Semanas atrás, millones de escolares peruanos volvieron a las aulas para iniciar un nuevo año lectivo. Para una gran parte de ellos, sin embargo, se trató de un regreso a establecimientos precarios, que están bastante lejos de constituir esos lugares de aprendizaje y crecimiento personal que el Estado Peruano –en teoría– debería garantizar a todos sus niños, con prescindencia de su lugar de nacimiento o nivel socioeconómico.
Según un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) publicado esta semana, el 57% de los colegios rurales del país necesita ser sustituido. No se trata de edificaciones que necesitan alguna refacción puntual, ojo, se trata de escuelas que requieren ser completamente demolidas y reemplazadas por otras nuevas. Una remodelación total de la infraestructura escolar del país para la que se necesitaría una inversión de unos S/99.000 millones (es decir, casi seis veces el presupuesto destinado este año para todo el sector educación).
No estamos hablando solo de un tema de concreto y ladrillos. La infraestructura educativa tiene un impacto significativo en el aprendizaje escolar. No es lo mismo acudir a una escuela con aulas, carpetas y pizarras en buen estado, que ir a una en la que las puertas –cuando las hay– se caen, los techos dejan pasar las lluvias y los baños no tienen agua. No es casualidad que, según los indicadores educativos, el Perú rural esté marcadamente rezagado en comparación con su par urbano. De acuerdo con el censo educativo del 2024, por ejemplo, solo el 17% de los escolares de cuarto de primaria de colegios rurales registran un nivel satisfactorio en lectura (cuando dicho porcentaje en los colegios urbanos alcanza el 36%) y solo el 16% lo obtiene en matemáticas (en comparación con el 32% del Perú urbano).
Por cierto, la pésima infraestructura es apenas uno de los tantísimos problemas que arrastra la educación rural en nuestro país. La deserción escolar (especialmente por embarazo adolescente o empleo infantil), las largas distancias que deben recorrer los estudiantes para llegar a sus centros de estudio, la falta de conexión a Internet y de materiales educativos, entre otros, forman un combo perjudicial que condena a millones de peruanos a un aprendizaje precario y, a la larga, a menores posibilidades laborales.
Por ello, es lamentable que, durante los debates de esta semana, varios candidatos se hayan perdido en discusiones absurdas sobre cuánto porcentaje del PBI asignar a educación o en si hacer del acceso a Internet un ‘derecho’ en lugar de plantear soluciones viables para problemas concretos como este. Mientras tanto, cada día, millones de escolares peruanos seguirán acudiendo a colegios que –como sus proyectos de vida– se caen a pedazos
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