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Usted es quizá uno de los dos de cada 10 peruanos –según encuesta de Ipsos del domingo pasado- que ha sido víctima de un arranchón en la calle. O es de los 8 que se han salvado pero no respira tranquilo porque conoce a uno de los dos desgraciados, o los ha visto, despojados, humillados y golpeados, en el plano cenital de una cámara de seguridad. Porque ahora tenemos miles de cámaras que registran todo pero previenen poco o nada. En realidad, sirven para registrar nuestra impotencia como sociedad.
O tal vez, ha sufrido o sabe de un caso de extorsión; delito que gatilla un miedo devastador, porque te asalta en tu celular, en la intimidad en la que te sentías seguro, amenazando tu familia y propiedad. En un país de mayoría emprendedora y autoempleada, la extorsión destruye las ambiciones que costaron años sembrar y madurar. Si el 23% de peruanos –según la encuesta de hogares semestral del INEI- dice haber sido víctima de algún hecho delictivo (no solo de arranchón) y el 40.3%, según la misma encuesta, dice que la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana es el principal problema del país (luego de la corrupción que marca 54%); entonces, ¿qué hacen los poderes nacionales para aplacarla? Más adelante se los respondo. Sigamos con el torrente de nuestras emociones.
La primera reacción ante la percepción del crimen es el miedo, al que sigue una mezcla de sentimientos encontradas: inseguridad en lo que le pueda pasar a tu persona y a tus seres queridos, desazón, frustración, ira. A ello sigue una reacción esquiva, oblicua, que echa culpas a terceros y no a los delincuentes que son la causa de tu miedo primordial. ‘Ah, seguro que la víctima era otro criminal, fue un ajuste de cuentas, yo no me he metido en nada malo, no tengo nada que temer’. O, ‘¡qué idiota, cómo se le ocurre llevar el celular en la mano, yo no soy idiota, a mi no me van a robar!. Y de ahí viene la pregunta clásica.
La última encuesta de Ipsos Perú para "Cuarto Poder" preguntó a los encuestados por cuál era el delito del que había sido víctima, si lo denunció y con qué resultado.
¿Y dónde está el policía?
Antes de ir a la policía para preguntarles qué hacen, conversé con Renzo Reggiardo, para oír su impresión de experto anti delincuencia y su posición como teniente alcalde y cabeza de la Comisión de Alto Nivel en Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. “Aunque caigo pesado en repetirlo, hay que decir que la inseguridad es un problema multisectorial y multicausal. Tenemos que verlo todos, no cargarle todo a la policía. En primer lugar, te diré que tiene que haber un liderazgo. Si la presidenta no lo asume por sí misma [como Bukele, en El Salvador], que lo asuma un secretario de seguridad ciudadana que despache con ella”. Renzo evita llamarlo ‘zar’ porque ya se hizo –tuvimos un ‘zar anticorrupción’ por gusto- y la rimbombancia apagó el efecto. Haría falta, según Reggiardo, un secretario nomás, pero muy empoderado, buen vocero y seguro de sí.
La titularidad del combate no la lleva el municipio como bien lo sabe Reggiardo, cuya propuesta de crear una policía municipal metropolitana en Lima, tendrá que esperar a otras coyunturas. La titularidad de la pelea la tiene el Ministerio del Interior con la Policía Nacional del Perú; y a ellos les fui a preguntar cómo evalúan los primeros pasos de su gestión en este gobierno y qué se viene en adelante.
Una digresión sobre el Congreso. No nos distraigamos con él. Varios congresistas, con buena intención, quieren poner su bandera en el tema que tanto preocupa a la gente. El miércoles 14 acaban de aprobar, por insistencia, la ley que regula el uso de armas no letales para los serenos, que el Ejecutivo había observado por detalles técnicos. El mismo día se promulgó la ley que reduce a 10% de una UIT (S/.495) el monto para que un robo sea considerado delito. La policía no está contenta con esas iniciativas inconexas del Congreso. Prefiere –como lo dijo el primer ministro Alberto Otárola el 6 de junio- pedir facultades para legislar contra los cacos. En esas están. Me lo contó el Gral. PNP en retiro, Héctor Loayza, ex comandante general de la PNP y ex jefe de la Dirandro (Dirección Antidrogas). Loayza asesora a Romero en el diseño de la estrategia contra la inseguridad. De eso conversamos, con cifras en la mano, en una sala del Mininter.
Un grupo de serenos de la municipalidad de Surco -la más entusiasta con la nueva ley- preparados para usar su parafernalia no letal.
/ Anthony Niño de GuzmánLa policía ha aumentado en las calles desde el verano. Se ven más patrulleros y más efectivos estacionados en intersecciones y lugares claves. “Hemos sacado a las calles alrededor de 5 mil policías, aprovechando a los que acaban de egresar a fines del año pasado. 3,500 en Lima y los demás en regiones. A ellos hemos sumado el Plan Ola Verde, que hace que 1500 efectivos que se dedican a labor administrativa, ocupen la mitad de su tiempo en esta y la otra mitad en el patrullaje”, me dice Loayza. “La clave para la tolerancia cero de Bratton [William Bratton fue el jefe de tránsito de la policía de Nueva York, y consultor emblemático del combate contra el delito] es el control territorial y este solo se puede lograr con los policías en las calles, patrullando en vehículos o a pie”.
