Salidas a las múltiples crisis: ¿qué pasó con la salud, transporte y educación en el gobierno de Castillo?

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Este análisis recoge la opinión de expertos sobre lo que se perdió en los últimos 16 meses y los retos de las nuevas autoridades en los sectores de Salud, Educación y Transporte.

Rosa Gutiérrez Palomino, quien se desempeñaba como directora General de la Dirección General de Operaciones en Salud es la nueva ministra de Salud, mientras que Patricia Correa, experta en gestión de políticas educativas y gestión descentralizada, asumió el Minedu. Hasta el cierre de esta nota, aún no se informaba quién asumiría el MTC.

La cuarta y última ministra de Salud de la gestión de Castillo, Kelly Portalatino, tuvo 41 días en el cargo en pleno aumento de casos de COVID-19. Aunque la quinta ola es hasta ahora menos agresiva que las anteriores, las hospitalizaciones y ocupación de camas UCI sigue en aumento. Si para el 8 de noviembre había 41 pacientes en UCI, un mes después ya eran 199; 99 de los cuales requerían ventilación mecánica. En contraparte la vacunación, principal estrategia para evitar complicaciones por la enfermedad, se mantiene estancada con una cuarta dosis que no llega al 25% de cobertura.

Mientras el COVID-19 sigue presente, existe un embalse de enfermedades y cirugías desatendidas en la pandemia. Colectivos como Los Pacientes Importan, que agrupa a 25 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, crónicas, autoinmunes y cáncer, han denunciado la falta de medicinas, tratamientos y retrasos en atenciones para miles de pacientes de Minsa y Essalud.

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Para el médico e investigador Percy Mayta-Tristán, es urgente recuperar el liderazgo y la confianza que perdió el Minsa tras su copamiento por personas vinculadas a Perú Libre. Salvo Hernando Cevallos, todos los ministros estuvieron relacionados a ese partido.

“Un primer elemento es que desde el nombramiento y la gestión la población pueda volver a confiar y eso pasa por revisar la infiltración de Perú Libre en los cuadros del Minsa”, opinó a este Diario.

El riesgo de no recomponer la cartera, explica, es que no se impulsen cambios para afrontar eventuales crisis de salud. “Más allá de la quinta ola, el sistema de salud sigue en UCI. El interés que hubo por pandemia se perdió”, dijo.

Uno de estas tareas pendientes es el refuerzo del primer nivel de atención. Sin centros de salud y postas con personal, equipamiento e infraestructura adecuada, las enfermedades avanzan hasta el colapsado nivel hospitalario.

Hasta noviembre de este año, el Programa Creación de Redes Integradas de Salud, financiado por el Banco Mundial y el BID para mejorar el primer nivel de atención, ejecutaba apenas el 28% de su presupuesto para todo el 2022, de acuerdo con el reporte de Ministerio de Economía y Finanzas.

Nombramientos con puntaje mínimo, un examen sin razonamiento verbal y matemático y pruebas que pueden ser llevadas a casa. La evaluación docente de este año –luego de las filtraciones del 2021– es una de las principales preocupaciones que deja la gestión de Castillo por el impacto que supone para la formación de generaciones de estudiantes. Su relación con el Fenatep, federación que el exmandatario fundó en el 2017, supuso flexibilizar las condiciones en perjuicio de la meritocracia.

Otro rubro clave en riesgo es la reforma de la educación superior universitaria. El Ejecutivo jugó en pared con un sector de congresistas interesados en recomponer el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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Con el examen docente en curso, Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica, sostiene que lo inmediato es garantizar “igualdad de oportunidades” para los docentes que no han rendido la prueba por los paros en el país. En diálogo con El Comercio, explicó que en Ica, por ejemplo, la cobertura del primer día de evaluación llegó al 63% y en Lima Norte, 81%, que significa decena miles de docentes que no pudieron asistir.

Lo siguiente es valorar el principio de mérito, acompañando el proceso y garantizando transparencia. En su opinión, la designación de Patricia Correa como ministra es positivo. “La gestión anterior [de Pedro Castillo] defendía los intereses de Fenatep y buscaba echarse abajo una carrera pública magisterial cuyo interés es que los estudiantes aprendan y que los docentes obtengan una ruta de desarrollo profesional con los beneficios remunerativos que esto trae en base al mérito”, dijo.

Para Andrade, urge también defender el currículo nacional de posibles actualizaciones que censuren el enfoque de género, la educación sexual integral y la educación intercultural bilingüe. De hecho, sobre este punto aádió: “además de ser proagenda sindicalista, el gobierno anterior fue muy conservador en agenda de derechos”.

Sobre la educación superior universitaria, Jorge Mori, especialista en políticas educativas y director de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior), explicó que se debe retomar la coordinación perdida entre Sunedu y Minedu en el último año y medio.

“Esto ha significado el debilitamiento de la Sunedu, porque no tenía respaldo del Minedu. Esto también afecta a las universidades porque es Minedu el que gestiona los recursos para que las universidades públicas puedan cumplir las condiciones básicas de calidad. Se tiene que compartir agendas, hay que recuperar el tiempo perdido”, opinó.

Este viernes 16 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) verá en audiencia pública la demanda de inconstitucionalidad que presentaron 33 congresistas que promovieron la Ley 31520 que recompone el consejo directivo de Sunedu y en la práctica supone que las universidades vuelvan a ser juez y parte, norma que los mismos congresistas aprobaron por insistencia, pero que fue declarada nula por el Poder Judicial. Con la demanda interpuesta ante el TC, pretenden lograr que los mandatos del Poder Judicial queden sin efecto. “El Minedu debería, a través de su procuraduría, hacerse presente en esa audiencia y enviar un mensaje claro al TC”, dijo Mori.

Con tres paros de transporte interprovincial que inmovilizaron a miles de pasajeros y cinco ministros distintos, el MTC tuvo una relación cercana con gremios interesados en promover una agenda de flexibilización de la fiscalización y la informalidad de los colectiveros. Como sucedió en el sector educación, en este rubro Ejecutivo y Congreso se alinearon con empresas que deben miles de soles en papeletas.

Ya desde noviembre del año pasado se advertía de la cercanía con sectores de informales. Ese mes, el entonces ministro del Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se reunió gremios cuestionados cuya agenda incluye desde amnistía de papeletas, reducción de requisitos para revalidación de brevetes y formalización del colectivo también en Lima. En esa reunión también se pactó la salida de la entonces jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y cambios en la ATU.

Aunque ayer se conoció el primer Gabinete de Dina Boluarte, aún no se designa al titular del MTC.

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Tal como los especialistas consultados por este Diario, Martín Ojeda, director del Consejo de Transporte Terrestre, sostiene que el primer paso es evaluar la continuidad de funcionarios que ingresaron por cuota política. “Se debe colocar en el ministerio y direcciones a personas con conocimiento técnico y no para pagar favores de las campañas”, opinó a El Comercio.

Además de designar a personal especializado, Ojada señala que se requiere reforzar la Sutrán, que “ha perdido fuerza para luchar contra el transporte ilegal”. Esto implica defender la política de transporte que prioriza la seguridad vial y las reformas emprendidas en los últimos años. En este punto, Ojeda considera que se requiere un trabajo coordinado con la PNP para garantizar sanciones a paraderos tomados por informales.