Sada Goray sería la “financista” de la presunta red criminal de Pedro Castillo, según Procuraduría

Como defensa del Estado en este caso y tal como adelantó El Comercio, la procuraduría presentó este miércoles ante la fiscalía un pedido para que los hechos por los que se indaga a Sada Goray se adecúen al delito de organización criminal. También se pide que se incluye como investigada por ese mismo delito a Luz Mayhua, quien fue supervisora de Fideicomisos en el Fondo Mivivienda (FMV).

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Actualmente, el Ministerio Público investiga preliminarmente a Sada Goray por dos delitos de corrupción: cohecho (soborno) y tráfico de influencias. Con este documento, se busca que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder -a cargo de este caso- añada el delito de organización criminal a esos dos.

La investigación fiscal gira en torno a los pagos -admitidos por ella misma- de al menos S/ 4 millones que hizo la empresaria a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y presunto integrante de la red criminal. Sometido a la colaboración eficaz, Marrufo ha dicho que ese dinero fue para colocar en el FMV a directores que favorezcan los intereses de la empresaria, y que el dinero llegó hasta Pedro Castillo a través del ministro de su sector, Geiner Alvarado.

También se indagan las presuntas gestiones en otras instituciones, como la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) y la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), con el mismo propósito. Todo siempre, se remarca en la denuncia, a partir del dinero pagado por la empresaria.

De los hechos conocidos en la carpeta fiscal y de los informes periodísticos sobre este caso, la procuraduría señala que se puede “sospechar razonablemente” que Sada Goray “sería parte integrante de la organización criminal liderada por José Pedro Castillo Terrones”. Esto se “refleja en cada una de las acciones desplegadas con tal de lograr el éxito de sus proyectos ante la administración pública”, específicamente en el FMV, SBN y Sunarp.

Con ese objetivo, advierte la procuraduría, habría buscando contactar a “personas claves de la administración estatal” a través de su amiga Pilar Tijero y del primo de este, el periodista Mauricio Fernandini: “Este último, conforme se ve en los chats públicos, tomó contacto primero con Geiner Alvarado (entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento), quien realizó el contacto con Salatiel Marrufo, ingresando así a la red de corrupción objeto de la presente investigación”.

En el documento se considera que Pilar Tejero y Mauricio Fernandini “habrían actuado por cuenta y en beneficio” de Sada Goray. Además, se sostiene que las reuniones y los logros de objetivos empresariales de la investigada ante la administración pública “tenían como base la entrega de dinero a la presunta organización criminal a cambio de quitar todo obstáculo que interfiera sus intereses”.

Por todo esto, consideran que debe ser investigada por el delito de organización criminal, “pues habría formado parte de la red de corrupción liderada por Castillo Terrones, cuyo rol consistía en solventar al presunto líder y demás personas de la estructura de la organización con entregas de dinero (más de cuatro millones de soles en dinero y un inmueble que, en total, sumarían los nueve millones de soles)”. “La citada investigada tendría un rol trascendente de financista de la organización criminal”, señalan

Por otro lado, sostiene que no solo habría financiado a la red criminal con “sumas de dinero entregadas de manera sistemática durante el año 2021 y 2022″, sino también mediante otras actividades como “contactar a sus socios e introducirlos a la administración estatal”. Esto para que luego ellos emitan decisiones a favor de Marka Group y “obtener ganancias a través de la comisión de diversos hechos ilícitos, en coordinación y en atención a la distribución de roles con los integrantes de la presunta organización criminal”.

Entre las personas que -para la procuraduría- presuntamente colocó Sada Goray en el Estado están su exesposo Luis Mesones, quien fue asesor del presidente del FMV y luego viceministro en Produce; José Carlos Forero, quien fue gerente general del FMV; Flor Olivera Orellana, quien fue abogada de la Dirección de Gestión Patrimonial de la SBN; y la mencionada Luz Mayhua.

Un informe previo de El Comercio indicó que, para la procuraduría, esta exfuncionaria terminó favoreciendo a Marka Group, al no advertir una serie de irregularidades relacionadas a los favorecimientos en el FMV. Según la defensa del Estado, Mayhua fue determinante para que se elija a Define Servicios SAC como “empresa supervisora para los proyectos” en donde fueron favorecidas irregularmente las empresas de Marka Group.

Esto fue a pesar de que Mayhua Elguera trabajó entre junio de 2014 hasta junio de 2021 como jefa del Área Inmobiliaria de la firma Define Servicios SAC. Esto no fue consignado por la empresaria en la Declaración Jurada de Intereses que presentó ante la contraloría.

Así, según el documento citado, la exfuncionaria “se habría introducido a la administración estatal como Supervisora de Fideicomisos en la Sesiones del Comité de Riesgos del Fondo MiVivienda S.A., ello por decisión de Sada Goray [...] para que conjuntamente con demás personas integrantes de la red criminal concreten las operaciones de parte del Fondo MiVivienda a favor de Marka Group.

Por ello, consideran que “se encontraría inmersa en el delito de organización criminal” como integrante, “cumpliendo de manera expresa o implícita, a realizar las tareas que le fueron asignadas al interior del Fondo Mi Vivienda como Supervisora de Fideicomisos en la Sesiones del Comité de Riesgos, cuya participación benefició económicamente a Marka Group [y] consecuentemente a la presunta organización criminal”.

En el mismo pedido presentado a la fiscalía, la procuraduría recuerda que en marzo pasado se presentó una denuncia para que amplíen los hechos por los que se ya se investigaba a Sada Goray y Salatiel Marrufo, pero también para que se incluyen como investigados a Luis Mesones y José Carlos Forero por aprovechamiento indebido del cargo.

La fiscalía respondió a ese pedido agregándolo a la carpeta del caso como anexo. Por ello, la procuraduría también solicitó el último miércoles que “habiendo transcurrido un tramo considerable la presente investigación”, se emita un “pronunciamiento motivado” respecto de los hechos reportados por la fiscalía y de la presunta participación de los denunciados.