Editorial El Comercio

Con el paso de los años, las memorias de los proyectos de ley que este Congreso aprobó o dejó de aprobar se irán desvaneciendo. Lo mismo con los ministros sujetos a procedimientos de interpelación o de censura. En realidad, posiblemente el recuerdo más nítido que dejará esta generación de parlamentarios será el significativo número de personajes cuestionables que habitaron en sus filas. Y entre ellos, es probable que el caso del (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) sea de los más llamativos.

Los procedimientos en su contra son varios y de todo tipo. Desde el inicio, sus vínculos y propuestas encendieron las alarmas. A poco de su elección en el Congreso, en marzo del 2021, por ejemplo, Bermejo viajaba al Vraem para reunirse con cocaleros y asegurar que ellos sufren “los despropósitos de una equivocada lucha antisubversiva”. Sus propuestas respecto del manejo de la coca hacían eco de los intereses de quienes quieren ver ese negocio crecer por diferentes rincones del país.

Ahora, la fiscalía tiene una investigación abierta contra él por su papel en Los Operadores de la Reconstrucción, una organización dedicada, de acuerdo con el Ministerio Público, a conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en los proyectos ejecutados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). En agosto, un colaborador eficaz aseguró al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder que Bermejo y dos personas de su entorno recibían el 2% de los contratos gestionados. En setiembre, la fiscalía allanó en simultáneo la vivienda y el despacho del congresista.

Las causas se suman a los procesos por sus presuntos vínculos con el terrorismo. Luis Miguel Trinidad fue uno de los testigos que, con su testimonio, ayudó a absolver a Bermejo en su juicio por afiliación a una organización terrorista. Tres meses después, Trinidad entró a trabajar al Congreso como asesor del grupo parlamentario Perú Democrático –entonces bancada de Bermejo– y luego directamente en el despacho del congresista como asesor II.

Trinidad no es el único favorecido gracias a su cercanía con el parlamentario. Alcaldes y representantes de distritos de Áncash, Lima, Ayacucho y La Libertad recibieron S/19 millones para obras tras visitar a Bermejo. Estos son adicionales a los relacionados con la trama de la ARCC. Además, según información extraída del teléfono de Jaime Jara (trabajador del despacho de Bermejo que actualmente cumple prisión preventiva), dos hermanos allegados a Bermejo ganaron por primera vez contratos con el Estado por un monto total de S/243.000. Los vínculos con el congresista –qué duda cabe– son rentables.

Y mientras la evidencia en contra de Bermejo se acumula, a sus aliados políticos no se les ha escuchado mayor deslinde. Sus colegas de bancada, como Ruth Luque, Isabel Cortez y Nieves Limachi, consideraron hace unas semanas, más bien, que Bermejo ya había dado las explicaciones necesarias. Estos y otros miembros de la misma agrupación parlamentaria –que suelen ser los primeros en encontrar culpas y motivos de remoción del cargo entre sus otros compañeros congresistas, ministros y la jefa del Estado– han permanecido especialmente silentes frente a las nuevas imputaciones en contra de Bermejo. De su lamentable discurso a inicios de octubre frente a la Cámara Baja del Parlamento ruso –en el que saludó a “la tierra de Lenin, tierra de Putin”, criticó el “imperialismo norteamericano” y pidió apoyo tecnológico ruso para Latinoamérica– tampoco se escuchó nada.

Este Congreso, decíamos, será recordado por el triste papel de sus integrantes. Protagonistas como Bermejo tendrán un lugar especial, pero no se pasará por alto quiénes fueron parte de la comparsa que protegió y facilitó las tropelías de los primeros.

Editorial de El Comercio

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