Estas elecciones pasarán a la historia por caóticas, poco transparentes y, en general, atentatorias contra el ejercicio del derecho al voto de miles de peruanos, gracias a la torpeza contumaz de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Tras los despropósitos que caracterizaron su performance en la primera vuelta, cualquiera pensaría que las precauciones para la segunda serían extremas, pero no es eso precisamente lo que está ocurriendo. A pocos días de que tengamos que volver a las urnas, efectivamente, la mentada entidad ha dispuesto la modificación de locales de votación para más de 161 mil electores en el ámbito nacional, lo que supone la reubicación de 549 mesas de sufragio que funcionaron durante la primera vuelta electoral. Más de un tercio de esos electores –78.894 para ser exactos– corresponden a Lima; es decir, a la plaza donde se produjo el mayor número de irregularidades el 12 de abril.
La explicación que ONPE da con respecto a esta decisión es que responde principalmente a criterios de seguridad y disponibilidad de infraestructura. Se están priorizando, por ejemplo, los colegios que tienen cerco perimétrico como locales de votación, pues de esa manera se facilitará su resguardo por las fuerzas del orden. Un argumento atendible, pero, al tiempo de preguntarnos por qué no se tuvo esa misma prevención en la primera vuelta, debemos llamar la atención sobre el hecho de que la información al respecto alcanzada a los electores a los que la medida afecta ha sido escasa, cuando no defectuosa.
¿Cuál es el riesgo que esto entraña? Pues, obviamente, que miles de ciudadanos acudan el 7 de junio al mismo local al que acudieron el 12 de abril y solo entonces descubran que su mesa ha sido desplazada a otra ubicación. Irritados por el maltrato y la necesidad de trasladarse hasta otro centro de votación, es perfectamente previsible que no pocos de ellos decidan regresar a sus casas sin votar… Y nuevamente tendríamos resultados empañados por la mala organización de todo el proceso. Aunque no hay cifras exactas, además, se sabe que, en el extranjero, donde la distancia entre el lugar de residencia de los votantes y la ubicación de los locales de votación era a veces enorme y suponía horas de viaje, este mismo problema se está presentando. La verdad es que, viniendo de una institución que mantiene hasta ahora en sus puestos a cinco de los diez funcionarios vinculados con los desaguisados de la primera vuelta, esta situación no sorprende, pero sí indigna.
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