El Ministerio Público cuestionó seis leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo al considerar que afectan su autonomía y su capacidad para perseguir el delito.
A través de una publicación en redes sociales, advierten que estas normas “representan un retroceso en la defensa de los derechos ciudadanos y el combate contra la criminalidad”.
En primer lugar, cuestionan la ley 32107 que restringe la aplicación de la figura de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Según la fiscalía, se limita con esto su capacidad de actuar frente a violaciones de derechos humanos con sentencias firmes.
Asimismo, la ley que limita el tiempo para la corroboración de una colaboración eficaz (Ley N° 31990) y también la que elimina la detención preliminar o prisión preventiva contra policías que causen lesiones o muertes con sus armas de fuego (N°32181).
Se incluye también la denominada “Ley Impunidad” (N° 31751) que modificó el artículo 84 del Código Penal y que recorta los plazos de prescripción. “Impide la persecución de delitos graves”, asegura la fiscalía.
Las dos últimas leyes mencionadas son la 32108 que modifica la figura de crimen organizado porque “dificulta la tipificación y sanción de grupos” que perpetran delitos como organizaciones criminales.
Finalmente, la norma 32182 que modifica las leyes de Carrera Fiscal y Judicial para permitir la sanción de jueces y fiscales “sin respetar sus criterios jurídicos”. Esto, para el Ministerio Público, pretende intimidar al sistema de justicia.
Cabe recordar que, además del Ministerio Público, el Poder Judicial ha actuado en respuesta a las leyes promulgadas desde el Congreso y el Gobierno al instalar una comisión integrada por miembros de la Corte Suprema para analizar las normas que han modificado las leyes penales y procesales.
Este grupo está presidido por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, e integrado por Elvia Barrios Alvarado, César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga, todos expresidentes de este poder del Estado.
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