¿No hay riesgo de que se descuiden las tareas de investigación contra la extorsión y otros delitos que no se combaten patrullando?, pregunto. “No, las direcciones de investigación siguen haciendo su trabajo, estamos destinando al patrullaje a efectivos que hacían otros trabajos. El ministro quiere crear una nueva categoría que es la de ‘policía de orden y seguridad’, como los carabineros en Chile”. Loayza explica que esa clasificación, que no es solo semántica, requiere ajustes normativos para los que se van a pedir las facultades.
El Mininter cree que no encontrará mayores objeciones ni en sus colegas de gabinete ni en el Congreso, a pesar de que no simpatiza con las iniciativas del último. Por ejemplo, me replica con una sonrisa escéptica cuando le pregunto por el nuevo monto a partir del cual el hurto es delito. Interpreto su mueca: ‘No hay ni cárceles, ni policías, ni siquiera tiempo para procesar los cientos de miles de arranchones’. “Lo importante no está en el monto, sino en el procedimiento, en que los jueces sigan el concepto del ‘delito actuarial’. O sea, si un ratero admite que roba todos los días, por más pequeño que sea el monto, ahí hay que penalizar. Otro tema es que los policías que investigan no tienen facilidad para interrogar al delincuente, tiene que estar el fiscal, estamos llenos de procedimientos. Nuestro sistema es muy garantista”.
Elaboración del Mininter en base a información del INEI. Si se suma la delincuencia a la falta de seguridad ciudadana, el problema escala a más de 40%.
Somos garantistas y a la vez desiguales. ¿Se va a corregir la distribución de efectivos de acuerdo a los distritos que más los necesiten?. “La distribución se hace, y se tiene que mejorar, de acuerdo al mapa del delito. Esto está georreferenciado. Donde hay puntos calientes, hay más policías”, me responde. Le digo a Loayza que me ha extrañado que una decisión importante como aumentar sensiblemente el número de policías en las calles, no haya sido tema de una campaña. Y, tal vez, de una discusión más intensa, como la que debiéramos emprender para atacar las causas profundas del delito: machismo, mala educación y deserción escolar, disfuncionalidad familiar, barras bravas, alcohol, malos ejemplos de las autoridades y me quedo corto.
El asesor del ministro cita algo que oyó y lo marcó para siempre, en un encuentro sobre lucha contra la delincuencia en Los Angeles: “La inseguridad es igual a la impunidad, más la injusticia, más la informalidad, más la indiferencia de las autoridades”. Volteemos la cita de Los Angeles. Para combatir la delincuencia tiene que haber voluntad política centralizada y compromiso de cada actor en el combate (PNP, Poder Judicial, sistema carcelario, Ministerio Pública, el sector educación, municipalidades, familia y sociedad. Que no hay ni esa voluntad firme ni confianza ciudadana en ella lo dice la encuesta de Ipsos: Solo el 33% dijo que denunció el delito del que fue víctima. El 81% dijo que no sirvió su denuncia (ver los cuadros).
Serenidad
Hay un intruso histórico que la policía ha tenido que soportar y ahora hasta hace patrullaje integrado con él. El déficit de seguridad se ha cubierto en parte, desde los 90, con el desarrollo del serenazgo, el cuerpo municipal de agentes desarmados. De ahí la polémica creada por la ley que les permite portar armas no letales, sin contar con el mandato constitucional para hacerlo y sin la capacitación de la policía. En verdad, la ley se reduce a permitirles el uso del gas pimienta, porque el resto de la parafernalia defensiva (palo o tonfa, escudo, chaleco antibalas), estaba permitido.
El INEI en su encuesta de hogares pregunta por la percepción de inseguridad a la población de 15 años a más. (Cuadro elaborado por el Mininter en base a información del INEI).
El sereno llegó para quedarse. Incluso, en la citada encuesta del INEI, el 47.9% de la población de 15 años y más, dice que en su zona o barrio percibe vigilancia de serenazgo, mientras el 35% percibe a la PNP y el 17% al patrullaje integrado. Dramáticamente, las cifras más altas son las de la percepción de la inseguridad (que no es lo mismo y siempre es mayor a la victimización efectiva de haber padecido un delito). El sondeo del INEI, cerrado en marzo de este año, arroja una percepción inseguridad urbana de 56.8%, pero cuando se pregunta por cómo se proyecta la inseguridad en los próximos meses, esta escala a 81.9%. Una expectativa oscura que no está siendo valorada por la política ni por algún pre candidato que se pinte como el Bukele peruano.
Si la seguridad es el reto mayor de la PNP y el Mininter; hay otro no desdeñable reto que ha comprometido a Romero políticamente en tensiones con la presidenta, el primer ministro y los sectores de la sociedad que no toleran los excesos cometidos en la represión de las protestas. Loayza me cuenta de una iniciativa del ministro que es una manera de responder al tremendo reto institucional, con presión internacional incluida, que suponen las sanciones y cabezas rodadas tras la investigación de las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre y enero. ¿Cuál es la iniciativa? Crear una dirección de derechos humanos en la PNP, al mismo nivel de la Dirincri, Dircote, Dirandro y otras célebres instancias.
El Mininter tiene mucho que plantear a Boluarte y Otárola para la delegación de facultades y el mensaje del 28 de julio. La PNP, tras la crisis moral que costó la cabeza de dos comandantes generales seguidos (Luis Vera Llerena y Raúl Alfaro) durante el castillismo, busca un nuevo equilibrio. Nuevas y pequeñas fricciones con el Congreso y la presión de la oposición pro derechos humanos ajena al Congreso; podrían costar la cabeza de Romero. Lo menos que podemos apostar es que cuando la dupla en el poder haga su lista de lavandería para tomar decisiones y lanzar políticas públicas, pongan a la lucha contra la inseguridad entre los primeros lugares y la honren.
