En los últimos 20 años, uno de cada cuatro gobernadores regionales en el país ha recibido una sentencia | INFORME

Esta cifra es la más alta desde el 2002, cuando empezó el proceso de la descentralización y se convocó a las primeras elecciones para autoridades regionales. El nivel de inestabilidad alcanzado supera incluso al registrado entre el 2011 y el 2014, período en el que estallaron los primeros casos de corrupción a gran escala vinculados a regiones como Áncash (caso “La Centralita”), Cusco (caso hospital Antonio Lorena y Vía de Evitamiento) o Cajamarca.

Casi 8 años después, la lista vuelve a ser integrada por Áncash, pero esta vez junto a Arequipa, Huánuco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Puno, Tumbes y Ucayali. En los últimos tres años, estas jurisdicciones han padecido una fuerte inestabilidad política tras la suspensión o vacancia de sus autoridades, que en algunos casos afrontan pedidos de prisión preventiva o están prófugos.

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El historial de graves problemas con la justicia, principalmente asociados a la corrupción, no se limita a este período. Según una recopilación realizada por El Comercio, 34 de los 135 gobernadores que han administrado las regiones en los últimos 20 años (entre electos y accesitarios) han recibido una sentencia del Poder Judicial. Es decir, que desde la creación de los gobiernos regionales hace 20 años, uno de cada cuatro ha sido sancionado por alguna falta o delito [ver infografía].

La mayoría de las sentencias acumuladas están relacionadas con faltas en la administración pública. La más común es la colusión, cuando un funcionario o servidor interviene en alguna etapa del proceso de contratación para favorecer a un tercero con miras a defraudar al Estado (11 casos).

Luego siguen la negociación incompatible (4 casos), el peculado doloso (4 casos), el cohecho o soborno (3 casos), la usurpación de funciones (3 casos), la asociación ilícita para delinquir (2 casos), así como el asesinato, la inducción al voto, el tráfico de influencias o el lavado de activos (con un caso cada uno), entre otros. Según la información que pudo recoger este Diario de fuentes públicas, se sancionaron 47 delitos en 34 gobernadores. En algunas ocasiones, un gobernador fue condenado en más de un caso.

Áncash ha sido la región con más autoridades sentenciadas (César Álvarez, Waldo Ríos, Enrique Barrenechea, y Juan Carlos Morillo). Las continuas vacancias e inhabilitaciones ocasionaron un clima permanente de inestabilidad política, lo cual derivó que en 20 años de descentralización tuviera 10 gobernadores a cargo, el doble de lo esperado en un proceso habitual (5 gobernadores). En cuatro de los cinco períodos de gobierno, Áncash tuvo más de una gestión.

De otro lado, a nivel nacional otros 57 gobernadores (42% del total), solo han sido investigados por presuntos delitos denunciados por el Ministerio Público. Algunos de ellos actualmente afrontan prisión preventiva a la espera de una sentencia.

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¿Qué factores han conducido al acelerado deterioro de las gestiones regionales? Para el analista político Rober Villalva, la actual crisis que enfrentan las regiones tiene como tema de fondo la desconexión entre la clase que participa en política y la ciudadanía en general, a lo cual se ha sumado la falta de idoneidad y criterio para administrar los ingentes recursos económicos trasferidos en los últimos años.

“Creo que al actual parlamento ha provocado un daño irreversible para el siguiente proceso electoral al postergar la posibilidad de hacer elecciones primarias, ya sea por un tema de plazos o de emergencia sanitaria. Las primarias eran un forma de filtrar las voluntades políticas dentro de los partidos o agrupaciones regionales con la participación de los militantes, pero especialmente de los votantes. Con eso nos ahorrábamos todo el ramillete de candidatos que tendremos ahora”, explica.

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El especialista añade que la actual crisis política que vive el país, reflejada en la elevada desaprobación del Ejecutivo y el Congreso, ocasionaría, una vez más, que los electores busquen alternativas distintas a las agrupaciones con representación en ambos poderes, lo cual podría llevar a una nueva “decepción”.

“Se está fermentando una especie de hartazgo social que provocará que el ciudadano busque, nuevamente, una opción alternativa a lo que ya conoce, a lo ya vivido. Vamos a un camino de desintegración política debido a que los partidos que deberían ser los ejes de continuidad democrática, en su mayoría, ya no están”, puntualiza.