Pistas sin corredores

El lunes las dos rutas del corredor amarillo –que van desde San Martín de Porres hasta Lurín (101) y Surco (107)– paralizaron sus operaciones. Aunque la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que esta sería una medida temporal mientras intenta llegar a un acuerdo con el concesionario, los problemas que originaron la suspensión del servicio no tienen nada de transitorio y revelan, más bien, un mal estructural de nuestras pistas. Este es, la falta de acción de las entidades encargadas de fiscalizar a quienes brindan el servicio de transporte público de pasajeros de manera informal en detrimento de quienes hacen el esfuerzo por operar dentro de los linderos de la formalidad y siguiendo una lógica de articulación que ponga un poco de orden en la maraña que durante muchas décadas fue nuestro sistema de transporte en la capital.

Como para confirmar que estamos ante un problema sistémico, la empresa a cargo de los servicios del corredor morado señaló recientemente que sostendrá una reunión con la ATU el próximo miércoles con miras a solucionar los problemas que la llevaron a anunciar en un primer momento la paralización de las operaciones de sus cuatro rutas –que van desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena (404), San Isidro (405 y 409) y Cercado de Lima (412)– a partir del 15 de mayo. Por su parte, el representante legal de la firma a cargo del corredor azul, que gestiona seis rutas –que van desde el Rímac hasta Barranco (301) y Miraflores (305 y 336), desde San Juan de Lurigancho hasta Miraflores (303), desde Mónaco hasta Acho (370) y desde Las Lomas hasta Amancaes (371)–, le dijo a este Diario que su situación también es preocupante.

Para entender el trasfondo de esta problemática hay que entender primero cómo funciona el modelo de negocio de los corredores. Este se mantiene exclusivamente gracias al dinero que desembolsan los pasajeros al momento de usar el servicio. O al menos así es como se supone que debería ser. Desde hace un tiempo, sin embargo, las empresas a cargo de los corredores vienen reclamando que las autoridades no han cumplido con las condiciones estipuladas en los contratos que firmaron hace unos años con Pro Transporte y que en el 2020 heredó la ATU.

¿De qué condiciones hablamos? De aquellas que les garanticen a sus unidades un flujo determinado de usuarios que haga económicamente sostenible sus operaciones. Por ejemplo, que los paraderos y las pistas por las que estos transitan se encuentren en óptimas condiciones o que las autoridades se aseguren de que no habrá una oferta informal que pueda quitarles usuarios, entre otras. Y la verdad es que basta con dar una vuelta por alguna de las rutas asignadas a los corredores para darse cuenta de que esto no ocurre, que los colectivos, combis y coasters informales compiten cuadra a cuadra con la oferta formal y que la fiscalización en varios puntos es escasa, cuando no inexistente. Si a esto le sumamos la caída en la demanda provocada por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a que el flujo de pasajeros en las rutas de los corredores sea hoy un 30% menor de lo que era en el 2019, la situación es bastante crítica.

Así, uno de los pilares que sostienen la reforma del transporte en la capital está hoy a punto de quebrar ante la indiferencia de las autoridades. Para colmo de males, en los últimos años tanto en el Congreso como en el Ejecutivo han proliferado los políticos más empeñados en apoyar a los informales –por ejemplo, a través de amnistías de multas y de extensiones a sus permisos para operar– en lugar de respaldar la apuesta por contar con un servicio formal e integrado a la altura de lo que la ciudad más poblada del país necesita.

La carrera más importante de las autoridades hoy entonces es contra el tiempo. Urge una solución rápida, pero sostenible que evite que las pistas de Lima se queden en unos meses sin corredores, tal y como podría ocurrir si las cosas siguen como hasta ahora.