgan Quero, (cuyo sector, para más luces, maneja el IPD) es que con este cambio se buscaría evitar una “duplicidad de funciones”. Un argumento que ni siquiera se esfuerza en parecer convincente. Más esclarecedora, en cambio, resulta aquella advertencia del expresidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, de que Legado siempre fue “un bocado apetitoso” pero inaccesible –por su propia estructura– para los corruptos. Ahora, los S/139 millones presupuestados para Legado este año serán transferidos al IPD, que pasará a manejar en soledad los US$369 millones destinados para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027. Un pastel que muchos sin duda querrán morder.

Es lamentable que, después de un año que fue tremendamente fructífero para el deporte peruano, el gobierno de Boluarte decida poner en riesgo todo bajo argumentos espurios. Pero ese es el legado que ha decidido dejarle al país y uno por el que será recordada cuando ya no esté en Palacio de Gobierno.